CIUDAD DE MÉXICO.- Más de un millar de minas operan dentro de al menos 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el país, informó María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en conferencia de prensa.
La Semarnat tiene registro de mil 609 concesiones mineras ubicadas en ANP, de las cuales el 75% ocupan Áreas de Protección de los Recursos Naturales (APRN); 63% en las Reservas de la Biósfera; 45% en Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF); 22% en santuarios, y 15% en Parques Nacionales. Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y BCS, son los estados con mayor presencia minera en sus ANP, administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
“Hay mineras que recurren a métodos ilegales para establecerse”, dijo Albores; sin embargo, no refirió a ninguna organización o mina. “Con la complicidad de gobiernos pasados las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras”, acusó.
“Durante la presente administración no se han otorgado nuevas concesiones mineras”, indicó Albores. Sin embargo, actualmente están otorgadas 24 mil 66 concesiones mineras –autorizadas por la Secretaría de Economía–, distribuidas en 16.83 millones de hectáreas, que equivalen al 8.59 por ciento del territorio nacional.
La secretaria medioambiental también explicó que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) puede durar hasta más de 60 días. Dichas evaluaciones son el instrumento principal de regulación en el otorgamiento de las concesiones. “Se busca que la minería establecida en el país respete al medio ambiente, que se consulte a las comunidades y respete su voluntad, que se aporten los impuestos justos al aprovechar los bienes de la nación”, afirmó Albores.
También reconoció que la minería tiene un “impacto significativo en el medio ambiente, en los territorios y en las comunidades cercanas a las minas”. Además dio a conocer que existen 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga, sobre todo en minas de los estados de Sonora, Zacatecas, Durango y Colima.
La minería es una actividad que afecta al agua, al aire, al suelo y a la diversidad biológica. Entre sus impactos al medio ambiente se encuentran, la pérdida de la cobertura vegetal, capa de suelo y hábitat; alteraciones de la calidad del aire; generación de drenaje ácido; alteraciones de aguas subterráneas, generación de vibraciones sísmicas y contaminación con sustancias o materiales utilizados en la extracción.
Albores advirtió de los daños provocados por los residuos de la actividad minera, llamados presas de jales, que representan un riesgo para las comunidades asentadas en sus alrededores.
El “Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales” registra 585 vertederos en todo el país, más de la mitad de ellos en actividad. Durango, Chihuahua, Zacatecas y Sonora son los estados con un mayor número de este tipo de vertederos tóxicos. “Algunas empresas mineras utilizan cianuro de sodio, sustancia que se encuentra en el listado de sustancias altamente riesgosas”, detalló Albores.
A pesar de que la minería es una actividad económica altamente rentable, en zonas de tradición minera se vive en condiciones de marginación y pobreza.
En cuanto a minería submarina se tienen otorgadas 14 concesiones en el mar en los estados de Baja California Sur, Chiapas y Oaxaca.
Albores no hizo referencia a la situación que viven los defensores medioambientales, a pesar de que el mayor número de ataques desde hace una década fueron en contra de personas que se oponían a proyectos vinculados al sector minero.
