APRO/Neldy San Martín
Lo que está sucediendo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, con la construcción de un parque recreativo que está dañando el patrimonio arqueológico en el área conocida como Oztoyahualco, es un asunto muy grave y requiere la actuación inmediata del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En ello coinciden el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (Icomos, por sus siglas en inglés) capítulo México, y el arqueólogo Gustavo A. Ramírez, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.
A través de una carta, firmada por su presidente Saúl Alcántara Onofre, dirigida este 24 de mayo a la secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; el director del INAH, Diego Prieto Hernández; y el presidente municipal de Teotihuacán de Arista, Jaime Heredia Ángeles, el Icomos mexicano alude a que la zona está protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero también está inscrita desde 1987 en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Recuerda asimismo que, a lo largo de su historia reciente, “este sitio ha sufrido serias amenazas de destrucción por obras no autorizadas en su interior y en su entorno, las que han tenido que ser motivo de protestas sociales dada la lentitud con la que han actuado las autoridades para detenerlas”.
Ahora se encuentra amenazada porque se está excavando con maquinaria pesada una zona de siete hectáreas, con vestigios arqueológicos habitacionales y monumentales, “que además están siendo saqueados”.
En su documento, el organismo internacional describe, incluyendo las coordenadas donde se ubica cada área de referencia, diferentes dos parcelas del Ejido de Purificación: La Parcela 23, con al menos 25 sitios arqueológicos, según el registro técnico existente y el Plano Arqueológico y Topográfico de la Ciudad Prehispánica de Teotihuacán “y que corresponden a conjuntos habitacionales, plataformas de templos de varios niveles, plataformas de templos de un solo nivel y grutas-cueva”.
Asimismo, la Parcela 19 del mismo Ejido, “con alta presencia de vestigios arqueológicos visibles a simple vista en forma de montículos, probables basamentos piramidales en varios puntos de la propiedad”. Y enumera también al menos 25. Anexa un mapa donde se aprecia perfectamente la densidad de estructuras y monumentos.
Por tal motivo, el consejo expresa “su enorme preocupación porque se actúe en consecuencia, apelando a los diversos órdenes de gobierno, a fin de detener la destrucción, permitir la evaluación de las afectaciones por los organismos profesionales autorizados y, en su caso, perseguir a quien o quienes resulten responsables de la destrucción y saqueo del patrimonio nacional”.
El pasado 21 de abril, como consignó Apro, el INAH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal ubicado en Texcoco, por daños al patrimonio del área de Oztoyahualco, que se encuentra en el perímetro B de la poligonal de protección de la zona de monumentos, declarada por Decreto Presidencial en agosto de 1988, un área en la cual “no están permitidas las construcciones debido a que los estudios especializados señalan que es un espacio de alto potencial arqueológico”.
Y hace un llamado “respetuoso”, pero puntual a la “actuación institucional que permita, de manera urgente, las acciones consecuentes con el apoyo a las autoridades del INAH, investigadores y proyectos científicos en la Zona Arqueológica de Teotihuacán”.
Se debe recordar que desde abril investigadores del instituto y pobladores de Teotihuacan dieron la voz de alerta por la destrucción. Según el INAH, personal de la zona realizó “una visita de inspección”, “se confirmó la irregularidad de las obras”, pues no tienen su autorización y colocó sellos de suspensión, pero en una siguiente visita constató que los sellos fueron violados y las obras continuaban de manera ilícita”.
Los vecinos atribuyeron las obras a Rene Monterrubio López, presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática de Teotihuacán entre 2013 y 2015.
Cuestión de poder
Vía telefónica, el arqueólogo Gustavo A. Ramírez indicó que se hizo el trámite de interponer las denuncias, pero lo que no ha hecho el INAH es detener la obra. Lo que procedería en algunos casos, dice, es “suspender la obra y esperar a que se dé todo el proceso y se determine, en su caso, la realización del salvamento arqueológico correspondiente”.
Sólo que aquí, las obras se están llevando a cabo en el perímetro B, donde está prohibida cualquier tipo de construcción, es decir, literalmente no pueden hacerse obras, remarca:
Sin embargo, dice, lo que vemos es que la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INAH no ha procedido a la suspensión de las obras con maquinaria pesada, que está removiendo el suelo y entonces se están destruyendo importantes contextos históricos, “incluso posibles estructuras que se encuentran ahí”.
“Eso es gravísimo porque es un daño al patrimonio de la nación y la acción más importante que debe de realizar el INAH es la protección. No nos explicamos por qué la lentitud, pero es muy notorio que eso sucede frecuentemente cuando quienes realizan las obras están ligados a la política o al medio empresarial y tienen cierto poder político, en este caso es un expresidente municipal el que está llevando a cabo la obra. Entonces es inaceptable lo que está haciendo la Coordinación al retrasar estos trámites y no dar el acompañamiento suficiente, inclusive con el uso de la fuerza pública, al director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, para que proceda a la cancelación de la obra”.
Y remata:“Son temas muy delicados, que suceden frecuentemente y nos llevan a cuestionar la responsabilidad del INAH en estos hechos”.
