- 50 de esos robos fueron con violencia
- Después de manifestaciones de taxistas y conductores de aplicaciones como Uber o Didi, la CMOV instaló una mesa de seguridad
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a lo largo del 2021, en Aguascalientes se registraron 127 “robos en transporte público individual”, como lo son los taxis; es decir, en promedio, mensualmente, se registraban 10.5 asaltos de esta naturaleza.
De los 127 robos, se consignó que 50 fueron con violencia y el resto, se consideró, sin violencia. Después de que antes de finalizar el año se hiciera público a través de distintos reportes de prensa y de quejas ciudadanas el caso del chofer asesinado en Pintores Mexicanos, grupos de taxistas y de conductores de Uber y Didi se manifestaron en incluso llegaron a cerrar algunas vialidades para exigir seguridad a los integrantes de sus gremios, en los que cada vez más crece el temor de ser los siguientes.
Aunado a los robos en el transporte público individual, el SESNSP también tiene un apartado donde se consignan, con base en la información de la Fiscalía de Aguascalientes, los robos en transporte público colectivo, como lo pueden ser los camiones urbanos o las combis foráneas. Aunque los robos en esta modalidad son evidentemente menores a los de transporte público individual, estos siguen estando presentes: en el 2021 se registraron al menos oficialmente 12 casos, en promedio sería un asalto por mes.
Oscar Romo Delgado, presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado (Augtea), llegó a declarar que integrantes del gremio han dejado de denunciar ante la Fiscalía por la falta de resultados, lo que ya les ha generado desconfianza.
La semana pasada, antes de que se publicaran estos datos, la Coordinación de Movilidad (CMOV) instaló una mesa de seguridad para desarrollar políticas públicas que atiendan este problema.
El titular de la CMOV, Ricardo Serrano Rangel, explicó que hay temas urgentes que discutir en esta mesa, los cuales tienen que ver con medidas de prevención en materia de seguridad para los operadores, seguimiento de denuncias, buscar mecanismos de comunicación para mejorar la seguridad e incluso analizar la ley para ver qué aspectos deben cambiar para garantizar la seguridad.
