- Acciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se llevan a cabo
- Casos de feminicidios van en ascenso según el Secretariado Ejecutivo Nacional
A pesar que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero del 2007, contiene lineamientos federales para prevenirla, un sistema nacional y un programa integral en donde se involucran a 12 secretarías e instituciones, además de la Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), en la práctica las dependencias, entidades y municipios operan de forma desarticulada.
Lo anterior es parte de los resultados de la investigación realizada por el Colectivo Aquí Estamos, sobre Feminicidio Infantil en México, en el que se destaca que algunos rubros y acciones de la Ley General no se llevan a cabo, entre ellos el diseño de un política integral, construir un sitio web con información pública sobre mujeres y niñas desaparecidas, generar una base de información genética de mujeres desaparecidas, reeducar al agresor, así como proporcionar datos estadísticos, así como vigilar a los medios de comunicación para que no promuevan la violencia contra las mujeres.
Por desgracia, la existencia de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no ha logrado erradicar todos los tipos de violencias incluyendo los feminicidios, pues según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional las cifras evidencian un aumento en este delito: en 2015 en el Sistema se registraron 415 feminicidios; en 2016 fueron 605; en 2017 se suscitaron 742; 893 en el 2018; en el 2019 fueron 942; en el 2020 se registraron 940 mujeres asesinadas.
Para la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México Patricia Castañeda la violencia de género es un delito, no un problema entre particulares: no se trata de un problema de mujeres, al considerar inadmisible que se siga culpabilizando a las mujeres por las violencias de las que son objeto, al tratar de incriminarlas por parte de los Ministerios Públicos y en todas las instancias a quienes pretenden levantar una denuncia; lo que habla de un “desfase entre el diseño de las políticas y su implementación”.
Para Gabriela Pérez Yarahuán, directora regional del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y resultados en América Latina y el Caribe (CLEAR LAC), durante el taller de Evaluación de Políticas Públicas del CIDE, “una política pública necesita intervención del Estado, pero debe ser coherente y consistente; sin embargo lo que se tiene son programas no articulados”, argumento que también señala Patricia Castañeda, quien expuso que a bien no se sabe cuántos son los programas existentes para erradicar las violencias contra las mujeres, solo que la Segob tiene, Inmujeres y la Conavim, así como las fiscalías, incluso la Secretaría de Educación, de Salud y otras cuentan con algunas medidas; pero eso no alcanza porque son acciones a corto plazo y desarticuladas, “van cada una por su lado, con su pedacito de realidad”, dijo.
Para Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem) capítulo Jalisco, considera que la Conavim ha tenido un “terrible papel” en este proceso, a pesar de ser la instancia que debería estar impulsando acciones a favor de todas las mujeres, al ser las organizaciones de la sociedad civil en donde se realizan los esfuerzos más importantes para visibilizar esta problemática; mientras que en las instituciones se percibe un retroceso en varios rubros.
Patricia Castañeda considera que como país se trata de construir una ciudadanía efectiva y consciente de los derechos, pero no solo de los propios, sino de los otros, porque todavía no se reconoce, por ejemplo, que las niñas y los niños tienen derechos. “Y eso es la base de la impunidad social, si se tolera y se permite, no se condena ni se castiga”.
