- Con el tiempo se han ido perdiendo las distinciones entre la policía, el ejército y los organismos de investigación, expone doctor experto en Políticas de Drogas
- Compartir funciones genera confusión en la ciudadanía
Como parte del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) Región Centro, los expertos Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo Lajous y Laura Atuesta realizaron una ponencia sobre Las consecuencias de militarizar la guerra contra las drogas, ahí, Madrazo Lajous, actual director del CIDE Región Centro, planteó en su participación que una de las consecuencias más claras de esta militarización es el de compartir funciones en las fuerzas de seguridad, lo cual con el paso del tiempo y de distintas reformas a lo largo de las últimas dos décadas, han ido perdiendo identidad y causando confusión en la ciudadanía.
“Cuando yo era chico, los ámbitos de la seguridad nacional, la seguridad pública y la investigación de delitos, la procuración de justicia, eran esferas radicalmente distintas y separadas; la seguridad pública estaba a cargo de la policía, la investigación estaba a cargo del ministerio público y la policía judicial, y la seguridad nacional estaba a cargo de los militares”, expuso como introducción el doctor Madrazo Lajous.
“Se trataban de esferas tan distintas que teníamos corporaciones separadas”, agregó.
Sin embargo, aunque antes se tenía más definidas las funciones de cada corporación, lo que ha ocurrido a raíz de la guerra contra las drogas y de la falta de generación de políticas públicas que ayuden a resolver verdaderamente esta situación, es que las reformas que distintos gobiernos han hecho a las constituciones han cambiado y complicado las líneas divisorias entre cada corporación y terminan confundiendo a la sociedad mexicana.
El director del CIDE Región Centro manifestó que los cambios legislativos entorno a estos temas “han socavado la división de funciones, y al juntar la división de funciones, ha ampliado los poderes de la autoridad y ha hecho borrosa la responsabilidad de cada una de las autoridades, y por lo tanto, pone a la ciudadanía en una situación de incertidumbre; incertidumbre con respecto a sus derechos, incertidumbre con respecto a las instituciones; esto es, incertidumbre con respecto a sus autoridades en su comunidad política, y a la postre, la identidad misma de la comunidad política”.
Uno de los cambios legislativos que Alejandro Madrazo Lajous mencionó como parte de las permutas que llevan a la conflación de funciones, fue la del 2005 donde se reformó la Ley de Seguridad Nacional (LSN) para incluir como “amenaza a la seguridad nacional” acciones que obstruyan el combate a la delincuencia organizada, incluyendo obstruir operaciones navales y militares, lo que implica que “pueden haber operaciones navales y militares para combatir a la delincuencia organizada, pero en teoría, la delincuencia organizada se debe de combatir solamente con procuración de justicia, con policías y con ministerio público”. Lo aquí consignado, aclaró el doctor, es una compartición de funciones entre la seguridad nacional y entre las corporaciones de procuración de justicia, y ello aleja cada vez más de la claridad sobre las instituciones que manejan la seguridad en México.
“Lo que es importante aquí retener, es que la conflación de funciones, en distintas formas en las que se presenta y la restricción de derechos están modificando sustancialmente nuestra constitución, nuestro arreglo constitucional, y al modificar nuestro arreglo constitucional modificamos lo que somos como comunidad política imagina, que es lo que es un país”, concluyó.
