APRO/Michael D. Shear, Zolan Kanno-Youngs y Eileen Sullivan/The New York Times
La súplica desesperada llegó la semana pasada a los correos electrónicos de los empleados de varias agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional o la NASA: “¿Consideraría tomar una licencia –con goce de salario– de cuatro meses para ayudar a cuidar a los niños migrantes recién llegados a la frontera?”.
Esta solicitud provino del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que está en el centro de un gran esfuerzo del gobierno de Joe Biden para mantenerse al día con el aumento de menores que cruzan la frontera suroeste con la esperanza de reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Los números son abrumadores. En marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a casi 19 mil niños en la frontera, la mayor cantidad registrada en un sólo mes, la mayoría de ellos huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica. Y se espera que el flujo de menores migrantes aumente en las próximas semanas.
Más de 20 mil niños y adolescentes están bajo la custodia de un sistema gubernamental que ya está a “103% de su capacidad”, incluidos casi 17 mil en refugios administrados por el HHS, según los materiales informativos de la Operación Artemis, una respuesta a la crisis fronteriza dirigida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Las proyecciones del gobierno, obtenidas por The New York Times, muestran que en junio podría haber más de 35 mil menores migrantes necesitados de cuidados, una perspectiva que un exfuncionario del HHS calificó de “aterradora”.
La capacidad del HHS para construir refugios, trasladar a los niños a ellos y luego unir a los menores con sus parientes en Estados Unidos es la primera prueba importante del gobierno de Biden, que demostrará si puede responder rápida y eficazmente a una creciente crisis de inmigración que tiene graves ramificaciones políticas y humanas.
Esa presión ya está generando tensión en la Casa Blanca. Biden expresó su frustración con Xavier Becerra, su nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, en una junta el pasado 30 de marzo, por lo que el presidente ve como “atracos burocráticos en capacidad creciente”, según dos funcionarios gubernamentales que atestiguaron la reunión.
Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica, y Amy Pope, asesora de Biden para asuntos migratorios, han presionado a los funcionarios del HHS y de otras agencias de inmigración para que expliquen su incapacidad para sacar rápidamente a más de 4 mil menores migrantes de instalaciones de detención –similares a cárceles– administradas por la Patrulla Fronteriza.
Cuando cruzan la frontera por primera vez, los menores no acompañados son llevados a cárceles fronterizas. Por ley no deben permanecer allí más de tres días antes de ser trasladados a alguno de los 150 refugios u hogares grupales supervisados por el HHS.
Pero debido a la falta de espacio disponible en los refugios, los menores suelen ser retenidos más tiempo en las duras condiciones de las instalaciones fronterizas.
Cuando finalmente son enviados a los refugios del HHS en todo el país, donde deben recibir educación, atención médica, servicios psicológicos y recreación mientras los funcionarios examinan a los miembros de la familia, amigos o padres adoptivos que pueden acogerlos, generalmente se enfrentan a más tiempo.
Las celdas llenas de adolescentes y niños en cárceles fronterizas destinadas a adultos son resultado directo de la falta de espacio en refugios que originalmente estaban pensados como instalaciones de corto plazo, pero que durante otras oleadas de inmigración terminaron albergando a los menores durante un mes y a menudo más tiempo.
Más niños encarcelados
El más reciente incremento de menores migrantes –en vías de ser mayor que los que provocaron las crisis para Barack Obama en 2014 y 2016 y para Donald Trump en 2019– tiene a funcionarios gubernamentales corriendo para erigir instalaciones y contratar personal que las atienda.
Estos funcionarios han abierto una docena de refugios de emergencia en sitios vacíos, como centros de convenciones en Dallas y San Diego, un centro de exposiciones en San Antonio y un sitio militar y antiguo campamento para trabajadores petroleros en Texas.
También se han movido para reducir el tiempo que se necesita para realizar verificaciones de antecedentes de los padres, en un esfuerzo por liberar rápidamente a los jóvenes migrantes de los refugios y abrir lugares para los que están detenidos en las cárceles fronterizas.
Pero incluso con los primeros signos de progreso, más de 4 mil 100 menores quedaron atrapados en instalaciones fronterizas en la primera semana de abril, muchos más que los 2 mil 600 detenidos en cárceles fronterizas en el pico del aumento en 2019.
Los republicanos se han ocupado del tema para afirmar que Biden no actuó con la rapidez suficiente para expandir el sistema de refugios, incluso cuando se centró en deshacer las políticas fronterizas restrictivas de su predecesor.
Una serie de órdenes ejecutivas emitidas semanas después de que Biden asumiera el cargo apuntó a otras partes de su agenda de inmigración, incluida la revisión de las políticas de la administración Trump, que limitaron el asilo y detuvieron la construcción del muro fronterizo. Y el presidente esperó hasta marzo para llamar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, a fin de ayudar en el esfuerzo por encontrar un lugar de refugio para los menores, luego de que el número de estos atrapados en las cárceles fronterizas superó los 3 mil.
Los asesores de Trump dijeron que los funcionarios de carrera advirtieron al equipo entrante de Biden sobre el probable aumento de llegadas en la primavera, pero dijeron que la nueva administración no se movió rápidamente para comenzar a reactivar las instalaciones de emergencia.
Los funcionarios de la administración de Biden rechazan esas críticas, diciendo que no recibieron suficiente información durante la transición y notificaron al Congreso de la necesidad de comenzar a agregar capacidad de emergencia a principios de febrero.
Dijeron que también se vieron obligados, por una decisión de los funcionarios de la administración de Trump durante la pandemia, a congelar la contratación en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, que supervisa los refugios. Y acusaron a sus predecesores de simplemente confiar en la existencia de las duras políticas de Trump para impedir que los migrantes ingresaran al país.
“Rechazaban a los niños migrantes no acompañados, por lo que no estaban haciendo esfuerzos para expandir el sistema de refugios”, dijo Cecilia Muñoz, una de las principales autoridades de inmigración de Biden durante la transición.
Con los refugios permanentes sin espacio, el gobierno recurre cada vez más a espacios temporales, que son más como refugios para huracanes, con catres en lugar de camas y algunos de los servicios más parecidos a los de una escuela que ofrece el HHS en sus instalaciones autorizadas.
Los ayudantes de Biden están buscando ubicaciones adicionales, incluido un centro de convenciones en Long Beach, California, y un campo de entrenamiento de la Marina en Illinois. Los funcionarios también planean ampliar el número de campamentos de tiendas de campaña adjuntos a las cárceles fronterizas. Los documentos del gobierno muestran que la administración también necesita aumentar la contratación de médicos y administradores de casos.
