APRO/Rodrigo Vera
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto donde se establece un monto de cinco mil 821 millones 851 mil pesos como financiamiento público para los partidos políticos nacionales.
En sesión pública, los consejeros y consejeras aprobaron este financiamiento por concepto de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas, correspondiente al ejercicio presupuestal 2022.
La presidenta de la Comisión del INE, Claudia Zavala, recordó que a pesar de que el Instituto deberá presupuestar estos recursos para el próximo año, su definición es producto de lo previsto en el artículo 41 constitucional, así como en la ley electoral.
Señaló que la distribución de los recursos a cada partido quedará definida una vez que se concluya el desahogo de los medios de impugnación, por lo que estimó que a finales de agosto y sin duda el 1 de septiembre habrá claridad sobre la asignación de la bolsa sin que se tenga que detener la asignación presupuestal.
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, indicó que, al igual que los procesos anteriores, en este punto únicamente se considerará el monto total de las prerrogativas, por estar pendientes las impugnaciones sobre los resultados del proceso electoral 2020-2021.
La definición de la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional, en función de la fórmula aritmética constitucional que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final.
Con ello, se realiza la definición de los recursos, en función de los siguientes rubros: sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica.
El cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se realizó considerando el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral, que son 95 millones 170 mil 381, así como el 65% del valor de la UMA, que corresponde a 58.25 pesos.
Definido este rubro, la Constitución prevé que el equivalente al 3% de estos recursos debe considerarse para actividades específicas relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.
La Ley General de Partidos Políticos establece que en año no electoral, el equivalente del 2% de las actividades ordinarias permanentes debe ser considerado para franquicias postales, y contemplar un monto que se distribuya igualitariamente para las franquicias telegráficas, a pesar de que no se han utilizado desde 2018.
Sobre este punto, la consejera Zavala estimó pertinente que el Legislativo analice si se mantiene esta prerrogativa, que ha quedado en desuso debido a las nuevas formas de comunicación.
El acuerdo será sometido a consideración del Consejo General del INE para su inclusión en el proyecto de presupuesto de 2022, que será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
