APRO/Juan Carlos Cruz Vargas
El gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS), inició la revisión de la presunta denegación de derechos a los trabajadores de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato.
Lo anterior, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó formalmente a sus contrapartes una investigación del caso.
La solicitud fue presentada con base en el artículo 31-A.4.2 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y se refiere a los eventos ocurridos en abril pasado en torno al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo entre dicha planta y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, “Miguel Trujillo López”.
“A partir de la solicitud recibida hoy, México inicia la revisión del caso en cuestión. En caso de responder afirmativamente, México compartirá por escrito los resultados de la revisión y cualquier propuesta de reparación”, señalaron las dependencias en un comunicado.
Acotaron que, al margen de esta solicitud realizada por USTR, el martes la STPS comunicó que, entre otras medidas, resolvió reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato.
Asimismo, ratificó su compromiso de reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral.
