El 3 de mayo, México vivió uno de los días de mayor frustración e impotencia ante la corrupción. Una sección del viaducto de la línea 12 falló estructuralmente, precipitandohacia el suelo a un convoy de trenes con pasajeros. El resultado 26 personas que perdieron la vida. Más que una simple cifra, son seres humanos con historias. Parejas, hermanos, hijos, padres, nadie se fue sin causar dolor y una gran pérdida para sus seres queridos.
La infraestructura, que, a pesar de sus errores, se confiaba podía comunicar a cientos de miles de personas nos defraudó y se llevó a varios miembros de la sociedad. Y quizá lo que causa aún más indignación es la incapacidad de encontrar a un culpable. A pesar de esto, es difícil que hubiera una sola persona responsable, existen gran cantidad de actores y es claro que todos le están fallando a la ciudadanía. Tres “accidentes” del metro de la Ciudad de México con víctimas mortales en poco más de un año. Esto no es coincidencia, es una manifestación de un problema sistémico.
Sin embargo, parece que solo llegan a los titulares los aparatosos “accidentes” del metro de la Ciudad de México. Hay otras víctimas, muchas más, que son en buena parte consecuencia de la negligencia de las autoridades y la inversión contraproducente en la infraestructura. El mal ejercicio del presupuesto público de todos los niveles de gobierno fomenta conductas de riesgo, principalmente en las calles de nuestras ciudades.
En promedio (de los últimos tres años), en Aguascalientescada año 913 personas son lesionadas en hechos viales, y otras 46 pierden la vida. En el país son 24 mil decesos al año. E insisto, no son solo cifras, son personas y miembros de la sociedad, con historias y seres queridos.
Aunque también se debe de señalar que la autoridad no es la única responsable, es la que mayor responsabilidad carga y la que puede hacer un verdadero cambio al respecto. Son corresponsables.
En México, se tiende a valorar la “utilidad” de las calles en relación a su capacidad de mover autos, no personas y mucho menos de salvaguardar la vida humana. Es entonces que se diseñan las calles con estándares de vías de alta velocidad e incluso promoviendo flujos continuos, se llegan a criminalizar otros usos para el espacio público y amarginar a algunos usuarios de la vía. El resultado es una gran cantidad de conflictos que terminan costando vidas. Se le reclama al peatón por no rodear y subir a un puente peatonal para cruzar una calle, aunque tome 15 minutos extras de su traslado.
Lo más grave del asunto es que existe amplia evidencia sobre estas malas prácticas de infraestructura vial y a pesar de esto se siguen cometiendo los mismos errores. Nadie se hace responsable de esto, ni los conductores que violan los reglamentos de tránsito, ni las autoridades responsables de aplicar estos reglamentos y mucho menos quienes diseñan y construyen estas infraestructuras contra toda la evidencia y experiencia que nos demuestra que es un error.
En las últimas declaraciones del gobernador del estado menciona que “a mí no me van a estar cargando sus muertitos por el tema de los pasos a desnivel”. Esto nos trae varias preguntas: ¿Qué va hacer para proteger a sus ciudadanos?También cabe preguntarse ¿Dónde queda tránsito municipal? Por ahí, sale el tema de las fotomultas ¿Por qué es polémico sancionar a los infractores?
Un verdadero cambio requeriría transformar las lógicas actuales, salir a la calle no tiene que suponer un riesgo a la vida y los responsables de asegurar esto no deben de ser impunes ante su irresponsabilidad.
Cualquier hecho vial debe de generar una investigación para la corrección subsecuente de la infraestructura deficiente que lo provocó. Además, cualquier obra pública debe de contemplar estándares de calles seguras, ahí está muy claro y sencillo el manual de calles de la SEDATU. Las muertes viales se han normalizado, es momento de cambiar esto, no hay excusa.
