- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción determinará las responsabilidades de diputados en el caso de “La Caja Negra”
- Si a los denunciantes se les da el carácter de ofendido podrían dar un seguimiento a la investigación y decisiones que tome la fiscalía
En la primera semana de junio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó el reportaje “La Caja Negra de Aguascalientes” en donde ventiló que el Congreso del Estado desvió 140 millones de pesos que fueron pagados a compañías ligadas a una red de empresas fantasma. La suma facturada equivale al 70 por ciento del presupuesto anual legislativo y coincide con lo destinado a una bolsa de 149.2 millones de pesos que no han transparentado en qué se gastó.
A tres meses de este reportaje, los ciudadanos Francisco Miguel Aguirre Arias, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (CPC Aguascalientes) y Francisco Javier Ruiz López, presidente de México Líder y expresidente de Coparmex Aguascalientes, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes y ante la Fiscalía General de la República contra los integrantes de la LXIV Legislatura.
El jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, José Luis Eloy Morales Brand, explicó que la fiscalía anticorrupción tendrá que integrar la carpeta con la información que se expuso en el reportaje y con la evidencia necesaria que corrobore el desvío de recursos.
En la investigación de Mónica Cerbón y Jennifer González señalan que los implicados en este desvío serían los integrantes de la Comisión de Vigilancia y del Comité de Administración. El abogado destacó que la denuncia no es necesariamente sólo contra ellos, pues recordó que la denuncia fue de hechos, no contra una persona en particular.
Por lo tanto, en la indagatoria se podría verificar quien realmente tiene responsabilidad directa, tendrían las autoridades que verificar qué conocimiento tenían cada uno de los legisladores que aprobaron las cuentas de estos hechos.
“Tendríamos que ver los roles de las comisiones, cómo se hizo el estudio para aprobar las contrataciones, cómo llegaron a los acuerdos y qué información se pasó a las diputadas y diputados y determinar las responsabilidades”.
A partir de ahí, si la Fiscalía considerara que habría elementos suficientes para llevar el caso ante jueces, esta tendría que solicitar al Congreso local un procedimiento desafuero, si es que los implicados continuaran siendo diputados o ejercieran un cargo donde se tenga fuero, comentó.
Para dicho proceso de desafuero al interior del Poder Legislativo se tendría que formar una comisión que analizaría cada uno de los casos para posteriormente ser presentado ante el pleno legislativo. En caso de que no se lograra un desafuero, tendría que esperarse hasta que termine el cargo en cuestión para iniciar el proceso penal.
Sin embargo, para la siguiente legislatura solamente serán dos legisladores que fueron reelectos, el resto ocupará algunos puestos en regidurías y algunos como presidentes municipales, por lo que en algunos casos no sería necesario el desafuero en estos casos.
Las sanciones a las que podrían llegar los involucrados están desde la restitución de los recursos públicos, aspecto que consideró primordial en este caso; también podría haber suspensiones e inhabilitaciones para ostentar cargos públicos a futuro, podría llegar a haber sanciones de prisión.
“Estos hechos delictivos son hechos que pueden resolverse con salidas alternas, seguramente será algún acuerdo para la reparación de daños y evitar una sanción, por lo menos en la vía penal, en la vía administrativa son sanciones de inhabilitación”, resaltó
“Aquí lo interesante del asunto será si a los denunciantes se les dará el carácter de ofendido, porque principalmente el ofendido es el estado y la sociedad, pero si se les da el carácter de ofendidos en algún momento podrían estar en seguimiento de investigación y de las decisiones que tome la Fiscalía Anticorrupción”, agregó.
Explicó que, aunque se buscaría que los ciudadanos puedan constituirse como víctimas del delito y coadyuvante de la investigación y proceso, es decir, que los afectados por este desvío de recursos es en sí la sociedad, por lo que bajo este supuesto, cualquiera con interés podría ser considerado el ofendido por el delito y darle en sí seguimiento.
Sobre el periodo en el que podría tardar este caso ante la Fiscalía Especializada, Morales Brand reconoció que son proceso administrativos complejos en donde se tiene que revisar mucha documentación e información, estimó que el caso podría tarde de seis meses a un año o incluso posiblemente ya se cuente con información suficiente para concluir si se lleva o no el caso ante los jueces.
