Todas las decisiones, todos los actos de gobierno y todos los discursos de López Obrador durante los 17 meses de su gobierno están circunscritos a su estrategia electoral para sostener su popularidad y continuar incrementando la concentración de todo el poder del Estado en su persona, lo que se traduce en simples palabras, en un régimen “autocrático” que por definición es autoritario y antidemocrático.
Estamos viviendo en este justo momento el atentado de una “ruptura autocrática” que Bálint Magyar y Masha Gessen describen en sus estudios sobre el agotamiento de los regímenes democráticos y el ascenso de los regímenes autoritarios y tema que traté a detalle en noviembre de 2020 en esta misma columna. La etapa de “ruptura” se concreta cuando el aspirante a “autócrata” está a punto de obtener el control de los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial.
El Poder Legislativo ya lo ha tenido controlado a su merced estos dos años y medio, hemos visto cómo los legisladores aprueban las reformas eléctrica y de hidrocarburos por ejemplo sin siquiera cambiarles una coma y que decir de la Ley Saldívar que obviamente no puede ser una inocente iniciativa de un legislador, sino uno de esos engaños que morena suele hacer como lobo con piel de oveja.
Si el Poder Judicial de la Federación no declara inconstitucional el artículo transitorio que otorga al Ministro Presidente de esa Suprema Corte dos años adicionales a los que marca la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, entonces se habrá consumado la “ruptura autocrática”, momento del que ya será casi imposible regresar a la democracia y el estado de derecho. De ahí se argumentará también que López Obrador es tan bueno para llevar a cabo la transformación del país, que por la pandemia se ha visto impedido de hacerlo más rápido y por lo tanto también requiere más tiempo, con lo que se consolidaría entonces una “dictadura”, en virtud de que superaría el tiempo en el poder para el cual fue electo, exactamente igual que sucede con el Presidente de la Corte.
Así de grave es el momento que vive la nación. Por si fuera poco, los ataques de Morena y el presidente al “poder ciudadano” que representa el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano responsable de organizar y arbitrar las elecciones federales justo en medio del proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, porque justamente este instituto pretende hacer valer la Constitución a impedir que morena vuelva a tener una sobre representación ilegal y artificial en el Congreso como la ha tenido en la actual legislatura y porque le quitó el registro a 11 candidatos de 3 partidos, que no entraron sus informes de precampañas en tiempo y forma como todos los demás, particularmente en el caso de los morenistas que aspiran a gobernar sus estados, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán.
Para Morena si ellos no entregan cuentas de acuerdo a la ley, entonces es antidemocrático y si es algún opositor al partido oficial o sus satélites, entonces es la justicia. La palabra final la tendrá el Tribunal Electoral que está bajo asedio de todos los actores involucrados. Tanto el estado de derecho, como la democracia peligran, son horas clave para la historia de la nación.
El atentado a la “ruptura autocrática” va acompañada además del sometimiento de los poderes del Estado, de acuerdo a Magyar, de un ataque sistemático a la prensa libre, de un mayor control ciudadano como el que el actual gobierno pretende obtener con la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con lo que será obligatorio que los ciudadanos entreguen al gobierno sus datos biométricos, huellas digitales y otros como el iris y voz por ejemplo.
Este tipo de legislación solamente existe en países con gobiernos autoritarios como Afganistán, Arabia Saudita, China y Venezuela. Si estos datos caen en manos del crimen organizado nunca más podrá usted estar tranquilo. La reforma es claramente inconstitucional y será otra pelea que deberá dar el Poder Judicial y que permitirá conocer el grado de avance de la “ruptura autocrática”.
En la oficina de la Presidencia de la República y en las oficinas de morena las cuentas de los posibles resultados de la elección venidera comienzan a preocuparles, sentían que tenían las 15 gubernaturas en la mano y hoy solamente aventajan en 3 estados con holgura, sin contar Guerrero y Michoacán porque aún no designan candidato sustituto.
Se les se les complica porque conforme avanzan las campañas los candidatos de morena presentan su verdadero rostro, y no me refiero a la prima indígena del presidente que no es indígena y es candidata por la cuota reservada a indígenas porque ya el mencionado Tribunal la avaló, sino a los polémicos acusados de abuso sexual desde Félix Salgado Macedonio, pasando por el Diputado Saúl Huerta, los videos del candidato a gobernador morenista de Zacatecas David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, haciendo tocamientos a compañeras de partido; Julio César Lorenzini candidato a presidente municipal de Cholula, Puebla por ocultar una denuncia por violacion en 2019; Alfonso Vázquez candidato a Diputado local de la Ciudad de México denunciado de abuso sexual contra dos alumnas de la UNAM; Rubén Barroso acusado por la organización feminista Brujas Del Mar como “acosador”, entre otros casos.
Como todo en la oficina de López Obrador se decide en torno a rendimientos electorales, veremos seguramente en los próximos días un show mediático que contrarreste toda esa ola negativa de los candidatos de morena. Prepárense para ver lo no visto, para cacerías de brujas y otras cortinas de humo como parte de la estrategia del gobierno para no perder votos. Todo es electoral.
