- Exigen a la CDHEA que se pronuncie respecto al uso de la fuerza policiaca
- Recuerdan que la protesta social es un ejercicio de derechos
En rueda de prensa, varias integrantes de la Comunidad Feminista de Aguascalientes anunciaron la presentación de un documento ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) se pronuncie respecto al uso de la fuerza por parte de las autoridades de las instituciones policíacas, ya que a la fecha no ha externado un posicionamiento ni el resultado de la investigación sobre los hechos del 8M.
Debido a que esta semana han sido notificadas por parte de la Fiscalía del Estado algunas de las jóvenes que fueron detenidas en la marcha que con motivo del día Internacional de las Mujeres se llevó a cabo en algunas calles de Aguascalientes y que culminó con la represión policiaca luego de un plantón realizado en la Exedra.
A nombre de las jóvenes afectadas, la Comunidad Feminista de Aguascalientes solicitó a la CDHEA, a través de un documento, que investigue los hechos sucedidos la noche del 8 de marzo y los días posteriores a la detención y uso de la fuerza por parte de las autoridades de las instituciones policíacas, y emita medidas cautelares de protección a las quejosas y demás involucradas en beneficio de todas las mujeres del estado.
Las integrantes de la Comunidad consideraron necesario que la CDHEA realice un estudio riguroso y acorde con los estándares internacionales y se pronuncie o, en su caso, emita recomendaciones a efecto de que el gobernador, la alcaldesa capitalina y el fiscal actúen en consecuencia y sancionen a los servidores públicos a su cargo que cometieron las violaciones denunciadas y se comprometan a revisar protocolos, reconocer y atender los derechos y las demandas de las mujeres en el estado.
Que se realice una revisión a fondo de los protocolos aplicables en estos casos para salvaguardar la vida de las mujeres hidrocálidas, no hacerlo sería gravísimo, ya que revelaría la falta de sensibilidad y entendimiento de la lucha legítima y justa de las mujeres.
De igual manera, recordaron que el Estado tiene la obligación de reconocer las violaciones a derechos humanos cometidos en contra de las mujeres, reparación y resarcimiento de los daños ocasionados y la garantía de no repetición. “Una vez más lo decimos, la protesta social es un ejercicio de derechos, no a la represión, ni al uso de la fuerza”, expresaron.
Además, solicitaron de manera pública evitar represalias por motivo de esta difusión, tales como despidos laborales, lo cual ya le sucedió a una joven que denunció públicamente las atrocidades cometidas por los policías y demás servidores públicos involucrados.
Explicaron que el despacho defensor presentó una queja ante la CDHEA con relación a los hechos ocurridos en la noche del 8 de marzo, el objeto de dicha queja es que el órgano encargado de la promoción y defensa de los Derechos Humanos se pronuncie en torno a los acontecimientos que consideran irregulares y violatorios de los Derechos Humanos, y en concreto de género.
