Las operaciones turbias del magistrado Vargas Valdez - LJA Aguascalientes
23/10/2021

APRO/Arturo Rodríguez

 

Una serie de operaciones sospechosas, con creación de empresas fachada y depósitos en cuentas bancarias fuera del país, supera ocho veces los ingresos que el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vargas Valdez el pasado 12 de junio, en la que advierte la realización de dichas operaciones por un monto de 106 millones 915 mil 433 pesos.

Esta cantidad se suma los 36 millones 487 mil 433 pesos que en la primera denuncia, presentada el 19 de febrero de 2020, había considerado únicamente las operaciones realizadas tanto en bienes inmuebles como en depósitos a sus cuentas bancarias, para un total de 143 millones 403 mil 337 pesos, acumulados en su riqueza personal entre 2013 y 2018.

Los flujos documentados por la UIF destacan como “lo más relevante” de las diversas irregularidades detectadas en su patrimonio, como la inconsistencia entre los recursos declarados al SAT, todos provenientes de su desempeño como servidor público, con “los verdaderamente operados en sus instrumentos financieros”.

El magistrado electoral reportó al fisco que durante ese periodo tuvo ingresos por 16 millones 744 mil 264 pesos, pero en realidad sus cuentas bancarias registraron operaciones por 36 millones 487 mil 433 pesos, de manera que hay una diferencia inexplicable de 19 millones 743 mil 169 pesos.

Esta información fue ampliada en junio, luego que la UIF indagara las cuentas bancarias de su esposa, Mónica, y su cuñado, Peter, ambos de apellido Bauer Mengelberg López, así como de las razones sociales Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafraum, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total.

La indagatoria de la UIF identificó que esposa y cuñado realizaron operaciones con Vargas Valdez, es decir, hicieron depósitos que no guardan relación con lo declarado al SAT, además de que realizaron transferencias al extranjero y constituyeron las mencionadas razones sociales que sólo sirvieron como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de ser “posibles fachada”, las cuales dejaron de funcionar una vez recibidos los depósitos.

A Vargas Valdez se le ha documentado parte de su riqueza en inversiones inmobiliarias tanto en Miami como en Valle de Bravo así como en las Lomas de Chapultepec y Polanco, sectores capitalinos de alta plusvalía.


Lo anterior se agrega a su estilo de vida: sólo en 2019 realizó 53 viajes internacionales con cargo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde, sin ser aún presidente, llegaba a rematar sus paseos con vacaciones familiares.

En medio de la crisis detonada en dicho tribunal, luego de que el pasado 4 de agosto Vargas Valdez fuera destituido por cinco de los siete magistrados de la Sala Superior, uno de los argumentos ha sido precisamente la pérdida de confianza en él por las denuncias que hasta ahora permanecen estancadas en la FGR.

La dependencia dio carpetazo a la primera denuncia de la UIF, que sin embargo amplió la información y presentó el segundo caso contra Vargas Valdez en la diligencia mencionada del pasado 12 de junio.

 

Los lazos de Vargas

Un seguimiento realizado a las razones sociales identificadas por la UIF permite observar que hay al menos dos empresas que sí han registrado operaciones, incluso de proveeduría al gobierno federal y al PRI.

Una de ellas es Asesoría Estrategia Total, SC, despacho que preside el priista Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna, inscrito en el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral para prestar servicios al PRI nacional por un monto de 440 mil 800 pesos, con cargo a las prerrogativas del instituto político.

Este contrato, signado el 2 de agosto de 2019, corresponde exclusivamente a servicios para ese mes y consistió en una “consultoría estratégica para el acompañamiento estratégico legislativo” a la presidencia del PRI.

Proceso identificó también la razón social Consorcio de Litigio Estratégico, con tres contratos correspondientes a 2016, 2017 y 2018 por servicios de consultoría jurídica y constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica. El primero es por 800 mil pesos, el segundo por un millón 100 mil y el tercero por 258 mil 620 pesos.

Una razón social más es JL Vargas y Asociados, una firma que el propio magistrado incluyó en su declaración patrimonial de 2016, al iniciar su periodo en el TEPJF.

En la búsqueda realizada por este semanario, el despacho destaca por proveer de consultoría jurídica a Pepsico México, a la que también le ha prestado servicios Asesoría Estratégica Total. En esa trasnacional la esposa de Vargas Valdez, Mónica Bauer, es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad.

En tanto Peter Bauer, conocido ampliamente por conducir un programa dominical en Canal 40 y por sus colaboraciones en diversos medios de comunicación, es la figura central de las firmas Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total, identificadas por la UIF como empresas cuyas cuentas realizaron movimientos que beneficiaron a Vargas Valdez y su cónyuge, pues es socio de la primera y fue director de la segunda.

La firma en la que aparecen Mónica y Peter Bauer como accionistas es Inmobiliaria Pasavaba. De acuerdo con el acta asentada en el Registro Público de Comercio el 9 de mayo de 2019, dicha empresa tiene por objeto una serie de actividades relacionadas con urbanización, ostentando ella 99% de las acciones y el cargo de administradora única.

Las empresas sobre las que no se localizaron datos abiertos son Inmobiliaria Schlafraum y Nerix, precisamente las que la UIF identifica como posibles fachadas que funcionaron como captadoras de depósitos y después cerraron.

Polémico desde el inicio de su desempeño por los gastos excesivos en viajes internacionales bajo el pretexto de crear una red global de justicia electoral, así como por extravagancias como gestionar vehículos blindados, Vargas Valdez llegó a la presidencia del TEPJF el pasado 3 de noviembre, en una votación dividida. Finalmente se quedó sólo entre los dos grupos originalmente confrontados y fue destituido por cinco de seis magistrados el 4 de agosto pasado, desautorizado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y enfrenta la nueva denuncia de la UIF por su riqueza personal. 


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