9 de diciembre: Día internacional contra la corrupción y la 4t/ Bravuconadas  - LJA Aguascalientes
26/01/2022

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión.” –   Kofi Anan, 2004, CNUCC.

 

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y con el propósito de fortalecer la atención de este problema, y para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, así que México, como uno de los países firmantes de esa Convención, estará cumpliendo (?) 18 años de compromiso formal de enfilar acciones contra la corrupción en el país.

Pero, desde la perspectiva del gobierno encabezado por el creador de la Cuarta Transformación, ese compromiso ante las naciones del mundo lo signó un gobierno “neoliberal”, y, con seguridad, con oscuras y perversas intenciones para esquilmar el patrimonio del pueblo bueno; luego, la 4T no está “obligada” moralmente a cumplirlo, al menos en los términos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) del 2003. Veamos.

La campaña del líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, llevó como una de sus principales banderas su oferta de luchar contra la rampante corrupción que privaba en la cotidianeidad del aparato público estatal. Esta bandera se acompañaba además de otra, centrada en su combate contra la pobreza (“Por el bien de todos, primero los pobres”), así como contra la inseguridad, el rezago educativo, los malos servicios de salud, entre otras nobles promesas.

El argumento de arranque de la política anticorrupción del lopezobradorismo, se fincaba en el efecto reflejo que significaría la llegada de un presidente honesto y transparente, esto es, sí el presidente actuaba con honestidad, el resto de los funcionarios y servidores públicos actuarían con honestidad, ya no habría cupo para la comisión de faltas administrativas o acciones deshonestas. Del cumplimiento y aplicación de las leyes, nada dijo. Aunque en un primer momento señalaba con cierto entusiasmo que, “ahora sí”, se cumpliría la ley, sin embargo, poco a poco fue tomando posición respecto a privilegiar el alcanzar de manera expedita la “justicia para el pueblo”, aunque fuera a costa del respeto y aplicación de las leyes.

Ya en el ejercicio del gobierno de la 4T, según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en un reporte del 5 de julio de este año, durante el primer semestre de 2021, señaló que el 80.6% del total de contratos del gobierno se realizaron por adjudicación directa por un total de 74,639 millones de pesos; en un día promedio de 2021, el gobierno entrega 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa; el 91.5% de los contratos relacionados con medicamentos y productos farmacéuticos  han sido entregados por este tipo de adjudicación; entre los contratos relacionados con la COVID-19 en 2020 y 2021, el 96% se realizó sin ningún tipo de licitación; 688 millones de pesos, 95% de los recursos de los contratos de publicidad del gobierno, han sido entregados directamente, sin una licitación, la cifra más alta desde que se tiene registro. “El diagnóstico inicial de López Obrador sobre la corrupción señaló este problema, al punto que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (cuatrotero) que las adjudicaciones directas quedarían estrictamente prohibidas.” Já.

Entre las propuestas de la gran transformación en infraestructura de este gobierno, las obras como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, por mencionar las de mayor atención mediática y del interés presidencial, por sus características y dimensiones, han encontrado una gran resistencia entre diversos actores sociales, políticos, económicos, y que buscaron la protección de las leyes a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién, sin muchas opciones ha debido fallar, contra el gobierno, léase, contra el presidente López. Así, el gobierno el pasado 22 de noviembre se decidió por emitir y publicar un acuerdo (el decretazo) en el que se declaraba la construcción de toda la infraestructura federal, como de “seguridad nacional”, obligando a emitir autorizaciones en un plazo definitivamente ilegal, aparte de reservar la información relativa por el mismo argumento.

Esto definitivamente enterraba de manera inobjetable aquella lucha contra la corrupción en nuestro país e ignoraba en la práctica los artículos 9 y 10 de la citada Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, relativos a los mecanismos de contratación y gestión de la hacienda públicas y la transparencia de la información pública.

En medio de este río revuelto de la opacidad del gobierno de la 4T, el pasado 2 de diciembre, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, celebró un Parlamento Abierto con los Titulares de Rendición de Cuentas de las Entidades Federativas, en un hecho inédito, permitiendo exponer, desde la perspectiva de las entidades subnacionales, así le llama la ONU a los Estados, de cómo incidir de manera clara y coordinada en la lucha contra la corrupción en el país. Entre los acuerdos destacados están la aprobación de una Ley General de Fiscalización, la reactivación del Sistema Nacional de Fiscalización y la aprobación de una agenda común a desarrollarse en lo que resta del año y durante el 2022, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación optó por desconocer un convenio de colaboración y cooperación entre esa entidad y los organismos de fiscalización de los estados que data del 2017. La corrupción se combate desde los estados.

 

Así celebra la 4T el Día Internacional Contra la Corrupción.


 

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