APRO/Patricia Dávila
Desde septiembre pasado, en que inicio del proceso electoral, han sido asesinados al menos a 61 actores políticos, señala la organización Causa en Común, por lo que considera que las autoridades deben ofrecer la mayor seguridad posible a candidatos y candidatas que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo.
El Gobierno Federal presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares, pero desde que se anunció, han asesinado, al menos, a seis actores políticos de distintos partidos en el país.
En un seminario virtual denominado “Violencia política en México en periodos electorales”, el organismo civil también expuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 40 denuncias de campañas de desprestigio en contra de mujeres en 11 estados.
Se expuso que las personas que están contendiendo por un cargo de elección popular enfrentan escenarios violentos o de extrema violencia que ponen en riesgo su integridad y la democracia de la nación.
Por ello, en el seminario, se discutieron motivaciones, características y tendencias de esta violencia y se plantearon propuestas para enfrentar la crisis de violencia con motivaciones políticas.
Recordaron que el pasado periodo electoral fue el más violento desde que se tiene registro, por ejemplo, Etellekt Consultores contabilizó 152 asesinatos políticos.
También se expuso que este periodo electoral ha sido también extremadamente violento, pues desde el inicio del periodo, en septiembre pasado, han asesinado al menos, 61 actores políticos.
Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo.
El Gobierno Federal presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares, pero desde que se anunció, han asesinado, al menos, a seis actores políticos de distintos partidos en el país.
Carlos Rubio, Gerente de Riesgo Político de Integralia Consultores, señaló que una buena parte de los eventos de violencia política son llevados a cabo por el crimen organizado, principalmente en contra de gobiernos municipales para tener recursos, información y control en ese nivel de gobierno.
Además agregó que “es un problema que vulnera la capacidad de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes democráticos”, por lo que se requieren soluciones integrales a largo plazo.
Víctor Antonio Hernández Huerta, Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que “en 2018 hubo un crecimiento acelerado de candidatos y precandidatos asesinados”.
Y mencionó que deben existir acciones más decididas por parte de policías federales y locales, así como de ministerios públicos, para prevenir los asesinatos y, llegado el caso, investigarlos y castigar a los responsables.
Rubén Salazar, Director de Etellekt Consultores, mencionó que “los atentados a los servidores públicos son una práctica cotidiana, tanto dentro y fuera de procesos electorales”.
Agregó: “estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen que parece no ser tolerante con los opositores, no sólo hacia los partidos políticos, sino también hacia periodistas y organizaciones ciudadanas”.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, mencionó que “este seminario es un llamado a las autoridades para que se realicen acciones concretas de protección, y para que inicie el rescate de nuestras policías”.
Señaló: “la seguridad pública no es un área propia de las Fuerzas Armadas, ya que no están preparadas para realizar ninguna de las funciones esenciales de cualquier policía”.
