La semana que concluyó el pasado 30 de abril, ha sido significativa por la relación de hechos que marcaron sus días. El presidente López realizó una gira de trabajo por el noreste del país, concretamente a las instalaciones de Pemex en Nuevo León, donde, una vez más reiteró el apoyo del Gobierno Federal para rescatar a la paraestatal de la ruinosa situación en que se encuentra, y fiel a su estilo, acusó a los gobiernos de antes del desastre financiero y operativo que está viviendo la empresa petrolera. Así que, sin salirse una coma de su guion, el primer mandatario reiteró su compromiso por inyectarle más recursos a una estrategia energética fósil que va a contrapelo de la tendencia mundial que apuesta a las energías limpias.
Pero el verdadero drama se desarrolló a lo largo del martes 27, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún contando con los mañosos “buenos oficios” del presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez, a quién la 4T, a través del SAT y de la UIF, lo tiene debidamente acotado y alineado a sus intereses políticos, resolvió los casos de los, todavía esos días, candidatos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por el partido del presidente López Obrador, Morena, el senador Félix Salgado y el alcalde de Morelia con licencia Raúl Morón. El acuerdo a revisar era el emitido por el Consejo General del INE qué, de conformidad a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el no presentar sus informes de gastos de precampaña era causal del retiro del registro de sus candidaturas. Las cantidades no reportadas eran poco significativas, pero el hecho grave era justamente la no presentación. La Sala Superior del Tribunal votó de manera concluyente por retirar los registros de ambos candidatos y ordenaba al partido que en un plazo de dos días para Guerrero y de una semana para Michoacán, se repusieran los candidatos correspondientes.
Sin embargo, la irreverencia no concluyó con esas determinaciones, el propio Tribunal votó a favor, inclusive el susodicho presidente Vargas Valdez, por aplicar un candado para evitar que ningún partido o coalición obtuviera una sobrerrepresentación más allá de lo establecido por la Constitución, acotada al 8%, por lo que Morena y sus satélites, quedaban expuestos a asumir un riesgo adicional para salvar su artificial mayoría en la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura. Ese mismo día, en otros lares, allá por el sur de la Ciudad de México, por unanimidad de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, votaban una resolución para demandar una acción de inconstitucionalidad derivada de la reforma que obligaba a las empresas de telefonía móvil a exigir los datos biométricos de sus usuarios para integrar el padrón de usuarios de telefonía móvil, Panaut.
Sobra decir que en la mañanera del miércoles 28 el presidente López hizo explosión contra el INE (cliente habitual de sus exabruptos), el TEPJF, el INAI, y para no dejar fuera a nadie, contra todos los organismos autónomos del país, acusándolos, por supuesto sin pruebas, de ser instrumentos de la oligarquía, de los enemigos de él y su gobierno transformador, del pueblo, y estar a favor de la corrupción y de la voluntad popular que el propio presidente representa, con el baladí argumento de atender lo establecido en la Constitución.
Fuera de toda forma institucional como el jefe de Estado que se entiende que es, los siguientes días, el presidente López Obrador, frente a los micrófonos de sus mañaneras, se dedicó a elucubrar amenazas contra los integrantes rebeldes de esos organismos; empujó a sus soldados en el legislativo, no importa si son senadores o diputados, y los arenga a combatir a los que él identifica como sus enemigos políticos, presentando iniciativas que los someta, que los alinee.
Así, anuncia una reforma para adscribir las funciones de los organismos autónomos a las dependencias federales, se aventura a informar, que el INE sería incorporado al Poder Judicial de la Federación del que presume como su empleado, al magistrado Arturo Zaldívar. Ya la semana pasada el líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y coordinador de Morena, se aventó la puntada de señalar qué, para la 4T, entre legalidad y justicia, se quedan con la justicia. Para no quedarse atrás en la zalamería política, el senador Ricardo Monreal, aseveró que, si pierde Morena la mayoría el 6 de junio, se impulsaría desde su Senado, una reforma “fastrack” a la legislación electoral del país. Aliviar la frustración y el enojo presidencial se volvió un asunto de Estado para las cortes morenistas nacionales.
A la furia presidencial, habrá que agregar que el proceso electoral está poniendo en tela de juicio aquella expectativa de la aplanadora morenista, varios de sus candidatos están sufriendo la gota gorda. Entre los medios de comunicación y las redes sociales, están exhibiendo la calidad de sus prospectos a las gubernaturas, las diputaciones o las alcaldías. Candidatos buscados por la DEA, pederastas o abusadores, vamos, fichitas que quieren ofrecer a la ciudadanía como las mejores alternativas, pensando que el pueblo bueno, también es estúpido.
Adicionalmente, los indicadores económicos nada bueno comparten. México, durante el gobierno de la 4T acumula 8 trimestres en franco estancamiento o retroceso, 6 de ellos continuos, del 2019 al 2021. La vacunación es un desastre. Pemex y CFE acumulan pérdidas o incremento de la deuda por miles de millones al arranque de este año (37 mil 358 millones de pesos la primera y 72 mil 803 millones de pesos la segunda). Más de 217 mil decesos por covid-19. El país queda fuera de la prueba PISA ante el temor de la 4T de ser exhibidos como el peor sistema educativo entre 87 países.
Efectivamente, la semana que recién concluyó, ha sido una semana negra para el presidente López y su borroso proyecto de transformación de la nación. Sin embargo, la oscuridad se profundiza para México, que es gobernado malamente por el hígado presidencial.
