El esfuerzo de las autoridades por combatir la corrupción/ En el fondo de la ley - LJA Aguascalientes
25/02/2024

La actual Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) sostiene un objetivo claro, el establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las sanciones que les sean aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y desde luego, las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas, así como los procedimientos que deberán ser substanciados para su aplicación.

Los dos procedimientos a los que me refiero, son los que derivan de la investigación que las autoridades investigadoras realizan, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas administrativas, las cuales, según la LGRA, clasifica como no graves y graves, las primeras cuya sanción corresponderán a los Órganos Internos de Control, en tanto que las segundas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La propia LGRA explica que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes, claro que, si se tratara de una denuncia, esta podrá ser anónima, y para lo cual, las autoridades investigadoras estarían obligadas a mantener con el carácter de confidencial la identidad de las personas.

Tratándose del ciudadano de a pie, la presentación de la denuncia no será complicado, pues las autoridades investigadoras, en apego a lo señalado en la LGRA, indica que estas últimas, contarán con áreas de fácil acceso, para que cualquier que desee presentar una denuncia, lo haga sin contratiempo alguno, denuncia, que, dicho sea de paso, sólo deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa.

Ahora bien, presentada la denuncia, que por cierto dará inicio a la investigación, esta podrá concluir de dos formas, la primera, con la existencia de un acto u omisión que la ley señale como falta administrativa, misma que deberá ser calificada como grave o no grave; la segunda, si la autoridad investigadora, determinó que no se encontraron elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. 

De calificarse la falta como grave o no grave por parte de la autoridad investigadora, dispone la LGRA, que la segunda etapa a seguir es, la apertura del procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual como ya se dijo, si se trata de una falta no grave, corresponderá su desahogo a los Órgano Internos de Control, en los términos que señala el artículo 208 de la LGRA, pero si se trata de una falta grave o faltas de particulares, el encargado de llevarlo será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Empero, hablar de las faltas graves, equivaldría a conocer, que sanciones son aplicables para los servidores públicos que cometen este tipo de faltas, no olvidando que los esfuerzos de las autoridades –Órganos Internos de Control, Auditoría Superior de la Federación, los Tribunales, entre otras– encargadas de aplicar la LGRA, es imponer sanciones ejemplares a fin de que estas sean acordes a la magnitud del reproche y, por ende, que correspondan a la gravedad de la falta cometida, con el objetivo de que su alcance sea persuasivo, y así, se inhibe la comisión de éste tipo de faltas.

De tal manera, que las sanciones administrativas, por la comisión de faltas administrativas graves, consisten en la suspensión o destitución en el empleo, cargo o comisión; sanción económica, y en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de ésta última, según los montos de afectación, puede ser de uno hasta veinte años de inhabilitación o solo en el caso de no existir daños o perjuicios, podría ser, de tres meses a un año. 

Luego entonces, la percepción que se tiene de la LGRA es clara, las autoridades verdaderamente se están esforzando para combatir la corrupción, no sólo tratando de implementar mecanismos para prevenir, corregir e investigar a los servidores públicos responsables de la comisión de faltas administrativas, sino también desarrollando procedimientos congruentes y exhaustivos encaminados a abatir la corrupción. 


Sin embargo, a casi cinco años de la entrada en vigor de la LGRA –dieciocho de julio de dos mil dieciséis– poco se sabe de las sanciones a servidores públicos por la comisión de faltas graves, pues según se puede observar en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Tribunal Federal de Justifica Administrativa y la Secretaría de la Función Pública, en el apartado relativo a servidores públicos sancionados –artículo 70, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública– no han reportado sanción alguna durante los años, dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, bajo el argumento de que no se ha generado información.

De modo que, el esfuerzo de las autoridades ha quedado en eso, en solo esforzarse o tal vez están dando resultados los mecanismos para la prevención de responsabilidades administrativas, y sea esta la causa, por la cual no se han sancionado a servidores públicos por la comisión de faltas graves, puede ser irreal, aunque valdría la pena que la Secretaría de la Función Pública proactivamente publicara el dato estadístico de investigaciones por faltas graves, digo la intención no sería otra, más que constatar su esfuerzo.

 

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