- En total, desde el 2015, se han aplicado 160 sanciones a servidores públicos
- La inhabilitación del servicio público fue la sanción más común
En Aguascalientes, desde 2015 y hasta 2019, se han emitido 160 sanciones en contra de servidores públicos que laboraron en instituciones tanto federales como estatales, lo anterior lo reveló Impunidad Cero en su investigación La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad.
En la introducción del documento, consultable en la página: www.impunidadadministrativa.com, se destaca que en México existe el sistema de responsabilidades administrativas para investigar y sancionar las irregularidades que cometen las y los servidores públicos. “Este sistema sirve para detectar faltas administrativas, como, por ejemplo, el abuso de funciones o el uso indebido de información privilegiada, con el fin de sancionar estas conductas”, señala la pesquisa elaborada en colaboración con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública.
La importancia que tienen las sanciones respecto al abuso de poder o a otras conductas de los servidores públicos que merecen ser sancionadas “radica en que, de quedar impunes, abren la puerta a conductas de mayor impacto social como son los delitos relacionados con actos de corrupción y a generar instituciones públicas ineficientes”.
La impunidad administrativa derivada de la falta de sanciones a servidores públicos corruptos o que no cumplen con sus obligaciones “genera un ambiente propicio para la aparición de irregularidades en la administración de los recursos públicos que pueden derivar en delitos relacionados con actos de corrupción”.
Según ImpunidadCero, la mayor parte de las 160 sanciones que entre el 2015 y el 2019 se dieron a servidores públicos de Aguascalientes fueron inhabilitaciones y suspensiones. En total fueron 113 las inhabilitaciones; 19 suspensiones; 13 sanciones económicas; 11 amonestaciones privadas; y cuatro amonestaciones públicas.
En Aguascalientes el extitular del IEA, Francisco Javier Chávez Rangel, la exregidora Hazel Montejano García o el extitular del Osfags, Arturo Solano López, por mencionar algunos, fueron sancionados con inhabilitación; todos investigados en su momento por hechos de posible corrupción.
También al exsecretario de Desarrollo Social, Marco Aurelio Hernández, se le dio una inhabilitación de cinco años por la entrega ilegal de 200 concesiones de transporte público; luego de que este cumpliera su sanción fue recontratado por el gobernador panista Martín Orozco Sandoval este 2021 como parte del gabinete estatal en la Secretaría de Turismo (Sectur), para luego ser reemplazado por Jorge López.
