Nuevamente la brutalidad policíaca es tema nacional. El incidente ocurrió en las calles de Tulum, en Quintana Roo, cuatro policías son responsables de la muerte de una mujer inmigrante salvadoreña que “por causar disturbios en la vía pública” en aparente estado de ebriedad, fuera sometida por uno de ellos con tal brutalidad y hasta quitarle la vida ante la mirada de sus compañeros, pero también de curiosos que incluso grabaron el hecho y no intervinieron.
En el video, que circula en las redes sociales y que ha causado indignación no solo por la forma en la que es detenida esta fémina, puesta al piso e inmovilizada hasta acabar con su existencia, además es la circunstancia de verse frente a cuatro policías, todos ellos varones, que no siguieron los protocolos de detención que todo integrante de corporación de seguridad debe cumplir en un procedimiento de este tipo. Se observa como uno de ellos le presiona con la rodilla la espalda con tanta fuerza que termina por fracturarle la parte superior de la columna vertebral lo que según la autopsia causó su fallecimiento.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre estas formas de actuar de la policía en las que no se consideran, mucho menos se salvaguardan, los derechos humanos y la integridad de las personas, a todas luces se sigue abusando del poder que esta encomienda les otorga y continúan estas prácticas y técnicas de sometimiento que llevan a los detenidos a situaciones que ponen en riesgo su vida y como ya hemos visto en muchos casos sí con consecuencias fatales.
El Gobierno Federal publicó desde en el año 2008 un Protocolo Nacional de Actuación y un Manual de Procedimientos para la Actuación de los Policías ante la posible comisión de un delito, mismo que se basa en una primera instancia, en corroborar los hechos y datos aportados ante una denuncia la cual debe a su vez debe ser reportada ante el Ministerio Público de la localidad.
Establece que al proceder a la detención en todo momento “deben evaluarse las circunstancias para determinar su viabilidad”; es importante mencionar que no puede detenerse a una persona bajo sospecha de que está cometiendo o podría cometerse un delito, ni por testigo de oídas, conjeturas o asuntos personales.
El Sistema Penal Acusatorio tiene como objetivo esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos. Cabe destacar que, en una detención, solo se debe recurrir al uso de la fuerza nacional para proteger la vida e integridad física de las personas involucradas. Esto quiere decir que se debe usar la fuerza únicamente para garantizar el éxito de la detención y no como testigo, aleccionamiento o represalia.
Tras lo anterior, queda claro que los cuatro elementos de seguridad no cumplieron con estos protocolos y ahora son responsables de la muerte de Victoria Salazar. Éstos ya han sido separados de sus cargos y enfrentarán además un juicio por feminicidio, que los podría llevar a cumplir una sentencia de 50 años de prisión. Pero más allá de ello, la pregunta está en el aire, ¿cuántos casos más de abuso de autoridad ocurrirán para que verdaderamente las corporaciones policíacas se comprometan a fortalecer los programas de capacitación y sensibilización para quienes ingresen a las filas de estas corporaciones.
Según la ENCAP 2017, el 80% de elementos policiales recibe algún curso de capacitación al ingresar a las corporaciones; no obstante, menos del 30% recibe algún tipo de especialización o actualización para mejorar sus habilidades
El hecho sin duda nos lleva a recordar aquel incidente ocurrido el 25 de mayo del año pasado en el vecindario de Powderhorn en la ciudad de Mineápolis, Minnesota (Estados Unidos), que igualmente llevó a la muerte del afroamericano George Floyd como resultado de su arresto por parte de igual, cuatro policías locales.
El hecho generó en pocos días una oleada de indignación y marchas en contra del racismo, la xenofobia y los abusos policiales, protestas que se llevaron a todo el mundo ante el nivel de hartazgo que hay en las naciones de hechos como éste, que ocurren todos los días ante la mirada de muchos, y hoy gracias a la tecnología y las redes sociales a la total.
La presión social fue tan dura que la Cámara de Representantes de la Unión Americana aprobó un proyecto de ley destinado a prevenir los abusos policiales, una iniciativa de los demócratas bautizada como ley George Floyd.
Es así la reacción que debería darse en México ante agravios como éste. En nuestro país, el tema de seguridad es uno de los más sensibles sin duda. De acuerdo con las estadísticas del Inegi, el 73 por ciento de las personas no se sienten satisfechas con el servicio que brinda la policía en su ciudad, esto sin duda aumentará el rechazo y la poca confianza que los ciudadanos tenemos en las instituciones y de quienes las integran que se supone debían garantizar la integridad de las personas.
Feminicidio, brutalidad policiaca, desconfianza en los organismos públicos parece son los tópicos de este 2021 en la materia. Castigo ejemplar, sanciones que correspondan al agravio a la sociedad y leyes que las avalen, es lo que esperamos los ciudadanos para quienes como estos policías ejerzan su labor de forma irresponsable, insensible e irregular.
