APRO/Juan Carlos Cruz Vargas
Ante la amenaza del presidente López Obrador de eliminar de tajo el outsourcing, los organismos empresariales –en particular la Coparmex y la Concamin– se dicen satisfechos con el acuerdo alcanzado con el gobierno federal, pues se mantuvieron dos modalidades de subcontratación –especializada y de servicios compartidos–, aunque, advierten, ello tendrá un “efecto lateral”: empujará a miles de trabajadores hacia la informalidad en un mercado laboral ya muy castigado por la pandemia del covid-19.
El árbol que representa el outsourcing –subcontratación–, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendía arrancar de raíz y al que el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pedía cortarle sólo los “frutos podridos”, terminó por generar mayor incertidumbre legal para las empresas.
Además, se materializa el peligro de dejar sin la sombra del empleo formal a miles de trabajadores en un mercado laboral muy castigado ya por la pandemia del covid-19.
El lunes 5, en una encerrona del presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete laboral con empresarios encabezados por Salazar Lomelín y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, así como de representantes de las principales centrales obreras y los sindicatos más grandes del país, se firmó un acuerdo “histórico” en materia de subcontratación.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a cargo de Luisa María Alcalde Luján, los sectores pactaron la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.
También negociaron el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
De manera adicional se llegó a un acuerdo sobre el tema del reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto: con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
La dependencia que encabeza Alcalde Luján aseguró que con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento de 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
El acuerdo alcanzado en Palacio Nacional, que se integró al paquete de reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya fue aprobado sin cambios por la Cámara de Diputados con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones y ahora está en la cancha del Senado para su discusión, votación y visto bueno.
La reforma que regula a la subcontratación implica distorsiones; en el jaloneo el sector privado tuvo que ceder ante el gobierno, llevando a su paso efectos colaterales en el empleo formal.
De acuerdo con ManpowerGroup, una firma global especializada en capital humano, de los 4.6 millones de trabajadores que están contratados bajo el esquema de outsourcing, sólo un millón 380 mil podrían ser contratados como base por las empresas; el resto pasaría a laborar sin prestaciones como el Seguro Social o serían despedidos.
Es decir, 2 millones 760 mil empleados subcontratados pasarían a esquemas laborales sin seguridad social y 460 mil plazas se perderían directamente si se recurre a la prohibición de la subcontratación.
“En los análisis que hemos realizado, 60% de los empleadores realizaría la contratación bajo esquemas como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas; mientras que 10% se perdería o pasaría a esquemas de evasión o informales”, advirtió Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
La gran preocupación
José Medina Mora comenta a Proceso que pudo haber sido peor con la propuesta inicial del presidente López Obrador, presentada en noviembre pasado.
“Si hay una parte que se integre al sector informal –dice–, será menor comparada con el gran riesgo que había en la prohibición de todo esquema de subcontratación. La estimación que hicimos inicialmente es que los 4 millones, alrededor de la mitad o más de 2 millones, se irían a la informalidad y esto pegaría directamente al Seguro Social al dejar de recibir esas cuotas. Siempre hay un efecto lateral”.
Sin embargo, agrega, consideramos que al conservar estas dos modalidades de subcontratación –la especializada y de servicios compartidos–se mantiene la mayor parte de los empleos en la formalidad; y aunque habrá una parte que pague sus cuotas, será menor.
El panorama para el presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, Armando Leñero Llaca, es similar al de ManpowerGroup: de los 4.6 millones de los trabajadores en la modalidad outsourcing, 3 millones se van ir a la informalidad, millón y medio pasarán a la empresa central y el resto trabajará en las llamadas empresas prestadoras de servicios especializados.
De hecho, para Leñero Llaca el acuerdo entre la iniciativa privada, los sindicatos y el gobierno fue “lamentable” y caracterizado por la “sumisión” de los empresarios a López Obrador.
“Es un lamentable acuerdo que atiende solamente a los intereses de grupo, como a los sindicatos. Ellos van a prestar servicios de trabajos especializados. Van a dar los servicios de construcción de algo, de vigilancia, servicios especializados de cualquier tipo que se considere, diferente del objeto social de las empresas”, explica a este semanario.
Por otro lado, critica la actuación del empresariado.
“Las cúpulas empresariales hicieron un pobre papel, se vieron sumisos, muy sumisos ante el gobierno. Porque inicialmente iban a negociar la no prohibición de la subcontratación y negociaron otra cosa diferente, que es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
“¿Qué significa negociar la PTU? En palabras simples y sencillas significa bajarle el peso de la prestación a las grandes empresas, que son intensivas en capitales y poco intensivas en mano de obra.”
–¿El gobierno de López Obrador qué ganó con el acuerdo? –se le cuestiona al presidente de Coparmex.
–El gobierno gana que a la hora de que la subcontratación está regulada podrá actuar más fácilmente en contra de las empresas que no cumplan la ley. Habrá un registro de las empresas que ofrecen los servicios de subcontratación y eso le permitirá una mejor fiscalización. En el esquema actual, antes de esta modificación de la ley, era muy difícil para el gobierno saber cuáles eran las empresas que ofrecían la subcontratación, y de éstas cuáles estaban cumpliendo con la ley.
