APRO/Carina García
Ante la creciente expansión del crimen organizado en las entidades de la República, la misión de acompañamiento internacional a los Procesos Electorales 2021 recomendó hoy al Instituto Nacional Electoral (INE) fortalecer la fiscalización, para prevenir la penetración dinero ilícito en las campañas y partidos.
También le pidió considerar los factores de violencia delictiva y crimen organizado en las estrategias de organización y administración electoral, para mitigar eventuales efectos en la emisión del voto, y tener una estrategia de prevención de la violencia electoral.
Se requiere una adecuada coordinación con autoridades civiles y militares para proteger a los agentes electorales, miembros de los partidos y ciudadanía, se planteó.
En rueda de prensa virtual, los integrantes de la misión, que coordina el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), plantearon al INE los primeros hallazgos y recomendaciones sobre las condiciones previas a la elección que detectaron en una revisión inicial, realizada del 1 al 15 de febrero pasado.
En su exposición abordaron como temáticas generales la gestión de la pandemia, la polarización política, las complejas relaciones interinstitucionales entre poderes públicos y órganos autónomos, los riesgos de la violencia y las campañas de desinformación.
Los integrantes de la misión son Lisa García, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Fernando Tuesta, exjefe de oficina de asuntos electorales de Perú; Eduardo Núñez, del Instituto Nacional Demócrata de Guatemala y del Programa de Seguridad Pública de Centroamérica.
También integran ese grupo Erasmo Pinilla, exdirector de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); Eugenio Chicas, del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, y Juan Carlos Galindo, profesor universitario en Colombia y experto electoral.
En el documento entregado y leído por Núñez se planteó como primer factor observado la gestión de la pandemia de covid-19 y sus efectos en México, tema en el que se pidió mayor coordinación entre niveles de gobierno y con autoridades sanitarias para frenar riesgos de contagios, así como evitar que la pandemia y la vacunación sean usados electoralmente.
En el segundo, la necesidad de reducir las narrativas de polarización, pues ésta podría inhibir el debate informado y propiciar las prácticas de desinformación, “por lo que cabría un llamado a moderar sus narrativas, para evitar que se afecte la confianza en las elecciones”.
Respecto al tercer elemento, titulado ‘complejas relaciones interinstitucionales entre poderes públicos y órganos autónomos’, se analizaron los periodos de tensión entre el INE y el Poder Ejecutivo, por ejemplo, sobre el presupuesto del organismo autónomo o las posturas de algunos consejeros sobre las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La misión urgió en este aspecto a propiciar los equilibrios y respeto irrestricto a la autonomía del INE, pues “el cuestionamiento a la idoneidad de las autoridades electorales conlleva a la instalación de la duda sobre las elecciones y entraña riesgos de legitimidad a las autoridades que resulten electas”.
El cuarto aspecto revisado es el de la violencia que hay en la sociedad, como las violencias digital y política contra las mujeres, y reducir, con cooperación interinstitucional, todo margen de violencia delictiva o criminal.
Como quinto elemento se recomendó acotar la posibilidad de difusión de noticias falsas, narrativas de odio o descalificaciones personales en redes sociales, es decir, combatir noticias falsas, en lo que el INE ha avanzado con acuerdos con las plataformas internacionales y campañas de información.
Se propuso, además, reforzar el monitoreo de estrategias de desinformación para erradicarlas y fomentar pactos éticos digitales en los que los partidos se comprometan al uso responsable de la información.
