APRO/Gloria Leticia Díaz
Televisa, TV Azteca y La Jornada, acumularon casi el 30% de los fondos federales destinados a la contratación de publicidad oficial ejercidos durante 2020, recursos que ascendieron a 2 mil 248 millones de pesos, informaron Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
A partir de la revisión del gasto definitivo en publicidad oficial ejercido el año pasado, obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (Comsoc), que depende de la Secretaría de la Función Pública, las organizaciones advirtieron que durante 2020 el gobierno federal ejerció 204 millones de pesos menos del presupuesto programado para ese año, que era de 2 mil 452 millones de pesos.
En su análisis, las organizaciones resaltaron que si bien, los recursos públicos destinados a la contratación de publicidad oficial representa “alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto”, ambas administraciones comparten como rasgo común “la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial”, lo que se considera una mala práctica al permitir “la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones”.
En cuanto a medios de comunicación, Artículo 19 y Fundar resaltaron que 52% de los fondos destinados por esta administración, para publicidad oficial se concentraron en 10 de los 457 medios de comunicación que recibieron dinero público en 2020, destacando Televisa, TV Azteca y La Jornada, por haber obtenido el 28.6% del total.
Con tal concentración, durante 2020 se destinó menos de la mitad de la totalidad de los 2 mil 248 millones a 447 medios, “lo cual se traduce en una inequitativa y desigual distribución”.
De acuerdo a la información oficial, durante 2020 el gobierno federal destinó poco más de 222 millones 186 mil a Grupo Televisa, S,A.B., que equivale a 9.88% del total ejercido; a Estudios Azteca, S.A. de C.V. canalizó más de 213 millones 208 mil pesos, es decir 9.48% de lo gastado, y a La Jornada, Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., más de 208 millones 402 mil pesos, que equivalen a 9.27%.
Otros destinatarios de los fondos públicos para la compra de publicidad oficial fueron Medios Masivos Mexicanos S.A de C.V., que acumuló 145 3 millones de los fondos ejercidos; Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V. Grupo Radiofórmula, con 93.6 millones; Telefórmula, S.A. de C.V, con 50.4 millones ; Organización Editorial Acuario S.A de C.V, con 59.5 millones; Centro de Cultura Nuestra América A.C., 52.7 millones; Edición y Publicidad de Medios de los Estados S de R. L. de C.V., 52.1 millones y Milenio Diario, S.A. de C.V., 48.8 millones.
En estos diez medios, el gobierno de López Obrador gastó mil 176 millones 603 mil 112 pesos, dejando mil 71 millones 822 mil 354 pesos para ser distribuidos entre 447 medios.
Artículo 19 y Fundar destacaron que durante 2020, de las 93 instituciones que ejercieron el gasto destinado a publicidad, cinco concentraron más del 70% de los fondos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 698.11millones de pesos; Pronósticos para la Asistencia Pública, 413.7 millones; el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), 244 millones; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 145.8 millones y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 110.5 millones.
Las organizaciones destacaron que la Secretaría de Salud, que durante 2020 tuvo un papel relevante en la lucha contra la pandemia de covid-19, ocupó el lugar 21 de las 93 instituciones que ejecutaron el gasto en publicidad oficial, con 13 millones de pesos, es decir, 0.6% del total.
Las otras cinco dependencias que ejercieron de manera relevante el presupuesto para contratar publicidad oficial fueron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 104.66 millones; la Secretaría de Gobernación (Segob) con 86.8 millones; la Secretaría de marina con 48.5 millones; Nacional Financiera, SN.C, (Nafin) 44.9 millones de pesos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 31.1 millones de pesos.
Esas diez dependencias ejercieron mil 928 millones 464 mil pesos, dejando a las 83 dependencias restantes 319 millones 961 mil 457 pesos.
Tras recordar que, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “en casos de emergencia las radios y televisoras deben ofrecer espacios gratuitos”, las organizaciones reconocieron que “el gobierno ha informado de manera oportuna”, de la evolución de la pandemia en conferencias vespertinas encabezadas por la Secretaría de Salud durante 15 meses.
De acuerdo al análisis otra característica detectada en 2020 fue la tendencia del “gasto decembrino”, toda vez que “hubo una concentración del 69% del gasto en el mes de diciembre, mientras que en el primer semestre del año se ejerció únicamente el 2.6%, es decir menos de 58 millones”.
Para las organizaciones “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información, así como a la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.
Artículo 19 y Fundar recordaron que están pendientes de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2019, el partido político Movimiento Ciudadano y senadores en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social, en tanto que no se ha resuelto un amparo presentado por Artículo 19 contra dicha ley.
“Las tendencias identificadas a partir de datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada”, para dar lugar a una discusión “en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legislaras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad”, concluyeron las organizaciones.
