Se ha definido a la corrupción como: […] abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones […] (Transparencia por Colombia). Por su parte, el World Bank (Banco Mundial) define la corrupción como el “uso indebido de servicios públicos para beneficio personal” (World Bank Global Issues Seminar Series, 2005. The Cancer of Corruption. Vinay Bhargava, International Affairs, The World Bank). En el debate actual, corrupción suele ser entendida en términos generales como “todo abuso de un poder público con fines privados” (Transparencia Internacional 1998: IV). Sin embargo, esta definición resulta tan amplia que es poco práctica (Del Castillo, s/f, Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición de Cuentas).
De acuerdo con el Índice de percepción de la Corrupción (IPC), realizado por Transparencia Internacional, En el listado encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos ubicándolos en la posición número 1, seguido de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 puntos que los coloca en la posición número 2. Mientras que países como Sudán del Sur y Somalia tienen 12 puntos, poniéndolos en la posición 179.
El año pasado, el de más reciente medición, México pasó a ocupar de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malawi, Mali y Rusia. Para Transparencia Internacional, los datos mexicanos muestran una tendencia positiva. Sin embargo, se hace notar que México sigue siendo el país peor evaluado de entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al posicionarlo en el lugar 37 de 37 países que lo integran, donde no recupera aún su mejor evaluación histórica, que fue en 2014, apunta la misma fuente. La mayor preocupación por parte de dicha organización es la impunidad que se presenta ante los casos de corrupción de empleados y funcionarios públicos.
En el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento y dominio público gracias al trabajo del periodismos de investigación independiente que parece incomodar tanto al poder, como han sido los casos de los Panama Papers, los Pandora papers, el asunto Pegasus, la llamada Estafa Maestra, el caso Odebrecht-Lozoya-Pemex, los escándalos de las Casas Blancas son paradigmáticos. Que decir en lo reciente de la penosa actuación de la fiscalía “autónoma” de un personaje tan gris y cuestionado como el inefable Gertz, o bien casos como los del militar de alto rango detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y luego rescatado de la cárcel sin explicaciones ni argumentos creíbles por el gobierno en funciones. Así, en 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en México, de manera que la impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, es evidente.
Con dicho análisis, Transparencia Internacional realizó una serie de recomendaciones a México dentro del marco de la emergencia sanitaria, al parecer todas de sentido común pero no tan fáciles de hacer por lo visto, como por ejemplo, fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). La ASF y sus equivalentes locales, deben fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica. El INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria. Por último, señala que la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos, como con sentencias ejemplares en el caso de redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
¿Cuánto de lo observado y medido por TI tiene plena aplicación en el caso doméstico de Aguascalientes? ¿Cómo funciona y qué resultados ofrece el Sistema Anticorrupción local? ¿Es el Órgano Superior de Fiscalización del Estado parte de la solución o parte destacada del problema de la corrupción local? ¿Qué papel juegan las contralorías internas de cada dependencia o las de los Ayuntamientos?, ¿Y la Fiscalía y jueces estatales? ¿Cuál ha sido su papel durante los pasados años en el combate a la corrupción local? El final del sexenio que se aproxima es propicio para evaluar acciones, omisiones y resultados en la esfera local en materia de corrupción y transparencia más allá de la demagogia, pues urge avanzar hacia una cultura de rendición de cuentas en la esfera pública.
@efpasillas
