Tula, entre el riesgo sanitario y el del crimen - LJA Aguascalientes
21/10/2021

APRO/Áxel Chávez

 

A una semana del colapso en Tula por el desbordamiento de los ríos, cuyo saldo fue 17 muertos, 75 mil damnificados y daños estimados por seis mil 500 millones de pesos en nueve municipios de Hidalgo, las aguas bajaron, pero los apoyos no han llegado. La sociedad sostiene los primeros esbozos de reconstrucción.

Sin digerir aún la tragedia por las muertes y las pérdidas de su patrimonio, la gente teme una contingencia sanitaria, por las fiebres, conjuntivitis, dolores estomacales y diarreas agudas presentadas después de la inundación; con posibles casos de cólera y propagación del covid-19, alertó la Secretaría de Salud estatal.

A la falta de certeza por investigaciones que deslinden responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, por su actuación antes, durante y después de las inundaciones, se suma el temor por la delincuencia, por la vulnerabilidad de un municipio que desde hace más de una década está controlado por grupos de huachicoleros que drenan los ductos que emanan de la refinería Miguel Hidalgo.

El 12 de septiembre, en la localidad de San Francisco Bojay, un grupo armado asesinó a tiros a cuatro personas que pepenaban los escombros de la zona afectada por la inundación; la madrugada del día 15, en Tezontepec, a 21 kilómetros de ahí –incluido en la declaratoria de emergencia por las lluvias–, dos hombres fueron atacados a balazos en San Gabriel, otro pueblo sobre ductos. El saldo, un muerto y un lesionado. Ese mismo día, en Alfajayucan, también en el Valle del Mezquital, se localizaron cuerpos humanos en dos cajas, junto a una cartulina: la advertencia.

Desafortunadamente este es el panorama real por el que están atravesando las familias que perdieron todo su patrimonio en esta inundación en #Tula, por lo que los seguimos invitando a seguir donando en nuestros centros de acopio. “Nada es poco, todo suma” #FuerzaTula pic.twitter.com/7uK2w496lM

— Sistema DIF Hidalgo (@difhgo) September 10, 2021

 

Apoyos que no llegan


Cuando abrieron las puertas y vieron su patrimonio sepultado en lodo, tres días después de la inundación, Michelle Velázquez y su familia vivieron una segunda tragedia, después de sobrevivir al desborde de los ríos Tula, Rosas y Salado porque fueron recatadas con una retroexcavadora de la azotea de su domicilio en la calle 16 de septiembre, en el centro de Tula, donde se había apostado porque los dos pisos de su casa se inundaron.

“Estamos realmente conmocionados. Al principio creo que era como estar en shock, o tal vez ni siquiera alcanzábamos a dimensionarlo. El día que pudimos entrar y ver en verdad los daños, sientes que se te va la vida, porque en realidad todo es parte de personas que dieron su vida para construir, para hacerse de su casa, de sus pertenencias”.

Los muebles quedaron inservibles, al igual que los electrodomésticos, lo demás se lo llevó la corriente de agua negra durante la tormenta.

Michelle se sincera: “No sabes cómo nos pega eso que dicen que lo material no importa. Porque todo eso que dicen que se puede recuperar nos ha llevado años tenerlo, nos ha costado carencias; te endeudas y que desaparezca todo de la noche a la mañana es devastador”. 

Las puertas de sus habitaciones y los closets se quebraron, porque se resquebrajó la madera con la fuerza del agua.

“Tuvieron que quitar todo. ¡Todo!”. Ahora, dice, sólo queda el esqueleto de lo que antes fue su casa: “Sólo es una construcción, sólo cuartos, así, sin siquiera un marco en la puerta; nada”.

“No puedo seguir esperando tanto tiempo por apoyo, tengo que buscar la manera de empezar, por lo menos vender algo para poder seguir restaurando, y ellos (el gobierno) ni siquiera tienen una respuesta”, critica.

La familia de Alberto Chávez Neri perdió dos negocios en el centro de Tula. Sepultados en agua quedó su establecimiento de venta de uniformes, con 22 años de antigüedad, y el restaurante que abrieron hace seis. Él asegura que las despensas y los alimentos que sostienen a la ciudad llegaron por el acopio de la gente, no por acción gubernamental.

 “Era necesaria la declaratoria de desastre, inmediata, pero fueron ocho días en que prácticamente la sociedad civil se las arregló sola para ir haciendo lo que podía, como la limpieza de escombros”, dice.

“La gente lleva de comer, lleva insumos de limpieza, se ofrecen a ayudar a limpiar, ofrecen maquinaria, camionetas, etcétera… Porque ningún nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, lo hicieron a tiempo, o tal vez la magnitud del desastre fue tanta que no pudieron”, comenta.

Contó que no había trascabos ni camiones de volteo suficientes para llevar los escombros, la tierra seca que se hizo cuando secó el lodo, ni las ruinas de los muebles de los tulenses: “La basura y el lodo sigue aún en algunas calles, porque ni pipas para lavar hay. Y muchos particulares también prestaron maquinaria.

“Tula va a tardar en reponerse de esto. Nosotros, por el momento, no volveremos a abrir los negocios porque la mercancía era nuestro capital y no creo que se nos reponga todo. Las despensas, colchonetas e insumos de limpieza han sido donados por personas o empresas, nada del gobierno”, remarca.

A la crisis social se suma la preocupación por una crisis sanitaria. Abigail y Diana, primas de Alberto, así como su tía Irma, que ayudaron a limpiar y sacar muebles, en contacto con tierra y el agua que inundó las casas, enfermaron de un problema gastrointestinal: vómito, diarrea y fiebre.

Guadalupe Martínez Aguilar y su familia también fueron rescatados con la retroexcavadora, cuando el agua alcanzó los cuatro metros en la calle 16 de septiembre. Los escombros de lo que fueron sus muebles están frente a su puerta de la casa marcada con el número 4; dentro, el lodo hizo una capa que cubre paredes, suelo y restos de lo que hubo antes de la inundación.

Sus sobrinas, su hermano y su cuñada también han tenido malestares tras la inundación: dolores estomacales, fiebre alta y diarreas. 

“La ciudad está sucia, huele a excremento. De nuestro patrimonio sólo queda el casco de la casa, todo fue pérdida total. Sólo las autoridades municipales nos tomaron un registro, pero no más. No sabemos si la ayuda será económica o en cuestión de electrodomésticos, y ni para cuándo nos la den. No tenemos ni para comprar lo indispensable”, afirma.

Para Alberto Chávez, una muestra de la falta de coordinación y la forma en que han sido rebasadas las autoridades es la duplicidad de acciones: “como ejemplo, el censo de personas damnificadas que hicieron. El gobierno del estado (una administración priista) lo hizo primero, y luego, solamente con el logo del municipio (un gobierno que emana de la alianza entre el PAN y el PRD), nos volvieron a hacer el mismo cuestionario, las mismas preguntas”.

Sus negocios son parte de mil 300 afectados por la inundación, de acuerdo con un conteo preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. Chávez tenían tres empleados, con el mismo número de familias. “Ya los habíamos apoyado al mantenerlos en su empleo durante el tiempo de la pandemia, aunque la situación era difícil, pero ahora con esto será imposible”, reconoció.

Además, criticó que su tienda de uniformes padecía desde hace tiempo “las consecuencias de las decisiones del gobierno estatal”, que desde 2012 entrega las prendas de manera gratuita en nivel básico.

 

El año pasado, dijo, el congreso local mandató que las compras de uniformes fuera con vales, para que no se favoreciera a pocas empresas, pero, añadió, por la pandemia se asignaron nuevamente contratos. “Eso afectó a toda una industria estatal de maquila de uniformes”, recrimina.

“Ojalá que con este suceso el gobierno federal voltee a ver a Tula y haga algo con la deuda histórica que tiene con el municipio, pues somos el vertedero de todas las aguas negras de la Ciudad de México”, señala el comerciante, de 40 años, al tiempo que urge inversión en infraestructura hídrica y urbana, además de “retomar el revestimiento del río Tula, pero con un proyecto que no tale 16 mil árboles, en un lugar donde de por sí la situación ambiental es muy mala”, por la instalación de empresas como la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el tren de refinación Miguel Hidalgo.

La mención a los árboles es por la propuesta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo para la rectificación del río Tula –que el gobierno federal frenó en 2017–, con el cual se buscaba mitigar los efectos de posibles inundaciones en la zona urbana cerca de la ribera, aunque su principal objetivo era resolver la insuficiencia hidráulica en la salida del sistema de drenaje urbano en la zona metropolitana del Valle de México.

Al tomar como referencia la descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, la obra iniciaba con limpieza, trazo, desazolve y rectificación del cauce, así como colocación de concreto armado para revestimiento del río. Uno de los grandes problemas de este proyecto, que ocasionó protestas sociales, es que existen muchos árboles en el río, por lo que nueve mil especies centenarias, entre ahuehuetes, pirules, carrizales, fresnos y tules, serían retiradas.

“Con ello, se dañará directamente al ecosistema y uno de los principales pulmones que tenemos en nuestra región”, expuso el 16 de noviembre de 2017, en la tribuna del Congreso de Hidalgo, la entonces diputada local por este distrito, Marcela Vieyra Alamilla. Aquella fue otra de las reiteradas advertencias de un riesgo de inundación.

“El agua de la lluvia proveniente de la zona metropolitana del Valle de México, a través de los emisores central y oriente, así como los caudales aportados por los ríos Tepeji, Tlautla y Rosas, es conducida por el río Tula hasta la presa Endhó. Al concluir la construcción del emisor oriente, su descarga se incorporará al cauce del río Tula, mismo que podrá conducir una caudal del orden de 400 a 420 metros cúbicos sobre segundo, en un periodo de retorno de 50 y 100 años, respectivamente”, alertó entonces.

Además, la legisladora expuso que “a lo largo del cauce de poco más de 24.2 kilómetros, el río Tula recibe las aportaciones del agua de la presa Requena, de 147 metros cúbicos sobre segundo, el río Tlautla y el río Rosas (24 metros cúbicos sobre segundo entre ambos), con lo cual tendrá la capacidad de hasta 571 metros cúbicos sobre segundo”. Insistió: el riesgo de inundación era latente.

 

Buscan responsables en municipios

La procuraduría local inició una carpeta de investigación por los acontecimientos en Tula, no por un delito concreto, sino de manera indeterminada por hechos posiblemente constitutivos de delito. Esta carpeta se encuentra en integración. Sólo en el momento procesal debido, y si se judicializa, se definiría cuál es la imputación y quiénes los implicados.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEH) inició seis quejas de oficio para investigar el actuar de las autoridades ante las inundaciones, aunque centradas, principalmente, en posibles responsabilidades de los municipios. Sólo en una de éstas considera a un funcionario estatal: el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Enrique Padilla Hernández.

Con base en el artículo 16 ter de la Ley de Protección Civil de la entidad, corresponde a Padilla prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro, así como coordinar los trabajos de investigación, estudios y evaluación de riesgos, peligros y vulnerabilidades, en coordinación con las dependencias responsables.

La queja en la que se le involucra es la CDHEH-TA-0177-21, en la cual está el alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, y su director de protección civil, Ignacio Rojas Martínez.

Cuatro quejas más involucran a los responsables de Comunicación Social, directores de Protección Civil y a los alcaldes de Tlahuelilpan, José Alfredo Días Moreno; Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón; Tepeji, Salvador Jiménez Calzadilla, e Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras.

La comisión local también inició la queja CDHEH-TA-0176-21 por posibles vulneraciones a los derechos a recibir atención médica integral y libre de negligencias, tras la muerte de 14 pacientes con respiración asistida que no recibieron oxígeno por la inundación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF), en Tula. No obstante, por tratarse de una autoridad federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La madrugada del 15 de septiembre, ocho días después de la inundación, el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia en nueve municipios hidalguenses: Tula, Tepeji, Tlahuelilpan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tasquillo y Chilcuautla. Con ello, afirmó, podrán acceder a recursos para reconstrucción. El 16, damnificados marcharon en Tula “por la nula respuesta de las autoridades”. Dirigieron consignas al alcalde Manuel Hernández y al gobernador Omar Fayad, a quienes pidieron renunciar.


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