Comunicaciones militares y de seguridad pública: La 4T quita un monopolio... pero crea otro - LJA Aguascalientes
21/10/2021

APRO/Neldy San Martín

 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a un monopolio de 20 años que ofrecía tecnología, dispositivos y mantenimiento a la red de comunicaciones que utilizan las instituciones castrenses y las corporaciones policiales de México. Sin embargo, las recientes licitaciones revelan que se trata de una simulación porque ahora benefician a otra compañía…con costos más elevados.

Los aparatos de radiocomunicación son una de las herramientas más elementales de las instituciones castrenses y de seguridad pública. Y desde los noventa, ha significado un negocio redondo la Red de Misión Crítica, utilizada por las corporaciones militares y policiales ante situaciones de emergencia y protección civil.

Durante 20 años un monopolio controló la Red Nacional de Radiocomunicación en México, columna vertebral de las comunicaciones de seguridad a escala nacional, conocida como Red Iris.

Después de dos décadas el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para poner fin a la dominación en ese mercado. Sin embargo, los primeros pasos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) van en sentido contrario a la libre competencia y apuntan –de nueva cuenta– a la concentración de los contratos.

Concursos posteriores al decreto de López Obrador han terminado en simulaciones de licitaciones con un solo ganador: Motorola Solutions.

El 30 de julio de 2020, un mes antes de la orden presidencial, la Sedena lanzó una licitación pública para adquirir 75 equipos de radio con el estándar P25, lo que permitiría que cualquier fabricante de esta tecnología pudiera participar.

Sin embargo, la Sedena hizo en el anexo de la licitación una especificación: requería equipos “PX 2000 Modelo 2”, que son exclusivos de Motorola. Lo anterior contravino la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y desató quejas del resto de los participantes.

“Limita el proceso de competencia y la libre participación al establecer requisitos que sólo cumple una empresa (Motorola)”, cuestionó la firma Servicios de Integración e Ingeniería para Telecomunicaciones, según quedó asentado en el acta de la Junta de Aclaraciones.


“El equipo solicitado corresponde a un equipo de Motorola (…) Se podría proponer un equipo equivalente y favorecer la libre competencia y las mejores condiciones para la convocante”, solicitó por su parte la empresa 2b Techno Convergens.

El 15 de septiembre de 2020, después del decreto federal, la Sedena adjudicó a Motorola Solutions de México el contrato de los radios por cinco millones 549 mil 999 pesos. Esto es, 74 mil pesos por aparato; 44 mil pesos más caros que los radios de tecnología Tetrapol que ese mismo año adquirió el ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para sus policías municipales en 30 mil pesos por unidad.

La compra a ese precio también va contra el espíritu del decreto presidencial que ordena generar ahorros en las arcas públicas y contra la propia austeridad republicana que enarbola el gobierno de la 4T.

El 28 de diciembre último la Sedena publicó la licitación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Radiocomunicación Troncalizado de la SDN de tecnología Motorola. En la licitación pública sólo se presentó un interesado: Motorola. El monto del contrato adjudicado fue de cuatro millones 650 mil pesos.

Otras licitaciones también favorecen a la misma empresa. Es el caso de la licitación pública de la Sedena para Ciudad Acuña, Coahuila, por la adquisición de 24 radios portátiles, un radio base, un radio móvil, dos repetidores fijos y un repetidor portátil de tecnología P25, que fue entregada a Motorola el 16 de julio último por tres millones 626 mil 392 pesos.

A principios de septiembre, Proceso solicitó una entrevista con la Sedena, pero respondieron vía correo electrónico que, “debido a las múltiples actividades agendadas con anterioridad, por el momento no es posible acceder a su solicitud”.

La Secretaría de Marina (Semar), a su vez, ha adjudicado de manera directa cuatro contratos a Motorola Solutions, por dos millones 73 mil 380 dólares en 2020, excusándose de realizar licitación pública y ocultando del sistema gubernamental de compras públicas, Compranet, el objeto de los contratos.

Gobiernos estatales, como los de Coahuila y Oaxaca, también simulan licitaciones públicas, pues direccionan sus especificaciones a una sola marca: Motorola. Ambas contaban anteriormente con tecnología Tetrapol.

En el caso de Coahuila se trata del concurso para la contratación del servicio integral de telecomunicaciones y equipamiento, para la implementación de sitios de repetición para la cobertura en el sistema P25 del C4, fase 1, del 3 de julio de 2020.

En las bases expresamente se pide que para el aprovechamiento de la infraestructura P25 del país, “los sitios de repetición propuestos deberán ser compatibles con alguno de los controladores centrales con tecnología P25 operado por las Fuerzas Armadas o las secretarías estatales de Seguridad Pública”. Esto, en términos llanos, significa que piden controladores de la marca Motorola, pues todos los existentes son de esa tecnología.

La licitación fue adjudicada a la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V., por 76 millones 693 mil 965 pesos. Esta compañía, con sede en Nuevo León, provee servicios Motorola, y desde el gobierno saliente de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, es contratista de la Red de Radiocomunicaciones de la entidad neoleonesa.

En consecuencia, como el controlador es marca Motorola, la adquisición, suministro, instalación y puesta en marcha de 19 equipos de enlaces de banda microondas e inalámbricas de siete GHZ y 96 terminales digitales portátiles, tecnología P25, para el centro de comunicaciones, cómputo,­ control y comando del gobierno del estado tenían que ser de Motorola.

Las licitaciones de la Sedena y la inclinación de la balanza hacia el estándar P25 –desde los lineamientos de los concursos– en el sector hacen temer el surgimiento de un nuevo monopolio.

Este semanario buscó a la encargada de la Comisión de la RINR, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para conocer su opinión al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ningún comentario.

 


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