
- Son 26 procedimientos de responsabilidad administrativa abiertos contra funcionarios de estas dependencias
- Se hace especial mención del IFEA; la ciudadanía tiende a relacionar las obras públicas con corrupción
En total son 26 los procedimientos de responsabilidad administrativa (sanciones) que ha iniciado la Contraloría del Estado contra funcionarios de dependencias e instituciones del mismo gobierno estatal, informó el actual contralor, Arnoldo Hernández Gómez Palomino.
Los servidores públicos que incumplieron con su labor y que por ello fueron sancionados se concentran en tres dependencias, todas relativas al desarrollo de obras públicas, rubro que históricamente se ha interpretado como un canal para cometer actos de corrupción. Las dependencias son: el Instituto del Agua del Estado (Inagua), el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Aguascalientes (IFEA) y la Secretaría de Obras Públicas, siendo que esta última es de las que mayor parte del presupuesto estatal eroga.
Sobre las deficiencias por las que se han tenido que iniciar procedimientos para sancionar a funcionarios públicos a los que se les paga de la nómina estatal, es decir, de los impuestos del pueblo mexicano, Gómez Palomino dijo que la que más destaca son los incumplimientos en contratos.
“¿Cuál es la parte que encontramos nosotros con mayor deficiencia?”, cuestionó el contralor, pues “el cumplimiento de los contratos”. Además, agregó que a la Contraloría del Estado también han llegado inconformidades referentes a los procesos de adjudicación de obras, sobre todo del IFEA, y derivado de estas quejas algunas adjudicaciones que ya estaban pactadas se “echaron para atrás, se han revertido”.
Los 26 procedimientos de responsabilidad administrativa abiertos en contra de funcionarios estatales, sin revelar nombres, fueron a supervisores de obra.
Supervisores de obra: figura importante en el proceso de una obra
Para contextualizar, el contralor Gómez Palomino explicó que los supervisores de obra son quienes se encargan “de verificar el cumplimiento en tiempo y calidad” de una obra que el gobierno esté realizando.
Por año se estima que el gobierno llega a hacer hasta 800 obras públicas, sin excepción alguna, todas tienen que vigilarse para evitar posibles corruptelas, negligencias o riesgos en la sociedad por una mala construcción.
Actualmente, entre las obras que se están llevando a cabo, o que ya se hicieron, se puede estimar un gasto cercano a los mil 500 millones de pesos que se distribuyen en el Inagua, IFEA y Obras Públicas, erogaciones que deben de vigilarse por sus respectivos supervisores de obra para evitar encontrar irregularidades.
Gómez Palomino hizo especial énfasis en las obras del IFEA, ya que ahí se tienen 12 procedimientos de sanción abiertos. “No estamos dejando pasar nada”, concluyó el contralor.