Apoyo de influencers en campaña, (caso Mariana-Samuel-MC)/ Meridiano electoral  - LJA Aguascalientes
21/10/2021

En semanas pasadas, el Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 448 mil 995 pesos al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido aportaciones económicas en especie de su esposa Mariana Rodríguez sin haberlas reportado a la autoridad. Además, de una multa de 55 millones 400 mil pesos al partido político Movimiento Ciudadano.

Lo anterior, puesto que Mariana Rodríguez, tiene actividad empresarial y desde 2018 registró su nombre como marca y persona física con actividad empresarial en el Servicio de Administración Tributaria.

Por lo tanto, el INE determinó que colocó sus servicios publicitarios y su cuenta de Instagram, al servicio de la campaña de Samuel García, lo cual debió ser reportado como gasto de campaña, al representar un beneficio para el entonces candidato, y no puede escudarse en la relación matrimonial que tienen ambos.

Inconformes con la anterior sanción, tanto Mariana y Samuel, como Movimiento Ciudadano, presentaron recursos de apelación, para dejar sin efectos las multas.

Ahora bien, tal y como se establece en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 de la Ley General de Partidos Políticos, la ley garantizará que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades. De la misma forma, se debe garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados.

De tal forma que, existe una prohibición de que los partidos políticos reciban aportaciones de ciertos entes, la cual atiende a la necesidad de que los institutos políticos no obtengan una ventaja indebida sobre otros contendientes.

Así, al haber existido supuestas irregularidades relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos del partido político y de una de sus candidaturas, la autoridad nacional electoral, impuso las multas fijadas en líneas anteriores.

El presente caso, revistió características particulares, ya que lo denunciado fue la aportación de un ente que el INE consideró como prohibido, realizado por una persona con carácter de influencer y que emitió las publicaciones en su red social.

Ahora bien, para analizar este asunto, fue necesario considerar en qué forma, las publicaciones o manifestaciones que se hagan en materia política, trascendieron o beneficiaron a una determinada campaña y, por tanto, deban ser consideradas como aportaciones en especie o, incluso, aportaciones de un ente prohibido.

Lo complejo de ello, es que ese análisis debió realizarse bajo la luz del derecho a la libertad de expresión, derecho fundamental en una sociedad democrática, el cual, incluso tiene una protección reforzada cuando se trata de publicaciones en internet.


Ahora bien, como resultado, la Sala Superior tuvo a bien determinar dejar sin efectos las multas impuestas a Samuel García y Movimiento Ciudadano, en cuanto hacían las sanciones por las aportaciones en especie realizadas por Mariana Rodríguez, basando la sentencia en lo siguiente:

  1. a) La exteriorización previa de vínculos afectivos
  2. b) La evidencia pública de una relación estrecha
  3. c) La ausencia de elementos de mercantilización de la conducta
  4. d) La constatación de una constante actividad en las redes sociales en las que se comparten experiencias de tipo personal, familiar o grupal que impliquen relaciones afectivas
  5. e) La ausencia de elementos que razonablemente permitan suponer que la conducta está motivada preponderantemente por intereses o fines distintos a los estrictamente afectivos

De tal manera que, nos encontramos ante un criterio relevante, dado que la fama pública o imagen de un influencer sí puede ser cuantificable siempre que se acredite la existencia de alguna connotación de comercio o estrategia publicitaria (tendiente a generar un beneficio) en sus publicaciones a favor de un partido político o candidatura.

No obstante, no estoy de acuerdo en el manejo de la sentencia, en cuanto a hacer relevante la calidad de esposa de la influencer, cuando ello sólo debió considerarse como un indicio, puesto los puntos claves para determinar dejar sin efectos las sanciones, versaban en acreditar la espontaneidad de los mensajes, puesto que el vínculo matrimonial es sólo un hecho fáctico del caso y no debió ser el argumento principal de la decisión.

Además, ante la falta de una transacción económica entre Mariana y Samuel, así como que no existieron elementos que indicaran que promovió la candidatura con la expectativa de obtener un beneficio a futuro, era suficiente para arribar a su determinación, sin hacer un eje central de la misma, el vínculo matrimonial.

Por ello, coincido con el INE en cuanto que no debe existir como justificación a un indebido ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de sus acciones y publicaciones en las redes sociales, el vínculo matrimonial o relación sentimentales de los sujetos investigados, pues ello permitiría que las candidaturas y partidos obtengan una ventaja en la contienda electoral al aprovecharse de una situación como esta. Sin embargo, ante la ausencia de elementos que razonablemente permitieran suponer que la conducta estaba motivada preponderantemente por intereses o fines económicos, no se debió imponer una sanción.

En conclusión, sustentar la resolución como se hizo, deja abierta la posibilidad de futuros fraudes a ley, permitiendo que por algún parentesco o relación personal, se pueda apoyar gratuitamente a alguna candidatura o partido, cuando lo relevante debe ser si existe o no alguna contraprestación de servicios, un pago y/o un beneficio mutuo.

 


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