- Reformas a política de drogas son tímidas, insuficientes y no resuelven los problemas
- De no cambiarse la política las consecuencias seguirán siendo nefastas para México
La política de drogas basada en la prohibición es violatoria de derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución, manifestó Ernesto Zedillo Ponce de León, actualmente director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, integrante de la junta directiva del Diálogo Interamericano y expresidente de México, en el evento organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas Región Centro (CIDE) con motivo del cierre del diplomado de Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos 2021.
En una conferencia titulada Política de drogas: fracaso institucional y causante de una tragedia humana, Ponce de León expuso que tras una experiencia acumulada de seis años de la fase intensa de la guerra contra las drogas en México, donde las cifras de muertos, de encarcelados y las referencias de las comunidades devastadas, las afectaciones a los grupos más vulnerables de la sociedad como las mujeres y jóvenes dan vida a los argumentos de gran trascendencia acerca de que la política de drogas basada en la prohibición es violatoria de varios derechos fundamentales.
Expuso que, si bien el contacto con el trabajo de juristas mexicanos como Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo Lajous le sembraron la esperanza de que podrían generarse cambios en la política de drogas en el país, ahora se encuentra menos optimista al respecto, ya que las inercias institucionales y políticas continúan siendo dominantes, mientras que las reformas que en algunas partes están emprendiendo son relativamente tímidas, insuficientes y no van a resolver los grandes problemas que ha atraído esta estrategia que ya es nefastamente histórica por las consecuencias que ha tenido.
“Siento que el razonamiento que debiera llevar o que ha llevado a la reconsideración de la política de mariguana debiera llevar la misma lógica a reconsiderar las políticas de las drogas, nunca dejando de reconocer pues que hay distintos grados de toxicidad, de peligrosidad en esas drogas, es algo que tiene que verse y manejarse en el marco de la regulación, pero al parecer la iniciativa no es lo suficientemente ambiciosa para evitar los problemas que hemos tenido en el pasado”, subrayó.
Recalcó que, aunado a la falta de avances, aún hay inercias dominantes, a pesar de que la riqueza de argumentos a favor de políticas más racionales sigue creciendo, como aquellos que destacan que la prohibición es violatoria de la Constitución al atentar contra de otros derechos y disposiciones constitucionales con estas las disposiciones prohibitivas y criminales.
“Este tema que debe de discutirse con seriedad, con rigor, es un tema que es propicio a la demagogia, al engaño a la explotación de cuestiones ideológicas y aún religiosas, pero que ciertamente merece ser tratado con muchísima seriedad por las consecuencias que ha tenido y de no cambiarse la política, seguirá teniendo consecuencias nefastas en países como México, la verdad es que las consecuencias de la política de drogas que se han aplicado en nuestro país durante muchísimos años han sido desastrosas, es claro que no sirve y es claro entonces que hay que cambiarlas radicalmente”, recalcó el exmandatario.
Ernesto Zedillo consideró necesario un replanteamiento más a fondo no solamente en materia del cannabis sino de todas las drogas hoy consideradas como prohibidas, por lo que hubiera deseado que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal hubieran aprovechado esa oportunidad para reconsiderar toda la estrategia y avanzar a una política que se basara en principios fundamentales de derechos humanos, que se reconociera lo que se sabe a partir de las ciencias médicas sobre el consumo y las adicciones de drogas, que se avanzara hacia una ley que reconozca que el régimen internacional de las drogas en realidad es violatorio de otras disposiciones internacionales.
“Reconozcamos que el tema de la estrategia actual ya le ha hecho muchísimo daño a nuestro país, son daños irreparables en cuanto al pasado, pero que pueden evitarse hacia el futuro, y que una manera de hacerlo es destruyendo el mercado negro es lo que alimenta este crimen organizado tan violento que ahora tenemos en nuestro país. Siento que, de alguna manera, al estar discutiendo una ley que seguramente se conformará a lo que ya ha determinado la Suprema Corte, bueno se va a cumplir con eso, pero no se estará usando como palanca para un replanteamiento radical de la política de drogas, así que qué bueno que se dé el paso, pero qué malo que esos pasos sean tímidos incompletos… insuficientes”.
