México Evalúa publica su más reciente documento, Hallazgos 2020, que su dirigente Edna Jaime presenta como: un reporte muy pormenorizado sobre el estado que guarda nuestro sistema de justicia penal. Se trata de una iniciativa de investigación que se torna editorial cuyo propósito de origen consistió en dar seguimiento a la reforma de la justicia penal en el país que habiéndose iniciado en 2008, se profundizó en el Sistema de Justicia Penal (2013-2016) en cuanto sistema penal acusatorio; de manera que dicho diseño de análisis, gracias a sus indicadores pudiera constatar avances, el desempeño y la medición de su desarrollo. (Fuente: El Financiero. https://bit.ly/2Xc9jEC). En palabras de su presidenta, describe tal evolución así:
–Llevamos ocho años haciendo Hallazgos (primero bajo el sello de Cidac) y las instituciones no crecen ni se fortalecen al ritmo deseado. Siempre están las entidades federativas que sobresalen y de las que me ocuparé líneas adelante, paro también las que presentan enormes rezagos. Es el sello de la casa: en este país la transformación no camina paralela entre estados y regiones.
Actualmente, para dar constancia de esta transición en materia de justica, existe en el país una instancia de seguimiento a la renovación del sistema: la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel es Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (2013-2016). Cuya directriz se sintetiza así: “El cambio institucional no es solamente lento; es también impredecible y conflictivo. Quien haya pensado que puede diseñar un programa amplio de reforma para implementarlo en cinco años, no vive en el mundo real”. Linn Hammergren. El 18 de junio de 2008, casi 30 años después de que los primeros países de la región –América Latina- lo hicieran, México, por fin, promovió cambios a su Constitución para dar el primer paso de un camino arduo y ambicioso: modificar el Sistema de Justicia Penal, con todo lo que implica hacer una Reforma de este tipo.
Para situarnos en su realidad presente, seguimos la conversación del reporte de Hallazgos 2020, en voz de Edna Jaime. Así como en lo económico y lo social, hay enormes asimetrías en la justicia. Y al igual que en otras dimensiones, éstas son el resultado de procesos mal articulados, que se dejaron a la deriva. Admitamos que la reforma ha sido huérfana casi de origen, que acaso fue adoptada por algunos gobernadores o autoridades que entienden de su trascendencia, además del beneficio político que puede implicar mejorar la justicia en una entidad.
El tono inaugural, como escuchamos, no es para nada triunfal antes bien es crítico y objetivamente frío: El hecho es que estamos atorados. El indicador por excelencia de efectividad del sistema es el nivel de impunidad. Estamos casi en el 95% de delitos que no se resuelven de los que conoce la autoridad, y llevamos años así. En las tuberías procesales de las procuradurías y fiscalías sigue quedándose atascada la mayoría de las carpetas de investigación que se abren. La “salida” más recurrida es la del archivo temporal, que es como arrumbar los casos dentro de un cajón. Ahí se queda más del 65% de las carpetas que se inician.
Ese toque indicativo va al corazón de la reforma, y se traduce en un análisis de los elementos centrales: Aunque ahora tengan la etiqueta de fiscalías autónomas, no logran dar vuelta a la inercia, y por eso no gestionan los casos de manera distinta, no priorizan y no investigan con métodos más eficientes y científicos. Otros actores clave del proceso penal en el modelo acusatorio, las defensorías de oficio y las comisiones de víctimas, están bastante rezagadas. No se invierte en ellas y, por tanto, el modelo no puede funcionar bajo su premisa central: la igualdad de armas entre las partes.
Ella misma identifica con claridad el mayor riesgo a que se expone la ciudadanía en su conjunto, y no duda en hacerlo denuncia: – De alguna manera hemos normalizado el bajo desempeño. El “ahí la llevamos pero no llegamos” se ha convertido en algo tan natural como las 100 muertes violentas que ocurren a diario en este país.
Al final, concluye con un juicio de alto grado de precisión: – Violencia e injusticia se retroalimentan. Lo mismo que conflictividad social y un sistema de justicia disfuncional. Por eso, si queremos mitigar el crimen, violencia y conflictividad, necesitamos un aparato de justicia que funcione.
Opino que las pesquisas de este reporte son dignas no tan sólo de lectura, sino de profunda reflexión, veamos:
Afirmación fundante de esta indagatoria: Transitamos de un sistema inquisitivo mixto a un sistema acusatorio. A mi real entender, el anterior privilegiaba el intercambio estricta y escrupulosamente escrito. De manera que cualquier alegato, prueba, defensa, requerimiento, mandato, etc., debía constar por escrito. Nada se movía, nada transitaba en un litigio judicial que no fuera mediante documentos. El nuevo, se descarga en forma oral, y para ello ha requerido cambios de infraestructura e incorporación de medios tecnológicos multimedia, para su registro y reproducción; amén de privilegiar el diálogo hablado, el testimonio presencial, entre las partes y de éstas ante el juez. La diferencia: montañas de papel, contra narrativas en hilos de voz, registradas ante y para el juez. La importancia del tránsito, pasar de la pesada y gravosa impunidad, a juicios expeditos, certeros, reivindicativos, de sentencia efectiva…digamos, de Justicia realmente impartida.
Y por ello la relevancia de la cuestión: ¿En qué punto estamos de este tránsito? El reporte Hallazgos 2020 dice:
- Hay contexto de violencia, e incremento de víctimas (500 mil víctimas/28% de las familias afectadas del país).
- 2020 Año más letal para las mujeres. Aunque, bajó un 10% la incidencia de delitos, en general.
- Las desapariciones no han variado en 10 años, un total de 100,000 mil personas de las que sólo en 2020, 20,000 personas están desaparecidas. Hay llamados internacionales a México para reducir la incidencia criminal.
- ¿Cómo estamos respondiendo? Con el estancamiento, asistimos a una normalización de la violencia. Retraimiento de las instituciones. Desde la instancia técnica cimera de Gobernación a las Instancias de coordinación locales, (de Morelos, Zacatecas) prácticamente desaparecidas. El común denominador es la falta de planeación sistémica, sin objetivos precisos ni metas programáticas, sin análisis de la problemática real, ni de la situación propia de las dependencias. Falta de asignación presupuestal (existe una lógica inercial que no responde a una racionalidad que identifique las necesidades). Ello se traduce en Defensorías con asignación de un 2% del presupuesto del sector, y que en algunas entidades (Jalisco, Guerrero o Baja California Sur –las reducciones alcanzan a más del 60 o 50% del total del sector).
- Ranking Nacional. Se observan los mecanismos de planeación y de presupuestación, en que se denota la brecha entre los estados que fortalecen su sistema de Justicia, y los que no.- Querétaro se posiciona como referente en construcción de los factores, bajo su modelo Cosmos, para operar adecuadamente; con indicadores claros, apoyos, incluso en la contingencia, y debida relación entre las diversas instancias. Nuevo León, destacan sus avances en coordinación de un 23%, y Coahuila con 25%. Impulso al fortalecimiento. Veracruz, Guerrero y Campeche denotan importantes procesos (17%) y Morelos (19%).
Nivel Operacional. Problemática del mosaico institucional. (a) Seguridad Pública, en fortalecimiento de los cuerpos civiles de seguridad, la vía civil se ha abandonado; a nivel federal, la Guardia Nacional –militar- de 266 cuarteles crece a 500 cuarteles; el personal GN es mayor que todas las fuerzas armadas en conjunto, con 165,000 efectivos versus 200,000 operativos de aquella.
(b) Estados en abandono de instancias de Procuración criminal, Tasa actual de 11 Fiscales por cada 100 Mil hab. (c) Capacidad instalada y modelos de gestión. Falta de persecución penal, 1 de cada 2 casos con respuesta ministerial.
(d) Sistema Penal Acusatorio.- El sistema prevé la Justicia Alternativa (u Otra Justicia), Reparación del daño, restitución de los derechos, incluso al perdón por las víctimas: pero, sólo el 6% se resuelve por esta vía.
(e) Medidas Cautelares.- Opciones Privativas de la libertad: sin debidas evaluaciones de riesgos, prevista para sólo casos excepcionales; hoy, la prisión Preventiva Oficiosa muestra un incremento de 21%, sólo en un año.
(f) Investigaciones Técnicas.- La defensa de los imputados. Se cuenta con 9.7 Peritos por cada 100 mil habitantes; no son suficientes; cada perito atiende en prom. 160 Solicitudes. En el Fuero Común cada perito es responsable más de 400 Solicitudes, y del 100% de solicitudes sólo se responde el 4%;
(g) Impartición de Justicia.- Aquí, Juzgadores menores al nivel de AL. ¿Cómo lograr que más casos sean resueltos por las distintas instancias? Identificar los órganos jurisdiccionales a fortalecer, cada juzgador atiende 33 casos en promedio. De los Casos. – No reciben respuesta previa; de los recibidos, sólo 1 de cada 2 recibe respuesta. Hay cuello de botella, (sin desconocer que algunos casos estén en investigación complementaria, u otros niveles de la Fiscalía). No fluyen, existen serias causas de esta Congestión.
(h) Asimetría Institucional.- Desigualdad en la Asignación presupuestal: 1) las Defensorías reciben 8c/ por cada $1 a la Fiscalía; 2) Las Comisiones de Víctimas reciben 32c /$1 de las Defensorías… ¿Cómo garantizar derechos a las víctimas y personas imputadas? Sin apoyo. Existen casos graves, en relación de más de 300 personas por Asesor jurídico. Casos de Defensorías en Nuevo León y Edo. México con muchos representados por defensor, en detrimento de la defensa efectiva.
(i) Riesgos de Personas Víctimas. La Comisión para su tutela no tiene acceso a las investigaciones; la reparación del daño se da en un 0.30% de las víctimas representadas por defensores jurídicos. Personas Imputadas.- 26% detenciones son calificadas como ilegales/juez; aunque, sólo un 3% deriva en una liberación. Efectos que liquidan la Presunción de Inocencia? // Tenemos que 4/10 personas en prisión, están esperando una sentencia.
(j) Carpeta de Investigación.- Al uso, decretar una abstención o una carpeta de salida. Del Ministerio Público sólo 1/ 2 obtiene respuesta; y el 70% con respuesta son mandados al Archivo Temporal… ¿Qué mecanismo para discriminar entre fenómenos criminales de Alto Impacto versus Criminalidad común? regularmente se quedan en el Archivo. Pocos van a Juicio Oral. La mayoría se quedan en las Instancias Previas, sin respuesta.
Resultado = IMPUNIDAD estructural.- En 2019, 92.4%; en 2020, ascendió a 94.8%. En materia de Vinculación a Proceso, en el caso de Aguascalientes sólo se obtuvo el 4%. Zacatecas redujo su nivel de impunidad en un 15%. Un nuevo asunto, las Instancias sin igualdad de género.- Una mujer que enfrenta la justicia en calidad de procesada recibe amenazas, se le informa poco, en la Sentencia las penas mayores son a mujeres. A los hombres se les fincan daños económicos; a las mujeres, daños psicológicos.
El dilema remanente: Que la población esté observando, que tenga mayor conocimiento de la Justicia Penal, pues así, no confía en las instituciones de Justicia, ni está en condición de decidir quiénes lo pueden representar.
