APRO/Gloria Leticia Díaz
Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social Tic) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), apuntaron que la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional, confirmó que “desde las agencias del Estado mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad”.
Recordaron que, desde hace cuatro años, cuando se tuvieron las primeras pruebas de la vigilancia ilegal, víctimas de Pegasus y organizaciones firmantes interpusieron una denuncia formal.
Agregaron que pese a que la FGR tiene la investigación abierta desde entonces, “su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación”.
Insistieron en que la investigación debe ser “imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa de los hechos”.
Las organizaciones resaltaron que entre los 15 mil números mexicanos reportados como objetivos de espionaje a través de malware Pegasus, que forman parte de un conjunto de 50 mil en todo el mundo, hay defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como más de 25 periodistas, entre ellos Cecilio Pineda Brito, “quien fue asesinado en marzo de 2017, apenas una semanas después de haber sido atacado con Pegasus”.
De acuerdo a las evidencias, otros periodistas también espiados fueron los integrantes de Río Doce, de Sinaloa, Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, así como la conductora Carmen Aristegui, sus familiares y su equipo de trabajo.
“Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de los derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y sería una amenaza contra las instituciones democráticas”, resaltaron las organizaciones civiles en su posicionamiento.
Apuntaron que, tras los nuevos hallazgos publicados en medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, es urgente “modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar”.
Tras puntualizar que es “indispensable establecer controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable”, las organizaciones firmantes solicitaron al fiscal Alejandro Gertz Manero “rediseñe en conjunto con la personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal Gertz, exigieron transparentar “totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones”.
Las organizaciones solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que impulsen junto con la sociedad civil, “una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
