APRO
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con una suma total de 177.6 millones de pesos a la Federación Mexicana de Futbol, a 17 clubes de la Liga Mx y a ocho personas físicas por su participación en las prácticas monopólicas absolutas, que implica el fichaje de jugadores y topes máximos salariales a las futbolistas.
Esta comisión encontró que la Federación Mexicana de Futbol, presidida por Yon de Luisa, los equipos y las personas físicas sancionadas coadyuvaron a la realización de estas prácticas monopólicas absolutas.
Para Cofece, los clubes “se coludieron” para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichajes de jugadores (as), específicamente en dos conductas.
Una de ellas consistió en “imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras, lo que eliminó la competencia entre clubes para contratarlas con una mejor remuneración y profundizó la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas”.
El segundo comportamiento sancionado corresponde “a la segmentación en el mercado de los jugadores, en la que los equipos inhibieron artificialmente la competencia por su contratación, mediante un acuerdo que restringió indebidamente su movilidad, impidiéndoles negociar y contratarse con el equipo que más les conviniera”.
Los clubes sancionados (expediente IO-002-2018), son: América, Pachuca, Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, Mazatlán (antes Monarcas), Chivas de Guadalajara, Santos Laguna, Tigres de la U. de Nuevo León, Pumas de la UNAM, Rayados de Monterrey, Necaxa, Xolos de Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla, además del Atlante, que participa en la Liga de Expansión.
El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica consideró que los clubes multados acordaron un “pacto de precios”, consistente en imponer topes máximos al salario de las futbolistas desde la puesta en marcha de la Liga Mx Femenil, en 2016, en tres categorías: sueldo de dos mil pesos para las jugadoras mayores de 23 años; 500 pesos, más un curso de formación personal para las menores de 23 años, mientras que las futbolistas de la categoría sub-17 no tienen derecho a devengar un salario, si bien recibirían apoyo para el transporte, alimentación y estudios.
Por medio de un comunicado, la comisión precisa que dicho tope salarial fue reemplazado por otro acuerdo a partir de la temporada 2018-2019, y refirió que la Liga Mx comunicó a los clubes del tope máximo que se incrementó a 15 mil pesos, pero que sólo cuatro de las jugadoras de su plantel podrían obtener un sueldo por encima del monto establecido.
Así mismo, la Liga Mx refirió que la ayuda en especie a las jugadoras podía alcanzar los 50 mil pesos por temporada.
No obstante, en su dictamen la Cofece concluyó que esta práctica, que tuvo vigencia en el periodo de noviembre de 2016 a mayo de 2019, “constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en específico, el salario de las futbolistas- y evitar que los equipos compitieran por su contratación mediante mejores salarios”.
Para la comisión, esta práctica no sólo repercutió negativamente en el ingreso de las jugadoras, “sino también tuvo como consecuencia ampliar la brecha salarial por razón de género”.
Incluso, la Comisión Federal de Competencia Económica hace referencia a un modus operandi que se consideraba extinguido en el futbol profesional mexicano: el llamado “Pacto de Caballeros”, también identificado como derecho de retención.
La Cofece consideró que mediante esta práctica cada equipo afiliado a la FMF registraba ante este organismo a los jugadores con contrato vigente. Sin embargo, tras el vencimiento del convenio laboral, los clubes mantenían el derecho de retenerlos.
“Si un club distinto estaba interesado en contratar a ese futbolista, necesariamente debía obtener la autorización del primer club que lo tenía en su ‘inventario’ y, a menudo, pagar una contraprestación por el cambio. Estos acuerdos se materializan durante el régimen de transferencias y contrataciones para jugadores de futbol”, observó la comisión.
En ese sentido, la Cofece precisó que la duración de esta conducta fue, de por lo menos, una década, del lapso comprendido de junio de 2008 a diciembre de 2018, que causaron un quebranto al mercado estimado en 83 millones 375 mil pesos.
Luego de la notificación a las partes involucradas, los agentes económicos y las personas sancionadas tienen el derecho de solicitar la revisión de la multa ante el Poder Judicial de la Federación.
Apro consultó con fuentes de la Federación Mexicana de Futbol que, en principio, acepta la sanción, en tanto que la multa en cuestión será cubierta por todos los clubes inmiscuidos.
