La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha encontrado varias irregularidades en los centros penitenciarios de la entidad, las cuales ha puesto a descubierto en sus recomendaciones emitidas a las autoridades de este estado.
En concreto, esta organización mostró varios traslados de mujeres privadas de su libertad a centros de reclusión para varones en Puente Grande. De acuerdo con el documento publicado, estas salidas se llevaron a cabo en numerosas ocasiones con un gran número de mujeres involucradas. Se destaca en específico un evento llevado a cabo el 24 de marzo de 2020, en el cual 64 reclusas fueron llevadas a un evento lúdico y regresaron por la noche; 11 de estas mujeres retornaron con aliento alcohólico y dos de ellas son pacientes psiquiátricas.
La CEDHJ establece que estas acciones “vulneraron la seguridad personal y el principio de adecuada reinserción en agravio de personas privadas de su libertad”. Además, acusan que en consecuencia de las denuncias realizadas por el personal del estos centros penitenciarios, la Dirección de Reinserción Social del Estado ordenó la transferencia de algunas custodias a otros reclusorios y dos de ellas no tuvieron la renovación de su contrato.
Aunque se documenta la ilegalidad de los traslados, las autoridades estatales niegan que haya habido irregularidades. De acuerdo a lo que expresan, la razón de estas salidas fueron eventos deportivos y teatrales, negando que haya otras razones detrás de esto.
No obstante, diversas fuentes señalan que posiblemente haya una red de trata y prostitución de mujeres recluidas que estén motivando estas salidas. A cambio de los servicios sexuales, las mujeres involucradas recibirían tarjetas telefónicas.
Aunque no se menciona el tema de prostitución dentro de la recomendación de la CEDHJ, sí dejan claro que estos traslados violan la seguridad de las reclusas y los lineamientos de reinserción social. Además, recomiendan al Secretario de Seguridad Pública estatal detener estas actividades e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, con el objetivo de reparar el daño y sancionar a los individuos responsables, sin represalias a las denunciantes.
