Publicada ya la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en que el INEGI desglosa los datos correspondientes, (Fuente: El Financiero. Por Cristian Téllez, julio 29, 2021. Pandemia ‘tiró’ 5.8% los ingresos de los hogares. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/29/pandemia-tiro-58-ingresos-de-hogares/), tuvo como hallazgo principal el hecho de que el ingreso de los hogares mexicanos reportó un descenso de 5.8 por ciento en el 2020, respecto a 2018, luego de una caída de 4.2 por ciento en los dos años previos. Ciclo de los primeros dos años constitucionales de ejercicio del presente gobierno. Para concluir que de acuerdo con sus estadísticas registradas, los hogares más ricos registraron 16.4 veces más ingresos que los hogares más pobres durante el año pasado, con 54 mil 427 pesos al mes, contra 3 mil 313 pesos. En 2018 la relación fue de 18.34 veces. Comportamiento que ahonda la desigualdad social entre los mexicanos, y la desesperanza por su legítimo desarrollo.
En su turno, ahora, El Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) acaba de publicar sus Resultados de pobreza en México 2020 a nivel nacional y por entidades federativas, (Fuente: Coneval. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx), cuyo eje indicador de Línea de pobreza por ingresos, arroja que la Población con ingreso inferior a la línea de pobreza evolucionó de 49.9% en 2018, a 52.8% en 2020, lo que representa un subtotal de 43.2 a 44.9 millones en pobreza moderada; y del 14.0% en 2018 al 17.2% en 2020, con un volumen de 8.7 a 10.8 millones de personas, respectivamente en 2018 y 2020, en pobreza extrema. Cifras que evidencian por sí solas, el grave impacto del tiempo entre crisis económica rampante y pandemia del coronavirus Sars-CoV2, bajo la gobernanza de la Administración federal actual.
Lo que significa que en este bienio la pobreza en México evolucionó de 41.9%/2018 a 43.9%/2020; que la pobreza extrema del país saltó del 7.0%/2018 a 8.5%/2020; que la población vulnerable por carencias sociales descendió del 26.4%/2018 al 23.7% 2020; que la población vulnerable por ingresos creció de 8.0%/2018 a 8.9%/2020, es decir, de 9.9 millones de pobres crecimos a 11.2 millones de personas en pobreza; y que la población que cuenta como no pobre y no vulnerable del país representa el 23.7%/2018 y 23.5%/2020, el equivalente a 29.3 y 29.8 millones de mexicanos, respectivamente, que se encuentran fuera de la línea de pobreza.
Datos duros que no soportan enmascaramiento alguno bajo los burdos y tercos distractores del Ejecutivo Federal, para evadir su encuentro cara a cara con el verdadero cautiverio económico y de carencias de desarrollo a que está siendo sometida la mayoría de la población del país. La responsabilidad de gestión tanto de la crisis económica como de la pandemia son de él y nada más que de su propio gobierno. El hecho de alabar lo “exitoso” de la consulta pasada, no es más que un subterfugio para no encarar de veras la vergüenza pública que causa el franco y afrentoso desdén que le mereció tal convocatoria a la ciudadanía.
La recién levantada Consulta Popular constitucional conducida por el INE, con todo y las muy creíbles y fundadas razones de éxito que el mismo instituto exhibe, es válida bajo la formalidad técnica y gerencial con que la desarrolló y que sí le correspondía; no así en razón de los objetivos finales de contenido que pretendía –enjuiciar a los expresidentes de la República de los últimos 5 sexenios-; y mucho menos por los fines inconfesables que ocultó intencionalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cargar a tales personajes con la ignominia histórica ad perpetuam rei memoriam de su culpabilidad ante el “pueblo”; y más vergonzoso aún, el levantarse él mismo –por consecuencia- con la gloria inmarcesible del olimpo republicano, como su juez implacable. El 7 y 7.74% de emisores de voto que obtuvo es lo más elocuente y contundente de su rotundo fracaso, por más que se elogie su instrumentación como inicio para la democracia participativa. Esta consulta en cuanto que tal –entiéndase su naturaleza intrínseca de identidad- resulta en un absoluto y estridente fracaso. Por lo que este número, de los que llamé, “indignados” contra el Ancién Régime, no parece ni tan consolidado y tan convencido de que ésta fuera la vía para enjuiciar en bloque a los mandatarios del pasado.
Con todo lo aquí señalado, el presidente López Obrador acaba de declarar que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE deben pasar por una necesaria reestructuración. Del primero no lo dudo, debido a la probada impericia y pretendida dislocada imposición que intentó su magistrado presidente, José Luis Vargas, al resto del cuerpo de magistrados; pero, del segundo, no existe justificación alguna, para meterle mano y ajustarlo a su antojo; y con ello trastocar su normal funcionamiento y estructura, salvo los cambios ya previstos por Ley. Esta intervención anunciada es ejemplo perfecto de los constantes e insensatos señuelos que lanza el Ejecutivo en su afán de ocultar, bajo intención manifiesta, para no afrontar los retos inevitables que le presenta la realidad social de México.
En el análisis social existe ya de buen tiempo atrás, la figura del mecanismo de posposición, al que recurre un funcionario o un gobernante para no llegar a término y cumplir, ya sea con una promesa o un deber patente bajo su competencia y obligatoriedad. Al advertir su falla, no deja de posponer la fecha de su cumplimiento o de justificar los “factores imprevisibles” que se están interponiendo. La importancia de esta fuga hacia el futuro es que la relevancia y apremio del bien o valor incumplido son directamente proporcionales a la fecha de su negación; y además, avanzan adversamente en demérito de la legitimidad del funcionario que así actúa.
Es ya parte de la teoría del análisis social el concepto de “los límites de la legitimidad” (ensayo ya clásico de Alan Wolfe, 1980, Siglo XXI), para significar que el incumplimiento de un compromiso político –sobre todo de relevancia ciudadana-, implica una secuela de tensiones sociales provocadas precisamente por el aplazamiento o posposición de su resolución. “Atrapado entre la tendencia democrática hacia la política y la tendencia despolitizadora de la sociedad liberal, el ciudadano del capitalismo tardío desarrolla una esquizofrenia política”.
El problema de esta esquizofrenia ciudadana entre optar o no en el ejercicio constitucional de sus derechos, no radica en alguna causa interna ya sea mental o emocional, sino que esa causa hay que buscarla enfáticamente en el comportamiento, acciones, actitudes y decisiones de los gobiernos en funciones, y también en sus inmediatos antecesores. Me explico, la despolitización actual que observamos en los ciudadanos –entiéndase a nivel global del capitalismo hegemónico mundializado- es inducida por los mismos actores políticos, principalmente los que actúan desde las posiciones de gobierno. Por ejemplo, el notorio incremento de los asesinatos dolosos, en grandes regiones del país, procede en contra de la expectativa de seguridad y paz ciudadana, por lo que en tanto más se posponga su alivio o control, más crecen las tensiones al interior de la sociedad, y se hace mayor el descrédito de la autoridad así involucrada, disminuyendo proporcionalmente su legitimidad para gobernar.
Caso notorio del desabasto de equipamiento y medicamentos críticos del Sistema de Salud. O de los también inacabados e interminables módulos para cajeros del “banco del Bienestar”. Que, iban a estar en funcionamiento al año de su gestión, y ya vamos casi al borde del tercer ejercicio y no sabemos para cuándo será su instalación. Mientras tanto, los adultos mayores, siguen recibiendo sus remesas bimestrales mediante los giros de Telemcom, mediando el penoso desplazamiento para muchos, sin que exista ni siquiera la expectativa de recibir una tarjeta plástica para su bancarización.
Efectos de esta esquizofrenia ciudadana: se termina por excluirse a sí mismo de la participación ciudadana, la cual resulta despolitizada como opción expresa de un gobierno que percibe como autárquico, autoritario. Y conlleva un consabido Impacto social: desencanto, despolitización, incremento de los saldos y rezagos históricos y sociales. Lo que causa, al final, una reconversión ciudadana por un relevo político del grupo gobernante, con la esperanza de ser incluido ahora sí, en la toma de decisión de sus derechos al desarrollo humanamente integral y a elevar efectivamente su calidad de vida, sin posposiciones.
