- La Fiscalía abrió una investigación en contra de una mujer por interrupción del embarazo; el año pasado fueron cinco
- El Congreso local se ha mostrado renuente a legislar a favor de los derechos de las mujeres y que estas puedan tener un aborto seguro
Con un Congreso local de mayoría panista y renuente a legislar a favor de los derechos de las mujeres, hasta abril, en Aguascalientes, una mujer fue criminalizada por abortar, pues según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Fiscalía General del Estado abrió una investigación en contra de una mujer por interrupción del embarazo.
En Aguascalientes la LXIV Legislatura, así como sus predecesoras, en vez de buscar erradicar las problemáticas que giran entorno al aborto, así como buscar que la mujer pueda tener el derecho pleno de decidir sobre su propio cuerpo, solamente han hecho que las iniciativas de esta índole sean frenadas.
Incluso, no solamente se han frenado las iniciativas “proaborto” en el legislativo, sino que, por otra parte, este año en el Congreso local se legisló a favor de una iniciativa “provida” que buscaba darle carácter de persona a un cigoto para criminalizar a las mujeres que decidieran abortar, además, terminaba invisibilizando todas las otras problemáticas que hay detrás de un embarazo, así como denotando la falta de interés que existe por legislar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Dicha iniciativa fue presentada por diputados panistas y del Partido Verde Ecologista de México; luego, la presentó el Frente Nacional por la Familia, grupo religioso de ultraderecha, como una iniciativa ciudadana, pese a que feministas expertas alegaron que darle derechos a un embrión resultaría inconstitucional, puesto que los derechos durante el embarazo deberían ser para la embarazada y no para el cigoto.
Además del primer caso del 2021 aquí mencionado, también durante el 2020 mujeres fueron criminalizadas por abortar, lo que evidencia todavía más la falta de labor legislativa que hay en este tópico. De acuerdo al SESNSP, cinco mujeres fueron investigadas por interrumpir su embarazo el año pasado, en cambio, las autoridades no generan políticas públicas que permitan un progreso en los derechos de las mujeres.
