APRO/Gloria Leticia Díaz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció el esfuerzo del Estado Mexicano en el combate a la impunidad, tras la detención de 30 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) señalados como responsables de desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre 2018.
En su cuenta de Twitter, el organismo regional se refirió a la detención de marinos -el pasado viernes 9- que fueron puestos a disposición de un juez penal “por su presunta participación en al menos 25 desapariciones forzadas en Tamaulipas entre febrero y junio de 2018, y cuya vinculación a proceso está por determinarse judicialmente”.
En su escueto comunicado, la CIDH saludó “los avances en la lucha contra la impunidad y recuerda la obligación internacional de investigar, perseguir, capturar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos”.
Asimismo, llamó al Estado mexicano “a garantizar la independencia de la autoridad judicial competente y evitar posibles injerencias en el marco de un proceso justo y con debidas garantías”, alentando con ello a la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La CIDH tuvo conocimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo, en una audiencia pública en diciembre de 2018, a la que asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en representación del Estado mexicano.
En esa ocasión, los representantes de las víctimas, entre ellas la entonces encargada de la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Quintana, hoy titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, expusieron que entre febrero y mayo de 2018 fueron desaparecidas entre 37 y 51 personas por elementos de la Marina.
Durante la audiencia pública, en el contexto del 170 periodo de sesiones, los defensores acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) “no ha garantizado la debida investigación, ha negado acceso a la información, rechazado protección a las víctimas amenazadas y al mismo tiempo ha investigado y criminalizado a los familiares y defensores de derechos humanos”.
Los representantes de los familiares de las víctimas solicitaron una reunión de alto nivel en Nuevo Laredo con las familias de los desaparecidos, “y la creación de un mecanismo de seguimiento por parte de la CIDH”, asuntos que se comprometió a cumplir Encinas Rodríguez.
De acuerdo con el resumen de la audiencia, anexo al comunicado de prensa al término del periodo de sesiones, en ese encuentro el subsecretario reconoció que México atravesaba una “crisis de violaciones de derechos humanos y un grave problema de desaparición forzada”, por lo que comprometió al Estado a aplicar a cabalidad la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como llevar a cabo “investigaciones imparciales y objetivas de todos los responsables; tomar medidas contra la criminalización de los familiares y defensores de derechos humanos; garantizar el acceso a la información; fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, y crear una fiscalía especializada en derechos humanos”.
En la audiencia, la CIDH aceptó la invitación a formar parte de un mecanismo de seguimiento para el caso de Nuevo Laredo, y consideró “la necesidad de un diagnóstico claro para que se establezca un plan de búsqueda coordinada con las partes y que se proporcione acompañamiento psicosocial”.
Después de ese encuentro, en enero de 2019, Encinas Rodríguez acudió a Nuevo Laredo a conversar con familiares de las víctimas, sin que hasta el momento se haya cumplido el compromiso de crear un mecanismo de seguimiento.
