Titular de Birmex: Entronizan a militar implicado en el encubrimiento de una desaparición forzada - LJA Aguascalientes
26/01/2022

Nombrado por Andrés Manuel López Obrador titular de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Jens Pedro Lohmann Iturburu tiene en su pasado una historia de “encubrimiento” en un caso de desaparición forzada atribuida a personal castrense. 

Egresado del Colegio Militar en 1974 –durante el periodo de la llamada “Guerra Sucia”– y una carrera de 50 años en el servicio militar, Lohmann Iturburu combatió al narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa, durante los ochenta, como parte del Estado Mayor Presidencial, y fue agregado militar de la embajada de México en Moscú en la extinta Unión Soviética.

El 30 de noviembre Lohmann fue designado encargado de Birmex, siete días después de que López Obrador declarara, durante la 112 Asamblea General del IMSS, que “militares distribuirán medicinas, de ser necesario”.

Un día después de su nombramiento, medios de comunicación publicaron el historial militar de Lohmann, quien antes de Birmex ya ocupaba un espacio civil en el área de salud como director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE.

De su paso por el Ejército destaca haber sido comandante de la 36ª Zona Militar, con sede en Tapachula; la 6ª Zona Militar, en Saltillo, Coahuila, y la IV Región Militar con sede en Monterrey, en sustitución de Luis Cresencio Sandoval, cuando éste fue nombrado secretario de la Defensa Nacional. 

Sin embargo, poco se sabe que durante su gestión como comandante de la Guarnición Militar en Puerto Palomas, Chihuahua, en enero de 2010 Lohmann tuvo conocimiento de la desaparición forzada de los integrantes de la familia Alvarado, los primos Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, ocurrida el 29 de diciembre de 2009. 

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso emitió una sentencia contra México el 28 de noviembre de 2018, días antes de la toma de posesión de López Obrador como presidente de la República.

Ante el nombramiento del general de División Diplomado del Estado Mayor, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, alerta que es una prueba más de que “el presidente, dándoles todo el poder a los militares como a la Guardia Nacional, al general Lohmann le ha dado un cargo muy elevado. Es importante que se sepa que está involucrado en el caso Alvarado; él tuvo conocimiento de esos hechos a pocos días de que ocurrieran. Después encubrió y sigue encubriendo al Ejército”.

 

Indiferencia gubernamental

Entrevistada desde su refugio en Estados Unidos, donde ella y buena parte de su familia pidieron asilo ante las amenazas y agresiones sufridas por denunciar a los militares como responsables de la desaparición de sus familiares, María de Jesús resalta que a tres años de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el gobierno de López Obrador se ha negado a acatar. 

“Seguimos sin verdad ni justicia; a tres años no se ha cumplido la sentencia. El gobierno sigue siendo indiferente, no vemos que haya un interés. Tenemos más de un año solicitando una reunión con Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), para el cumplimiento de la sentencia y no tenemos respuesta.

“El gobierno de López Obrador sigue en la misma postura de (los de) Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de que no fue el Ejército, queriendo decir que fue el crimen organizado, cuando ya hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice claramente que fue el Ejército quien se llevó a mis familiares”, advierte. 


Entre los temas relevantes que señala la sentencia Alvarado, está la obligación del Estado mexicano de efectuar un “acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional”, que deberá tener como características esenciales “la presencia de altos funcionarios del Estado, incluyendo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y del gobierno de Chihuahua, así como con la participación de las víctimas de este caso”, instrucción que tenía como plazo un año para su cumplimiento. 

El 26 y 27 de abril de 2018, María de Jesús Alvarado viajó a San José, Costa Rica, para presentar su testimonio ante los jueces del tribunal regional, que incluyó la mención de Lohmann como un personaje que constató la responsabilidad de personal del 35º Batallón de Infantería con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, bajo la comandancia del coronel Élfego Luján Ruiz, en las detenciones arbitrarias de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel, la noche del 29 de diciembre de 2009 (Proceso 2201).

Alvarado Espinoza no duda en narrar una vez más, como lo hizo ante los jueces de la Corte Interamericana, que Lohmann supo de la desaparición forzada: “Antes de la desaparición de mis familiares, Luz Estela Castro y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) acudieron a una reunión en Torreón, Coahuila, para denunciar los abusos que estaban cometiendo los soldados durante el Operativo Conjunto Chihuahua.

“El general Lohmann se les acercó y les dijo que si tenían algún caso que involucrara militares, que lo buscaran y que él les iba a ayudar; cuando soldados se llevaron a mi familia y acudimos al Cedehm, Lucha y Gabino se acordaron del general, le llamaron el 6 de enero de 2010 y los citó al otro día a ellos y a los familiares en el cuartel del 35º Batallón”, recuerda la hermana de Nitza Paola.

 

Las preguntas y los silencios

En el comedor del cuartel, los familiares de los Alvarado y sus defensores explicaron cómo el 29 de diciembre de 2009 soldados sacaron a Nitza Paola y a José Ángel de una camioneta que estaba estacionada en el patio de la casa de José Ángel, y que una hora después los soldados allanaron el domicilio de Rocío Irene, y se la llevaron sin explicación. 

Al oficial le contaron que la madrugada del 30 de diciembre, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones custodiada por militares, se llevó la camioneta de la que sacaron a los primos Alvarado, la condujeron al corralón de la Agencia en Nuevo Casas Grandes, y que los agentes ministeriales se habían negado a entregar el vehículo argumentando que “era asunto del Ejército”.

“El general nos pidió que lo acompañáramos a la Agencia Estatal de Investigaciones a ver la camioneta, en una troca de doble cabina de los soldados nos subimos Lucha y yo, el general y un chofer, los del cuartel de Palomas iban vestidos de color caqui, y en la parte de atrás iban ocho soldados del 35º Batallón de verde olivo”, detalla.

Al llegar al lugar, Lohmann pidió a los soldados del 35º Batallón que miraran la camioneta y le dijeran qué sabían de ella, mientras que Lucha Castro tomó unas fotografías con su celular, situación que incomodó a los soldados, quienes pidieron a la defensora su teléfono, pero ella ofreció borrar las imágenes, aunque no lo hizo. 

Añade María de Jesús: “De regreso, en la camioneta el general preguntó al mayor Manuel Gutiérrez del 35º Batallón qué sabía de la camioneta, y él le contestó sin dudar: ‘Sí mi general, nosotros realizamos esa detención’. 

“Hubo un silencio. El general ya no dijo nada y Lucha y yo nos volteamos a ver cuando escuchamos esa aceptación de responsabilidad; al llegar al 35º Batallón, Lohmann le dijo al mayor Manuel Gutiérrez que quería esa aceptación por escrito a la orden de ya. Y él le dijo: ‘Sí, mi general’. Y se retiró.”

Las dos mujeres y el general se reunieron con los familiares y el defensor, quienes permanecían en el comedor. Frente a ellos, Lohmann les reiteró lo dicho por el mayor Gutiérrez: que esperaría el reporte de los hechos y que después se comunicaría con ellos para analizar los pasos a seguir. 

“El general nos dijo antes de despedirnos: ‘Aquí hay muchos cabos sueltos, aquí hay algo que no está bien’, que esperaba que no lo descubrieran haciendo la investigación, porque si no, lo sacaban de la jugada; y la cosa no quedó ahí, sino que el general estuvo haciendo investigaciones en el ejido Benito Juárez. Anduvo preguntando en el pueblo, donde todos sabían lo que había pasado, que los militares se llevaron a mis familiares.

“A finales de enero salió una nota en los periódicos de que el general Lohmann y Luján habían sido removidos de sus cargos; pero antes de eso, el general se comunicó con Lucha y Gabino y les dijo que ya no iba a poder ayudarnos. No volvimos a tener contacto y después nos enteramos que rindió un informe en el que dijo que no tenía evidencia de que el Ejército hubiera sido el responsable de la desaparición”, apunta María de Jesús.


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