APRO
Carlos Lomelí Bolaños, uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, admitió que vendió precursores químicos al cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares, para librarse de los cargos.
Lo anterior, de acuerdo con documentos y el testimonio de dos exagentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos DEA, por sus siglas en inglés).
Información oficial en poder del portal de noticias Latinu, confirmó lo que el empresario y exdelegado del Gobierno Federal en Jalisco había negado, es decir, que llevó a cabo dicha venta de químicos al grupo criminal y que negoció con la entrega de dinero a cambio de que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006.
También confesó haber entregado los bienes para que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo borrara de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico, igual que a su entonces farmacéutica Lomedic.
Lomedic fue acusada en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser una fachada para el lavado de dinero del cártel de los Amezcua Contreras, y congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadunidense.
Desde entonces Carlos Lomelí Bolaños fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas.
Los documentos y las declaraciones obtenidas por Latinus contradicen al candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, quien en diversas entrevistas y públicamente ha insistido en que el gobierno de Estados Unidos lo sacó de la lista de OFAC porque no encontró elementos en su contra.
De acuerdo con una sentencia final de confiscación emitida por un juez de Distrito de El Paso, Texas el 27 de enero de 2011 –conseguida por Latinus–, Lomelí entregó de forma voluntaria sus bienes al gobierno de Estados Unidos y estuvo involucrado en la distribución de tabletas Lovarin-P para fabricar metanfetamina, así como en lavado de dinero.
La sentencia firmada por el juez Frank Montalvo establece que Lomelí y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, entregaron al gobierno de Estados Unidos cerca de 2.7 millones de dólares depositados en tres cuentas de ese país. El dinero, incautado desde 2008, no fue reclamado por el candidato de Morena ni por su esposa, según el documento judicial.
La cuenta más grande, abierta en una subsidiaria del Banco New York Mellon, tenía depositados 1.9 millones de dólares. Las otras dos fueron incautadas con un saldo de 602 mil y 100 mil dólares, respectivamente.
La declaración de responsabilidad y la asociación del empresario con el cártel de Sinaloa, hasta ahora desconocida públicamente, fue narrada por un agente de la DEA en una reunión privada realizada en la embajada de Estados Unidos en México, en marzo de 2012.
Ahí estaban presentes dos agentes de la DEA, la agregada de la OFAC en México y un grupo de abogados.
“Lomelí habló con el gobierno de Estados Unidos, les dijo lo que sabía y dejó que Estados Unidos congelara 2.7 millones (de dólares) de sus activos. Admitió que vendió al crimen organizado, incluido el cártel de Sinaloa, y firmó reconociendo su culpabilidad en una demostración de buena fe”, dijo uno de los agentes de la DEA identificado como “M”, según un registro escrito de 13 páginas al que tuvo acceso Latinus.
“El gobierno hizo un seguimiento de las ventas ilegales de Lomelí y éstas coincidían con los $2.7 millones (de dólares) de activos congelados”, se indica en uno de los párrafos de la minuta.
Latinus entrevistó a dos exagentes de la DEA que conocieron de cerca la investigación en contra del hoy candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, y confirmaron por separado que Lomelí admitió su responsabilidad de facilitar precursores de drogas sintéticas y de tener relación con cárteles mexicanos, sobre quienes brindó información de primera mano.
“Lomelí nunca fue documentado como informante, pero bajo su libertad se puso de acuerdo con la oficina (la DEA) para colaborar. Lo que Lomelí nos dijo es que se asoció principalmente con Sinaloa, lo que se llamaba entonces la Federación, con Nacho Coronel, el Mayo Zambada, el Chapo, con los Güeros, los Rodríguez Olivera y otros que trabajaban ahí. Esa gente eran sus clientes”, refiere uno de los agentes entrevistados, quien estuvo 25 años en la DEA, cinco de ellos trabajando en México.
De acuerdo con el exoficial de antinarcóticos, la DEA comenzó a investigar a Lomelí en 2006, y meses después el empresario farmacéutico se convirtió en un objetivo prioritario para la oficina antidrogas de Estados Unidos.
Hay que recordar que aun cuando ya estaba en el blanco de las investigaciones de la agencia estadounidense, Lomelí siguió en el negocio farmacéutico y en 2015 se convirtió en diputado federal plurinominal postulado por Movimiento Ciudadano, aunque más tarde pasó a formar parte de la bancada de Morena.
En 2018 fue postulado por ese partido como candidato a la gubernatura de Jalisco y, tras perder la elección con Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, Lomelí fue designado por el presidente López Obrador como delegado del Gobierno Federal en la entidad, puesto al que renunció en julio de 2019, cuando las empresas farmacéuticas de las que era dueño eran investigadas por la Secretaría de la Función Pública por la venta de medicamentos al gobierno.
