Oootra reforma eléctrica: el nuevo embate transformador/ Bravuconadas  - LJA Aguascalientes
18/04/2024

El pasado jueves 30 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López presentó una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados por la que se pretende reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. La iniciativa la integra un documento de 42 páginas donde describe cada una de las propuestas relativas a esta nueva intentona presidencial por regresar al Estado mexicano a través del gobierno federal, el control de lo que, eufemísticamente, denomina la “transición energética” del país, algo así como regresar a México a la década de los 80 en esta materia.

Recordemos que en marzo de este mismo año, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que tenía por objetivo adelantar a la CFE ante la competencia privada en la generación de energía, toda vez que, de acuerdo al criterio de adquisición de la energía con costos de producción más bajos, ponía en clara desventaja a la empresa eléctrica nacional, toda vez que las plantas generadoras eólicas y solares de capital privado aventajaban en mucho a las  caras y viejas plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad. También, conocemos el resultado de los litigios que provocó dicha reforma y la respuesta del Poder Judicial a la puesta en marcha de dicha reforma por contravenir lo establecido en la Constitución mexicana con relación a los monopolios, así fueran del Estado. Actualmente, esa reforma está detenida por orden judicial.

La iniciativa presentada por la 4T propone en la reforma del artículo 25 constitucional en su párrafo quinto la supresión del término “empresas productivas del Estado”, estableciendo el de “organismos del Estado” y adiciona un séptimo párrafo que precise que el Estado preservará la seguridad y la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica. La experiencia nacional nos previene acerca de aceptar sin más dicho “compromiso” o “garantía”.

Con respecto a la reforma al artículo 27 de la Constitución, se modifican los párrafos sexto y séptimo y se adiciona un octavo, con el fin de mantener para el Estado mexicano, léase el gobierno, la explotación exclusiva de algunos minerales estratégicos, específicamente el Litio. Asimismo, se determina que corresponde exclusivamente a la “Nación”, el área estratégica de la electricidad, esto es, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Igualmente se establece la “transición energética”, con la utilización de todas las fuentes de energía de que dispone la nación. Finalmente, respecto al artículo 28 de la Carta Magna se asienta que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas”, vamos, pretende regresar a los monopolios estatales que tan ominosos y obsoletos le significaron al país en las últimas décadas del siglo pasado.

Y, a manera de remate a su propuesta, la iniciativa dispone la integración del Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, a la propia CFE, así como la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (¿que cómo porqué está en medio de la danza eléctrica?) y la Comisión Reguladora de Energía, cuyas funciones pasarían a incorporarse a la Secretaría de Energía.

Debemos estar atentos que la reforma constitucional que propone el Ejecutivo requiere de mayorías calificadas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, so pena de ser rechazada en alguno de esos espacios del Poder Legislativo federal. Después del 6 de junio pasado, el proyecto de la 4T tuvo un detrimento en su presencia y poder de sus grupos parlamentarios, léase Morena, Partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social (ya finado); para hacer avanzar la presente iniciativa, la Cuarta Transformación deberá hacer uso de todos sus recursos políticos, legítimos o no, y sabemos de sobra que no escatimarán ninguno de ellos en aras de alcanzar su objetivo. Para ello, debemos estar atentos al accionar de las armas “secretas” del lopezobradorismo empoderado, a saber: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) o más precisamente del gobierno federal, o bien los consabidos premios o recompensas a los posibles “aliados”. Los objetivos están muy claros para lo que ahora interesa al presidente López: obtener los votos necesarios para sacar adelante su apuesta energética monopolizadora, primordialmente entre los diputados de la alianza opositora “Va por México” del PRI, quiénes siempre se han manifestado mejor dispuestos a colaborar con aquello que consideren “necesario” por la patria. Veremos en las siguientes semanas efectivamente de qué están hechos.

Junto a esto, el sector empresarial agrupado en torno al Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE), comentó que de aprobarse la propuesta del presidente se golpearía las finanzas de las familias mexicanas y consumidores de electricidad; asimismo, implicaría un importante costo presupuestario al subir el costo de producción y requerir fuertes inversiones del Estado para asegurar el suministro eléctrico; cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático; y, ahuyentaría las inversiones impidiendo la reactivación económica tan necesaria para el país en estos momentos.

El país debe prepararse para una nueva batalla política entre la realidad económica, política y social y el gobierno de la 4T. Cada semana el ejercicio que pretende ser transformador de la inercia histórica nacional del presidente López Obrador, conduce inevitablemente a los mexicanos, a sus organizaciones y a sus instituciones a una lucha y confrontación, sí, entre los propios mexicanos.

No acabamos de resolver el tema de la pandemia tras 18 meses de resistencia y 278,590 decesos entre las familias de nacionales; la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 representará mayores cargas tributarias para los contribuyentes cautivos lo que comprometerá el desarrollo y crecimiento económico del país; la inseguridad pública, a pesar de la creciente presencia de las fuerzas armadas en la calle sigue en incontenible ascenso; y así, los problemas nacionales sin resolverse o en franca explosión.


¿México aguantará el nuevo embate transformador?

 

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