CIUDAD DE MÉXICO.- La política de ayudas sociales, prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, registra errores, inconsistencias y un desorden administrativo que impide tener la certeza sobre el destino de los recursos públicos.

Por lo pronto, su estructura operativa, los famosos Servidores de la Nación, debe aclarar el ejercicio en 2019 de más de 3 mil millones de pesos.

Hasta ahora, una auditoría dejó en evidencia el desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos y que fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.

Aun peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionado.

El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse.

Y es que, para cerrar el círculo de irregularidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá el próximo sábado 20 su informe complementario de auditoría a la administración pública federal por el ejercicio fiscal de 2019, que incluye la revisión realizada a la “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación”, donde observa el mencionado monto por aclarar de más de 3 mil millones.

En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a la nómina de los Servidores de la Nación. Un segundo pliego de observaciones es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.

En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación, cuyo rastreo ha sido difícil de desagregar en trabajos periodísticos e investigaciones independientes por lo que toca a 2019.

Si bien la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyó un apartado en su portal Nómina Transparente para los Servidores de la Nación, ahí sólo puede consultarse el nombre y monto devengado por más de 17 mil personas que perciben 8 mil 173 pesos mensuales netos.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la figura no existe y fue con cargo al Capítulo 1000 del clasificador de gasto, apartado que corresponde a servicios personales. En 2020 ese personal –por honorarios y sin prestaciones básicas– costó al erario 3 mil 233 millones de pesos.

En el documento de auditoría al que tuvo acceso este semanario, se advierte que el principal pliego de observaciones identificó errores e inconsistencias debidos a diferencias en periodos de pago y de contratación al cruzarlos con comprobantes fiscales emitidos y con las nóminas pagadas por honorarios y por trabajo eventual.

Entre los aspectos más relevantes se observa un seguimiento al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los Servidores de la Nación para el cotejo con cuentas bancarias destinatarias de la nómina.

El resultado: son numerosos los casos en que el RFC no corresponde al beneficiario; otros están asociados a dos o más claves únicas de registro de población, es decir que un mismo RFC es utilizado por dos o más personas.

También detecta clabes interbancarias utilizadas por dos o más personas; esto es que una misma cuenta sirvió para recibir los depósitos –que el presidente López Obrador suele presumir que se realizan sin intermediarios– de la Tesorería de la Federación correspondientes a varias personas.

Además existen inconsistencias entre periodos e importes de pagos para un mismo personal en diferentes nóminas.

Por lo anterior se ha determinado la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias para siete servidores públicos de alta jerarquía de esa estructura dependiente de la Sebien, específicamente durante la titularidad de María Luisa Albores González, así como de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, cuyo titular es Gabriel García Hernández.

Los jefes de la operación

Desde el inicio de la administración, la estructura y operación de programas sociales, llamados este sexenio “del Bienestar”, se ha convertido en una madeja de responsabilidades por el involucramiento de varias dependencias, los vacíos normativos y una escasa transparencia.

La Ley Orgánica de la Administración Pública fue reformada en 2018, al iniciarse la actual legislatura, y sus disposiciones establecieron la creación de la Coordinación de Programas para el Desarrollo como una instancia dependiente de la Presidencia de la República que, conforme al artículo 17, asumió de lleno el mando sobre la estructura de ayudas sociales. No obstante, el mismo artículo en su tercer párrafo deja las delegaciones de Programas de Desarrollo en los estados adscritas a la Sebien.

Esa reforma modificó también el artículo 32 que rige a la Sebien, cuya fracción XX establece que la tarea de coordinar la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas sociales se realiza entre la dependencia y la coordinación de Gabriel García.

Por ley, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo forma parte del staff de la Presidencia de la República. En tanto, la responsable directa de los Servidores de la Nación es Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, exdiputada federal (2009-2012) con escasa experiencia en administración pública (fue capacitadora en derechos humanos con el ombudsman capitalino a principios de siglo y trabajó en la Comisión de Elecciones de Morena entre 2016 y 2018).

Tere Lupe, como se le conoce entre morenistas, responde a García Hernández, pero está adscrita a la Sebien, donde se desempeña como titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, esto es, coordina directamente a los llamados “superdelegados” y ha sido el rostro visible al mando de los Servidores de la Nación.