Comité de Participación Ciudadana y Transparencia Mexicana proponen hacer obligatoria #3de3 para candidatos y candidatas de todo el país - LJA Aguascalientes
29/11/2021

  • En la elección 2021, solo 5.7% (7,345) de la totalidad de los candidatos y candidatas (135,354) publicaron su declaración patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento en el pago de sus impuestos, la llamada #3de3.
  • En junio se integró un grupo de trabajo para asegurar información disponible para las y los electores en los procesos electorales 2022- 2024.
  • La primera acción propuesta por este grupo de trabajo es una iniciativa de ley para armonizar las leyes electorales y de acceso a la información de todo el país, con el propósito de que los candidatos y candidatas presenten y publiquen información que permitan un voto informado en los siguientes procesos electorales.

En la elección 2021, solo5.7%(7,345)de la totalidad de candidatos y candidatas (135,354) publicaron su declaración patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento en el pago de sus impuestos, la llamada #3de3. Un voto sin información no es un voto informado: 57 millones de personas votaron sin tener información mínima sobre candidatos y candidatas.

De acuerdo con un informe de Transparencia Mexicana, en 2021, 2 de cada 3 electores del país no tuvieron la información mínima indispensable sobre las candidatas y candidatos para poder emitir un voto informado.

Por ello, a propuesta de Transparencia Mexicana, el 14 de junio de 2021, se estableció un grupo de trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), Órganos garantes de los estados de la República, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, y especialistas de todo el país para revisar la situación que guarda la información pública disponible sobre candidatos y candidatas en todo el país y elaborar propuestas concretas de cara a los proceso electorales 2022-2024.

Entre las primeras acciones, el grupo ha puesto foco en la armonización de las leyes electorales y de acceso a la información pública en las 32 entidades y a nivel federal para que los y las candidatas presenten y publiquen información que permita un voto informado en los siguientes procesos electorales. El grupo impulsará la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y opinión de cumplimiento fiscal (#3de3) de

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Candidatas y candidatos como un requisito de información mínima que deberá estar disponible para las y los votantes.

En los próximos días, y conforme las legislaturas estatales entrantes se instalen, se enviará a cada uno de los 34 órganos legislativos del país (Federal y estatales) una iniciativa de reforma para homologar en todo el territorio nacional la información que debe ser presentada y publicada por quienes busquen representar y gobernar a las personas.

La información contenida en formatos como #3de3 permite identificar quién es el candidato, cuál es su trayectoria, y posibles riesgos públicos derivados de sus intereses particulares. Es decir, facilita que los electores y electoras sepan con antelación quién es el candidato y especialmente qué vínculos personales pueden afectar su desempeño como servidor público. La #3de3 es, también, un elemento clave para conocer vínculos con empresas fantasma o que participan en esquemas de lavado de dinero.

La disponibilidad de información para las y los votantes sigue siendo desigual en el país. Mientras que electores de Jalisco y Chiapas pudieron acceder al 76,1% y 6,9% de la información de sus personas candidatas, respectivamente, en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no hubo una sola declaración disponible y accesible para las y los votantes.

Ocho estados del país —Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí— tienen una disposición normativa para que los candidatos y candidatas presenten al menos una de las declaraciones, la patrimonial, de intereses y/o fiscal como un requisito para competir en las elecciones.



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