- Recientemente han salido las publicaciones de una práctica que las feministas han denunciado: la venta de niñas para la explotación sexual o laboral y el matrimonio
- México entre los tres países con mayor incidencia de trata de personas, pornografía y prostitución infantil
Seis de cada 10 niños de entre uno y 14 años son victimas de castigos corporales al interior de los hogares, además de que la denuncia difícilmente la pueden presentar ellos mismos, además de ser víctimas de violencia cuando las madres son violentadas; solo dos de cada 10 reciben una pensión alimenticia si los padres están separados; en materia de violencia sexual las niñas son las más desfavorecidas.
Tan solo el año 2020 se presentaron 115 mil denuncias por abuso o violación, aunque la cifra negra podría superar cualquier número; además de cada 100 personas que sufre agresiones sexuales, denuncian solo ocho. Y eso casi no incluye a los niños.
En el 2020 desaparecieron casi cinco mil mujeres, de las cuales el 68% tenían entre 14 y 17 años, es decir, son las jovencitas las principales víctimas de estas conductas, y a pesar de este terrible escenario y de que México está entre los tres países con mayor incidencia de trata de personas, pornografía y prostitución infantil; otra cifra de gravedad es el embarazo infantil y adolescente, el país sigue sin cumplir con la protección especial a niñas, niños y adolescentes que señala la Convención sobre los derechos del niño suscrita y reconocida desde los años noventa, y tras la cual se debieron generar una serie de medidas de protección, atención y salvaguarda de los cero a los 18 años, recalcó la activista en derechos humanos, Patricia Olamendi.
Explicó que estas medidas especiales son las que se señalan que garantizan lo que se conoce como “interés superior de la infancia”, por lo que debería ser parte de una política pública y un mecanismo nacional y local de protección a la niñez, pues de manera particular, esta convención establece con toda claridad que se es un niño o niña de cero los a los 18 años; es decir, todo ese tiempo deberán contar con una protección especial.
Para la integrante de Nosotras tenemos otros datos, el tema de mayor preocupación en el país es que esta protección no se está cumpliendo, “aquí vamos a tener quizá el primer problema, la Ley nacional de derechos de niñas niños y adolescentes. señala que se es niño hasta los 12 años y después se reconoce la calidad de Adolescentes, una definición más que nada relacionada con su desarrollo físico o mental. En muchos estados de nuestro país se ha convertido casi en un obstáculo para dejar fuera de la protección a la población de entre los 12 y los 18 años” , expuso que esta situación a quien más perjudica es a las jóvenes de ese rango de edad, más en asuntos relacionados con el matrimonio infantil, la violencia, la definición de los delitos, que establece la protección a los niños de cero a 12 años, pero que deja descobijados a los de más de entre 12 y 18, denominados adolescentes, a los que prácticamente la ley no protege, lo que los pone en nivel de vulnerabilidad mucho mayor.
Mientras que el Poder Judicial define el interés superior de la infancia como medidas de tutela y de protección adicional, pero se encuentran datos que señalan que no amplía este interés superior de la infancia a niñas entre los 12 y 18 años, “aquí tenemos un primer obstáculo, grave, serio que puede afectar”.
Además, si bien el Poder Ejecutivo creó un área de seguimiento, la legislación en materia de niñas niños y adolescentes, la realidad es que no tiene una política pública de protección, siendo temas muy generales que no van ligados a la protección, salvaguarda y defensa de sus derechos humanos. Aunque en las entidades federativas existen los DIF como un mecanismo de atención, no incluyen todos los derechos humanos para esta población.
Recordó que México ocupa el primer lugar de embarazo de niñas y adolescentes dentro de los países de la OEA y recientemente han salido las publicaciones de una práctica que las feministas han denunciado: la venta de niñas para la explotación sexual, la explotación laboral o el matrimonio; esta venta que sobre todo se promueven en algunas comunidades rurales o indígenas y que debería ser una práctica sancionada y condenada por la Constitución Mexicana, sin embargo, sigue presente.
La activista lamentó haber escuchado recientemente al presidente de México referirse a eso como una práctica que se pronuncia en todos los espacios y señalando justificaciones para esta venta de niñas, a pesar de ser un delito de Lesa Humanidad por atentar contra la dignidad humana y es una forma de esclavitud.
