APRO/Alejandro Saldívar
Christopher Doyon, el hacktivista estadounidense refugiado en México desde 2017, fue detenido en su domicilio por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y, posteriormente, deportado a su país, donde fue arrestado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gobierno de su país lo acusa de no comparecer ante un juez del Distrito Norte de California el 2 de febrero de 2012, después de ser puesto en libertad preventiva tras un caso penal un año antes, donde se le acusó de “conspiración para causar daño intencional a una computadora protegida”, según se asienta en los expedientes del caso CR11-00683.
Doyon es acusado de participar en un ataque de denegación de servicio (DDoS) contra los servidores del condado de Santa Cruz, California, el 16 de diciembre de 2010, en protesta por las nuevas políticas públicas contra la gente sin casa. La acusación plantea que el Frente de Liberación Popular (PLF), uno de los grupos asociados a Anonymous, coordinó y ejecutó el ataque.
Información dada a conocer en Indybay, un medio independiente en San Francisco, asegura que Doyon fue detenido ilegalmente por policías vestidos de civil y, posteriormente, trasladado a Estados Unidos, donde fue encarcelado con el número de registro 03476-028, según el localizador de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
Entre las 15:30 y 16:00 horas, “dos agentes mexicanos uniformados llegaron al domicilio de X. La casera les solicitó una orden judicial. Se fueron, regresaron un par de horas después vestidos de civil, saltaron la cerca, irrumpieron y sacaron a X arrastrando. En ese momento estaba hablando con su abogado. Sabemos que está en suelo estadunidense detenido bajo una violación migratoria, pero probablemente será detenido dado su historial con el FBI”, explica el mensaje de los activistas allegados a Doyon.
“Conocido mundialmente como Commander X, este activista tiene la calidad de refugiado reconocida por el gobierno mexicano, y aun así fue entregado al gobierno de Estados Unidos, violando sus derechos humanos. Exigimos al gobierno mexicano que actúe en beneficio de los derechos del Commander X y gestione su urgente liberación”.
Jay Leiderman, abogado del activista, confirmó en Twitter (@JayLeidermanLaw), que Doyon se encuentra detenido en una cárcel de baja seguridad en Dublín, California.
“Parece que X está detenido con una orden judicial por no comparecer en su caso judicial en San José en 2012 (?). Mañana habrá más información disponible. He hablado con el fiscal en el caso de 2012 varias veces a lo largo de los años. No es un fanático del Commander X. Para nada”, tuiteó en su cuenta.
Después de su detención, su hermana Amy Beth Doyon (@AmyBethDoyon) posteó:
“Nuestro derecho a buscar y recibir #politicalasylum está en riesgo. Amarlo u odiarlo, no hace ninguna diferencia para mí. Vinieron por #JulianAssange. Vinieron por mi hermano #FreeCommanderX . Su libertad es nuestra libertad. Vienen por todos nosotros”.
De manera inédita el gobierno mexicano desplegó un operativo en conjunto con el gobierno estadounidense para dar con el activista. Su detención fue coordinada por el agregado legal del FBI en la CDMX, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Interpol y la Oficina de Servicios al Ciudadano Estadunidense en la CDMX.
Asimismo, el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirma el viernes 11 de junio como la fecha de su detención.
En la cuenta de Twitter @FreeCommanderX_ amigos del hacktivista iniciaron una campaña para liberarlo “del secuestro injusto de Estados Unidos” con el hashtag #FreeCommanderX.
Doyon se enfrenta al menos a una pena de dos años de prisión por no comparecer después de obtener su libertad condicional.
En noviembre de 2018, Proceso logró encontrarse con Doyon. En dicha entrevista habló de su petición de asilo al gobierno mexicano y sobre una guerra que se desenvuelve en el ciberespacio.
“Espero que el gobierno mexicano obedezca su propia Constitución, que obedezcan las leyes estipuladas en el acta de refugiados, en el tratado de asilo a refugiados de la OEA, invoco mis derechos bajo el acuerdo de derechos humanos de la ONU, invoco todos mis derechos y, si son respetados estos instrumentos, México no tiene otra opción más que darme asilo político y espero que sigan su propia ley”, expresó el hacktivista desde una ubicación que aún permanece reservada.
