APRO/Mathieu Tourliere
Ante las críticas y amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) negó hoy que su decisión de interponer una acción de inconstitucionalidad contra el polémico Padrón Único de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) favorezca a “las empresas de telefonía”.
De hecho, reviró al mandatario que en lo que va de 2021 ya impuso 24 multas por un monto total de 55 millones de pesos a empresas de telecomunicaciones por infringir la ley de datos personales, y tiene otros 130 procedimientos vigentes, lo que confirma que “el INAI no responde a los intereses de las empresas, sino que su labor se centra en atender las denuncias ciudadanas y vigilar el cumplimiento de la ley”.
A través del Panaut, el gobierno federal pretende recolectar los datos biométricos de cualquier persona que adquiera un teléfono celular, bajo el argumento de luchar contra las extorsiones y otros delitos cometidos con estos aparatos; los críticos de la medida denuncian por su parte que estas políticas son implementadas por gobiernos autoritarios y que existe un riesgo de que los datos biométricos de las personas queden definitivamente vulnerados en caso de una filtración.
En un comunicado publicado hoy, el INAI desmintió las acusaciones de López Obrador, quien aseveró ayer que la empresa Telmex –propiedad del magnate Carlos Slim Helú– impulsa una campaña legal contra el Panaut, y despotricó de nuevo contra el Instituto al afirmar que defiende “a grupos de interés creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país”.
El INAI reviró hoy que su decisión de llevar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responde a que no define los datos biométricos que tendrá el Padrón, ni “quién o quiénes los van a recabar, bajo qué medidas de seguridad se efectuará ese procedimiento, y tampoco se establece qué tratamiento se le va a dar a esta base de datos”.
El INAI refrendó que tomó esa decisión después de realizar un “análisis minucioso” de la reforma impulsada desde Palacio Nacional, y recordó que tiene la facultad de promover una acción de inconstitucionalidad para defender los derechos que le corresponde tutelar.
“Al ser una institución que forma parte del Estado Mexicano, el INAI no se opone ni es contraria a la implementación de estrategias y planes que propicien la disminución de la inseguridad, el combate a la delincuencia y en particular a la extorsión y el secuestro; sin embargo, por ser un organismo especializado en la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, no puede soslayar intervenir en el marco de las leyes vigentes cuando dichas garantías se vean vulneradas, como se presume en el caso de la reforma a la LFTyR”, insistió.
En su boletín, el INAI no realizó ningún comentario a la enésima amenaza de López Obrador de desaparecer a varios organismos autónomos –como el INAI– para incorporar sus funciones al gobierno federal o, en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), al Poder Judicial de la Federación.
Tampoco desmintió al mandatario, quien repitió ayer su planteamiento –falso– según el cual el INAI reservó la información sobre los expedientes derivados de los sobornos por la constructora brasileña Odebrecht durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, desde ayer varios comisionados del INAI reviraron en entrevistas que el Instituto giró varios órdenes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que publique los expedientes de Odebrecht, pero que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero siempre ha hecho caso omiso.
