- Avanzan lento las denuncias por hostigamiento y acoso sexual
- Deficientes, los mecanismos internos ante situaciones de acoso
Funcionarios que tengan antecedentes por ejercer violencia de género, atentados al pudor u hostigamiento laboral no deberían ocupar un cargo. Lamentan las víctimas de acoso que las sanciones hacia los funcionarios hayan sido mínimas y sigan siendo servidores públicos.
Ayer la asociación civil 50+1 exigió que los casos de violencia de género y acoso sexual sean atendidos adecuadamente desde el Poder Ejecutivo. En el evento estuvieron dos víctimas de acoso por parte de la administración municipal y una víctima de violencia política de género por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En junio del año pasado el año pasado vincularon a proceso al exregidor Gustavo Tristán López por atentados al pudor y hostigamiento sexual contra una exempleada, donde también se le impusieron medidas cautelares que le impedían salir de la entidad y acercarse a la víctima. Este funcionario terminó por renunciar como director del Relleno Sanitario, cargo que ocupaba en la actual administración.
Norma Edith Gutiérrez, quien presentó la denuncia contra el funcionario, afirmó que presentó una denuncia ante el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, en donde no se inició ningún procedimiento administrativo. Tras ello inició la denuncia penal con el cuál se le vinculó por los delitos mencionados.
Detalló que sigue abierto su caso y hasta el momento no ha habido otra medida sentenciada por parte del juez. Quizá debido a las medidas cautelares, ella comentó que no ha tenido alguna represalia por Gustavo Tristán o alguien cercano a él para que detenga el proceso.
También está el caso de Israel Díaz García, director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales del ayuntamiento capitalino. El proceso inició en el 2017, Ana Silvia Hernández, víctima de este caso, afirmó que cuando presentó la denuncia a los pocos días perdió su empleo en el ayuntamiento.
“En la audiencia, la juez le pide –al funcionario- que me deposite 14 mil 400 pesos como reparación de daño, no salir de la ciudad, que no se acerque a mí y que vaya a firmar a la Fiscalía y se le otorga la suspensión provisional del proceso, si cumplía con todo esto ahí quedó todo. A mí se me hace muy injusto que personas así sigan en un cargo”, comentó.
En ambos casos, señalaron que no hubo respaldo alguno por parte de la administración y que no transcendieron los casos en lo interno.
Aunque no se tocó este caso en la rueda de prensa, también es importante nombrar el caso de Gustavo Gutiérrez de la Torre, quien desempeñó como coordinador General de Movilidad del Gobierno del Estado. Fue denunciado desde el 2018 por atentados al pudor y asedio laboral y su víctima perdió el empleo en la CMOV.
La denunciante, en su momento, denunció trabas para que avanzara este caso. En primer lugar acudió al Instituto de la Mujer Aguascalentense (IAM) en donde recibió atención sicológica y en el área jurídica quienes le recomendaron levantar una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no hubo seguimiento ni acompañamiento para este caso.
A pesar de tener ya la denuncia formal, en el 2019 Gustavo Gutiérrez asumió el cargo como coordinador, y fue destituido hasta julio del 2020, cuando se volvió a exponer su caso de manera pública.
