El Depósito Legal para la preservación del patrimonio audiovisual y bibliográfico/ En la paz de estos desiertos - LJA Aguascalientes
22/07/2024

La nueva Ley General de Bibliotecas se publicó el 1 de junio del presente año, apenas un mes atrás, y deroga la Ley de 1988. Hay muchos puntos que se pueden reflexionar en torno a ella, pero es de mi interés pensar sobre la producción de libros en Aguascalientes y el funcionamiento del Depósito Legal.

El Depósito Legal tiene como objetivo “la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuida para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso o electrónico, analógico o digital, en el territorio nacional” (Ley General de Bibliotecas, 2021). El tipo de material al que se refiere son libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos, periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias; material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes; partituras, fonogramas, discos y cintas, obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías; material gráfico, carteles y diagramas, entre otras, de las cuales se excluyen las publicaciones y documentos que competen a la Ley General de Archivos (Artículos 33, 34 y 35).

En lo general, el Depósito Legal tiene como objetivo conservar una parte significativa de la memoria de la nación y garantizar que todo lo producido en el país esté a disposición pública. De esta manera se une un eslabón determinante en la cadena del libro que idealmente nos permite un control y conocimiento de todo lo publicado en México a lo largo de su historia.

El Depósito Legal tiene sus antecedentes en las Cortes de Cádiz de 1812 y se consolidó a lo largo del siglo XIX conforme México se definía independiente y republicano, reconociendo en lo publicado, una parte importante de la memoria de la nación. En el siglo XX el país vivió un proceso de modernización de la cultura entre 1984 y 1994, se creó Conaculta y las bibliotecas se fortalecieron a través de la Red Nacional de Bibliotecas. Se dictó el “Decreto de Depósito Legal” (1991) que derogaba al anterior de 1965 y actualmente la Ley General de Bibliotecas en su capítulo X, establece los lineamientos bajo los cuales debe regirse el Depósito Legal.

En la actual Ley se establecen como depositarias a la Biblioteca de México, la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México. En esta hay claridad en los objetivos, priorizando la integración del patrimonio cultural y la obligatoriedad de las bibliotecas de preservar y poner a disposición pública el material. Se establecen los tipos de materiales sujetos de depósito, los productores y/o editores, la cantidad y los tiempos de entrega, y las sanciones en caso de incumplimiento. Se controla el material y el cumplimiento del Depósito Legal a través de informes mensuales y anuales, además del control por el ISBN y el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Las bibliotecas receptoras pueden establecer vínculos con otras instituciones.

Referente a los estados de la República, falta claridad en la definición del papel que juegan los estados sobre el Depósito Legal, sólo deja a los editores la obligación de cumplir con el Depósito, quienes asumirán el costo de envío de sus materiales, que deben ser dos ejemplares por Biblioteca, una visión que sigue siendo centralista.

Pero México es una Federación, lo que dota de posibilidad a los estados para que cada uno regule sobre Depósito Legal. Así lo han hecho Jalisco en 1989, San Luis Potosí en 2000 y el Estado de México en 2011, por mencionar algunos. Aguascalientes tiene su Ley de Promoción a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y si tiene referencia al Depósito Legal sin tener muy claros los procesos de funcionamiento, ni especificar la Biblioteca o las Bibliotecas a las cuales deberían de hacerse el Depósito. Deja al Instituto Cultural de Aguascalientes la responsabilidad de definirlo.

Lo cierto es que ni en México ni en Aguascalientes ha funcionado a cabalidad esta figura jurídica, lo que no ha permitido que se conserven los materiales que dispone la ley y eso debería preocuparnos, porque a la postre se pierde una parte muy importante de la memoria nacional.

Particularmente en Aguascalientes el Capítulo VII de la Ley, establece qué constituye el Depósito Legal y se centra exclusivamente en lo referente a Editoriales, pero no considera el material audiovisual, ni publicaciones periódicas, ni mapas, ni ningún otro tipo de producción que no sea libros, por cómo se sobreentiende en la ley. Tampoco es clara con las funciones que debe tener el Instituto Cultural de Aguascalientes, dejando muy abierto y ambiguo el trabajo que se debería hacer desde esta institución, que es corresponsable del sistema bibliotecario del estado.


El no funcionamiento del Depósito Legal en Aguascalientes deja claro que algo en la cadena local del libro no está cumpliendo con sus objetivos si consideramos que en este circuito deben ser considerados editores, editoriales, impresores, libreros, lectores, ferias del libro, autores y bibliotecas, porque no se está promoviendo el acceso a las publicaciones locales a cabalidad, y me refiero a todas las publicaciones, no sólo las institucionales, ni se está reconociendo a todos los editores que producen y hacen libros, ni a los que generan música ni a los que hacen mapas o películas y de paso, nos quedamos sin la memoria local que habría que buscar en un futuro a través de colecciones particulares.

Me parece que necesitamos del tutelaje de las instituciones para que se procure una nueva formulación del Depósito Legal local y su reglamento, pensando en el presente, pero también en el futuro, pensando desde una perspectiva histórica y patrimonial. El Depósito Legal también nos permitiría identificar un Patrimonio poco reconocido y del que prácticamente no hablamos: el bibliográfico y audiovisual.


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