Con la entrada de la LXV Legislatura en Aguascalientes es necesario observar su desempeño inicial. La pasada legislatura fue reconocida como la Primera de la Paridad de Género y fue terrible observar que ha sido el peor Congreso que el estado ha tenido hasta ahora, basta recordar las reformas inconstitucionales del Pin Parental y de la personalidad jurídica al embrión que aprobaron, entre un sin fin de iniciativas mal hechas, además de que todavía no se aclara el desvío de 140 millones de pesos que tiene pendiente. También fue terrible darnos cuenta que las reformas que vulneraron los derechos humanos de infancias y mujeres fueron impulsadas por mujeres, las diputadas Paloma Amézquita, del PAN, y Karina Banda, del Verde, principalmente, bajo la complicidad de su bancada y las diputadas y diputados que no sólo desperdiciaron la oportunidad de trabajar por un mejor estado, sino que no tuvieron voluntad para garantizar los derechos de todos, y que se empeñaron en legislar una agenda ignorante, conservadora, misógina y violenta. Y esta nueva legislatura va que vuela para repetir el desastre.
De mayoría panista, la LXV Legislatura tiene integrantes como los panistas Maximiliano Ramírez y Enrique García López que ya amenazaron con defender la penalización del aborto que continúa en nuestro Código Civil, a pesar de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia que obligan a no criminalizar a las mujeres. Los demás diputados varones, todos, sin importar que sean de “oposición”, no han mostrado ni en su discurso una agenda por los derechos humanos, como el perredista Cuauhtémoc Escobedo, que viene de dejar en su cargo como alcalde en Pabellón de Arteaga un elefante blanco que se proyectó alguna vez como un refugio para mujeres víctimas de violencia extrema y que no pudo habilitar por carecer de presupuesto, uno que ahora podría gestionar si de verdad estuviera comprometido.
Pero es en ellas, las diputadas, en las que me quiero concentrar otra vez. Ya he escrito con anterioridad que las diputadas tienen una deuda con las mujeres y las infancias, una carga muy pesada pues llegaron a donde están porque miles de activistas lucharon para que una nueva generación de mujeres ocuparan espacios de poder y de toma de decisiones a través de la paridad de género, pero también para que feminizaran la política en beneficio de todas. Y no ha pasado. La diputada priista plurinominal, que llegó a su cargo con tintes de nepotismo, Verónica Romo, ha señalado, al igual que los otros dos panistas, que defenderá “la vida y la familia”. Vemos a las demás diputadas siendo omisas, como la panista María de Jesús Díaz Marmolejo, al frente de la Comisión de Vigilancia, que dijo desconocer la brutalidad policial con la que actuaron las corporaciones estatal y capitalina en la manifestación del 8M, por lo que no cuestionó en su comparecencia al secretario de Seguridad Pública estatal, Porfirio Sánchez, al respecto. O la panista Laura Patricia Ponce Luna, que llegó al Congreso con una multa del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes por violencia política en razón del género durante las campañas, contra, en ese momento, otra candidata a diputada.
¿Cómo entonces este Segundo Congreso de la Paridad feminizará la política? Si las mujeres en la política no arropan una agenda en derechos humanos, las mujeres de a pie estamos perdidas en cuanto a legislaciones que vean por nosotras.
En una entrevista que realicé este mismo año a la senadora Patricia Mercado, reconoció que es hora de “entrarle a una discusión posparidad”, preguntarnos para qué están llegando las mujeres a los Congresos, a las alcaldías, a las gubernaturas. Porque de eso se trata ahora, de no permitir que las mismas estructuras misóginas y patriarcales que han regido la política desde siempre, en manos de los hombres, estén ahora reproducidas en las conductas de las mujeres, mimetizadas, más cuando el discurso de la paridad y contra la violencia de género es adoptado, reducido la mayoría de las veces al lenguaje inclusivo.
Porque hasta ahora, a pocas semanas de haber entrado, este Congreso deja ver que la actividad legislativa en materia de género va en torno a llamadas a misa, como las de la perredista Sanjuana Martínez, que usó la tribuna sólo para decir que hará un exhorto contra la violencia de género, es decir, nada, y urge, urge después de tener al peor Congreso del Estado ver propuestas innovadoras basadas en los derechos humanos de avanzada, urge establecer cómo se vigilarán las políticas públicas para erradicar la violencia de género, para garantizar nuestros derechos y con esto nuestro bienestar e integridad, urge que se estudie y analice cómo se revisará el presupuesto de gobierno con perspectiva de género. Eso es feminizar la política.
Porque si este Congreso va a volver a ignorar sus obligaciones estará cometiendo la misma corrupción que el Congreso pasado.
La organización feminista Mexiro establece que existen diversas formas de entender la relación entre corrupción y violaciones a los derechos humanos, una de ellas es la CAPTURA DEL ESTADO, que está en casos en los que se distorsione el diseño de las políticas públicas o la asignación de presupuestos, “generando la privatización de lo público”, es decir, que los servidores públicos o diputados sirvan a élites y agrupaciones específicas con intereses privados, ya sean sus partidos políticos u organizaciones antiderechos, como lo es el Frente Nacional por la Familia, que se vinculó con el PAN y el Verde en la legislatura pasada para promover su agenda ultraconservadora.
Entiendo que existen múltiples feminismos y que los objetivos que puedan tener las diputadas que abrazan una agenda de género no son los mismos que los míos, sin embargo, es menester recordarles que es su deber utilizar todas las herramientas institucionales para incidir en una agenda integral para el grueso de las mujeres de Aguascalientes, no sólo para un sector, una agenda que se vea aterrizada en el impulso a políticas públicas y programas contra la violencia de género, por un cambio de paradigma en el sistema de cuidados, por proteger los derechos humanos de todos, mucho más firme y transversal en cuestiones de género, clase y raza para que incida en la vida de las mujeres más vulnerables.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi calculó que en 2019, en Aguascalientes, más de 14 mil víctimas de actos de corrupción pagan más de 20 millones de pesos, pero ¿cómo se mide el costo de la captura del Estado si hablamos de la vulneración constante a los derechos humanos desde el Congreso del Estado con omisiones o iniciativas inservibles y antiderechos?
Por esto mismo, con la entrada de la LXV Legislatura es urgente analizar su trabajo inicial para no darles oportunidad de volverse el nuevo peor Congreso de la historia de Aguascalientes y el segundo arropado en la Paridad de Género, sin acciones contundentes para todas las mujeres. Nos lo deben.
@negramagallanes
