APRO/Gloria Leticia Díaz
Organizaciones no gubernamentales (ONHG), defensoras de la libertad de expresión, alertaron sobre la persistencia de resoluciones contra periodistas, dictadas a partir de procesos judiciales de “derecho al honor” iniciados por funcionarios y exfuncionarios públicos.
En espera del fallo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat al juicio de amparo directo presentado por el académico y columnista Sergio Aguayo Quesada contra una sentencia que lo condena a pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira, consideraron “preocupante que cada vez se hace uso indebido de la figura de daño moral por funcionarios públicos y personas con proyección pública”, en detrimento de la libertad de expresión.
Las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección a Periodistas y Artículo 19 se solidarizaron con Aguayo Quezada en su litigio a través de la presentación de amicus curiae a Ríos Farjart, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), a quien corresponderá resolver sobre el recurso presentado por el académico.
Asimismo, solicitaron a la ministra aplicar “los más altos estándares de derechos humanos en materia de liberad de expresión desarrollados tanto por esta Corte, así como por el Sistema Interamericano”, en tanto que llamaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse sobre el caso y que haga un llamado al Poder Judicial para que sus jueces “se conduzcan conforme a derecho y garantice la libertad de expresión”.
Destacaron que “en uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta severamente alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho en la democracia mexicana emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en México”.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones manifestaron su preocupación “por el acoso judicial del que es víctima el periodista Sergio Aguayo Quezada, materializado en una sentencia ilegal. La misma resulta un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México”, subrayaron.
Recordaron que por una columna publicada el 20 de enero de 2016, Aguayo fue condenado en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2019, revirtiendo la absolución que el investigador del Colegio de México ya había obtenido.
En este caso, agregaron, los magistrados José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Meza Carrillo validaron la posición de Moreira Valdés en el juicio, al considerar que “existió un abuso de la libertad de expresión, condenándolo al pago de 10 millones de pesos por concepto de ‘daños punitivos’, sentencia en la que se advierten irregularidades que generan efectos inhibidores e intimidantes, así como autocensura, y trasgreden los principios democráticos”.
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión, resulta preocupante que, en controversias judiciales entre el derecho al honor y la libertad de expresión, los jueces “estén generando sentencias en contra de la progresividad del derecho humano a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”.
Y sostuvieron que en la actualidad “los casos donde servidores públicos y/o actores políticos emplean los mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de agresión a periodistas, van en aumento”.
Cabe resaltar que Artículo 19 documentó 39 casos de acoso judicial contra periodistas en 2020, recurso muy poco utilizado antes de 2018.
Entre los casos relevantes destacaron el de la reportera de Vanguardia, Roxana Romero, también demandada por Moreira por una nota publicada en febrero de 2016; el del diario El Mañana de Nuevo Laredo, requerido por 60 millones de pesos; del periódico A.M. de Guanajuato, por 300 millones, y el del periodista Humberto Padgett León, por 10 millones de pesos, “todos demandados por funcionarios públicos y por la acción de daño moral”.
Según las organizaciones, “si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, el mismo debe ser valorado como un derecho fundamental en la estructura democrática, pues es uno de sus principales asientos”.
Finalmente recordaron que la afectación a ese derecho “se traduce en una afectación directa a toda la sociedad, y los límites que se establezcan deben ser legítimos para su ejercicio, los cuales siempre deberán interpretarse conforme a estándares internacionales con el objetivo de evitar restricciones desproporcionadas que contravengan los derechos humanos”.
