Los gobiernos municipales tienen en sus manos la responsabilidad de proveer de servicios públicos para beneficio de su población. No obstante, en varias ocasiones deciden otorgar la responsabilidad a concesionarios por parte de empresas privadas, como ocurrió en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún (Quintana Roo) con la recolección de basura.
En esta ciudad este servicio se cedió a la compañía llamada Inteligencia México.
La decisión del municipio trajo consecuencias negativas a la población, pues el trabajo de esta empresa estuvo por debajo de lo esperado si nos guiamos por coberturas locales. Esto provocó que las calles se llenaran de basura, lo que significaba focos de infección y un riesgo a la salud de la gente de este lugar.
La situación empeoró cuando el personal de Inteligencia México se fue a huelga, pues sus condiciones de trabajo eran muy precarias, ya que habían adeudos en los pagos y no se les otorgaba el equipo ni protección necesaria para realizar sus labores de forma adecuada. Esto finalmente ocasionó que durante dos semanas se detuviera por completo la recolección de basura, que ya era deficiente. Se acumularon aproximadamente seis mil toneladas de desperdicios en la vía pública, por lo que el municipio tuvo que intervenir.
Si tomamos en cuenta los riesgos sanitarios provocados por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de las tormentas tropicales, la situación era realmente terrible. Por ello el gobierno local decidió desplegar unidades, varias de ellas improvisadas, para recoger los residuos y terminar el problema. Esta fue solo una acción temporal, sin embargo también se suspendió el pago a Inteligencia México y se contrató a empresa Red Ambiental para cumplir con esta labor.
Esta situación finalmente llegó a los juzgados, que determinaron que la contratación a Red Ambiental era improcedente pues el contrato con Inteligencia México sigue vigente.
Revisando los términos de la concesión a Inteligencia México, se descubrió que existen irregularidades en el contrato, pues se le otorgaron atribuciones que solamente competen al municipio, el proceso de licitación fue ventajoso y además se extendió el plazo por varios años sin justificación.
De la misma forma, la indemnización en caso de decisión establece sumas altísimas, lo que afecta negativamente al gobierno local. Cabe mencionar que fue la administración de Remberto Estrada Barba, del Partido Verde, quien firmó este acuerdo.
