En el derecho electoral se ha incorporado la perspectiva intercultural a la justicia, de la mano de la perspectiva de género
La justicia en México no puede tener un sólo idioma y la normatividad debe interpretarse conforme a los contextos sociales de las comunidades originarias, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Al participar en la V Conferencia de Demodiversidad: Nuevas formas de ejercer la democracia desde los pueblos indígenas, dijo que el derecho electoral se ha modificado al incorporar la perspectiva intercultural a la justicia, acompañada de la perspectiva de género.
Durante su ponencia “Los derechos políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de la Demodiversidad en México”, la magistrada Otálora Malassis señaló que la inclusión jurídica de los derechos político-electorales de la población indígena “ha sido un progreso construido, principalmente, por el resultado de las demandas planteadas por sus integrantes ante las instituciones electorales”.
A través de videoconferencia, resaltó el impacto de las jurisprudencias 18 y 19, ambas del año 2018, que definieron los elementos mínimos de la perspectiva intercultural y la obligación de aplicarla para maximizar los derechos de las poblaciones originarias, a fin de que sus problemas jurídicos se analicen atendiendo la diversidad de autogobiernos y autodeterminaciones.
Recordó que en ese mismo año, la Sala Superior del TEPJF determinó que los partidos políticos tenían que registrar candidaturas indígenas en 13 distritos, que representaban más del 60 por ciento de población originaria, por lo que, agregó, para la elección de 2021 este número de distritos aumentó a 21. Derivado de esta acción afirmativa, enfatizó la magistrada Janine Otálora, en el pasado proceso electoral participaron 37 candidaturas indígenas de las cuales 22 fueron mujeres y 15 hombres.
Con el objetivo de proteger los derechos político-electorales de estos pueblos, recordó, se estableció en el año 1996 la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de brindar asesoría gratuita a quienes integran estos grupos sociales. En ese sentido, expuso que entre 1996 y 2006 se resolvieron cerca de 2 mil 500 asuntos de conflictos político-electorales de los pueblos indígenas.
La magistrada Janine Otálora Malassis reconoció los avances en este rubro, pero consideró que no son suficientes para una población de 25 millones de mexicanos que se autoadscriben como indígenas y los 2.5 millones de personas que se autoreconocen como afrodescendientes.
TEPJF
