Sólo acciones erráticas: Desdén de la 4T por la primera infancia - LJA Aguascalientes
27/10/2021

 

APRO/Gloria Leticia Díaz

 

Invisibilizadas en el discurso y las prioridades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 39 millones de personas de 17 años y menos sobreviven en pobreza. Para ellas no hay estrategias de atención adecuadas ni presupuestos aminorados; tampoco cuentan con una entidad encargada de velar por su protección integral, alertan defensores de derechos humanos.

Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia; y Mario Luis Fuentes Alcalá, consejero ciudadano del Sistema Nacional de Protección Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), organismo que se encuentra acéfalo desde hace más de siete meses, advierten sobre el abandono institucional en que se ha relegado a la infancia.

Hablan también de la falta de estrategias claras del presidente López Obrador, quien se ha resistido a asumir las labores que prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), como presidente del órgano encargado de coordinar las acciones a favor de 30 por ciento de la población el país.

Esa desatención a la población infantil y adolescente en México fue reconocida por el propio Estado ante el Comité de Derechos del Niño (CRC) de las Naciones Unidas en diciembre de 2020. Y si bien se destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2021 el monto destinado a ese sector poblacional -706.1 millones de pesos- era superior 12.1 por ciento al de 2015, “como porcentaje del PEF ha pasado de representar 15.04 por ciento en aquel año, a 12.2 por ciento para el ejercicio fiscal 2021”.

En términos de la inversión pública en esta población por rango de edades, “del año 2018 al año 2020 el monto del presupuesto federal para la atención de niñas y niños de cero a cinco años disminuyó 28.9 por ciento, mientras que los recursos del grupo de edad escolar de seis a 12 años se han incrementado 2.75 por ciento, y los del grupo de adolescencia de 13 a 17 años disminuyeron ocho por ciento”.

Con más de 13 millones de niñas y niños, la primera infancia mexicana registra altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, 54.3 por ciento y 11.8 por ciento respectivamente, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), derivados de la caída de 21 mil millones de pesos del presupuesto destinado para este sector durante la actual administración y los efectos de la pandemia, apunta Aranzazú Alonso.

“Sin duda, hay una deuda histórica con la población de primera infancia en México; antes de 2014 no se manejaba el término, no se entendía que es una etapa fundamental en la vida de las personas, y lo que estamos viendo con la falta de inversión es que estamos socavando la salud presente y futura de niños y niñas, su capacidad de aprendizaje, su capacidad productiva en el tiempo; los costos de no invertir en primera infancia los vamos a ir pagando a lo largo de generaciones; eso está comprobado científicamente”, alerta la coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia, que aglutina a unos 400 colectivos de activistas en el país.


 

Recursos a la baja

De acuerdo con un análisis de 2018 a 2021 del Anexo 18 -donde se consignan los recursos de todos los programas sociales con los que se atiende a la población menor de 17 años-, el Pacto por la Primera Infancia identificó que hubo una reducción de más de seis mil millones de pesos para los 39 millones 705 mil 613 niñas, niños y adolescentes.

Mientras que en 2018 se asignaron más de 791 mil 722 millones para todo el Anexo 18, en 2021 fueron poco más de 791 mil 684 millones, luego de dos años con caídas importantes en la inversión pública.

“Para el caso del presupuesto específico para la Primera Infancia la reducción es mayor en el periodo, y pese al incremento de 2021, todavía persiste un contundente déficit presupuestal como consecuencia de la más drástica reducción observada en el periodo 2018-2020, que fue de más de 32 mil 620 millones de pesos, lo que implica que para 2021 se planea gastar apenas 80 por ciento de lo aprobado en 2018, subsistiendo una diferencia de más de 21 mil 634 millones en ese periodo”, destaca el análisis de la organización.

En el estudio más reciente del Pacto por la Primera Infancia, basado en los datos del Coneval, se resalta que mientras a nivel nacional 43.9 por ciento de los mexicanos se encuentra en condición de pobreza, en la población menor de 18 años esa condición es de 52.6 por ciento; en primera infancia el porcentaje aumenta a 54.3 por ciento.

En el caso de la extrema pobreza, mientras 8.5 por ciento de los mexicanos están en esa condición, en el caso de los menores de 18 años lo están en 10.6 por ciento, y en menores de seis años el porcentaje es 11.8 por ciento.

Alonso Cuevas insiste en que durante la administración de López Obrador la situación para la primera infancia se ha agravado debido a la desaparición de programas sociales que, “si bien no dieron los resultados que hubiéramos deseado, sí servían para contener el crecimiento de la pobreza infantil”, como Prospera, el Seguro Popular y las Estancias Infantiles, sustituido por “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, que tiene “una muy baja cobertura, pues beneficia a alrededor de seis por ciento de la población potencial, estimada en 3.2 millones”.

Ella ve con preocupación que mientras en el sexenio pasado la sociedad civil pudo incidir en el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar la LGDNNA, que da origen al Sipinna, y a una serie de comisiones intersectoriales e intersecretariales que marcaban la ruta de atención a las distintas infancias, como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi), publicada en marzo 2020, en los hechos no hay manera de cumplirla. 

“Lo que nos dice la evidencia, al observar la disminución de recursos a la primera infancia, es que ésta no es una prioridad, aun cuando hayamos logrado la publicación de la Enapi; es un avance muy importante pero no se ha traducido ni en mejores ni en más servicios, ni en mayores recursos para la primera infancia, población a la que se le debería dar prioridad para tener sociedades menos desiguales, más prósperas y más pacíficas”, resalta Alonso Cuevas.

Fuentes Alcalá, consejero del Sipinna, recuerda que con la creación del organismo el año pasado se logró “el basamento que permitía desdoblar esfuerzos de coordinación de la federación, de estados y municipios, y se pusieron en la agenda pública los derechos de casi 40 millones de personas, niñas, niños y adolescentes”.

A través de la legislación impulsada por organizaciones de la sociedad civil, se logró que a nivel federal se creara la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, encargada de la coordinación de la política nacional de atención a la infancia y a la adolescencia, que es presidida por el presidente de la República y se integra con nueve secretarías de Estado, los 32 titulares de los Sipinna estatales, tres órganos autónomos constitucionales y ocho representantes de la sociedad civil, a los cuales se suman los mil 873 sistemas municipales, coordinados por los estatales.

De acuerdo con el informe del Estado mexicano al CRC, en 2021 la Secretaría Ejecutiva de la Sipinna tuvo una asignación presupuestaria de 68.6 millones de pesos, similar a la de 2020. 

“Lo que hemos visto en esta administración es que lo poco que se tenía se fue erosionado y ya no se construyó más. Primero por los efectos de la austeridad como política pública, que afectó sobre todo al sistema de Procuradurías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; por otra parte hemos visto cómo el Sipinna o el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) no han tenido la relevancia que requieren, incluso el presidente cuestionó su persistencia, asumiendo que eran redundantes”, reflexiona Fuentes Alcalá, académico e investigador de las facultades de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e integrante del Consejo Consultivo de Unicef México y de la Asamblea Consultiva del Conapred.

Fuentes Alcalá advierte que, a tres años de su gobierno, López Obrador “no tiene como un eje de su acción pública el interés superior de la niñez; su visión de que el derecho del niño a recibir un monto monetario es la solución de los problemas, no sólo es limitada sino errónea”.


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